Un fallo podría considerar que el asesinato de Larrabure es un crimen de lesa humanidad

Dentro de las historias más emblemáticas relacionadas con la violencia política durante la década del 70, se encuentra el secuestro, calvario y muerte del Mayor del Ejército Argentino (ascendió a teniente coronel en cautiverio y a coronel luego de encontrado su cadáver) Argentino del Valle Larrabure. Si bien el hecho en sí mismo constituye uno más de los tantos secuestros seguidos de muerte que los grupos terroristas armados perpetraron en pleno gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, las circunstancias que rodearon al episodio así como las funciones del militar al momento de su captura, lo transformaron en uno de los crímenes más aberrantes de la guerrilla argentina.

Larrabure era un militar que transitaba su primera jerarquía como "oficial jefe" y su destino no estaba relacionado con ningún grupo de tareas ni cumplía funciones relacionadas con la represión a la subversión armada. Su destino era la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María (Córdoba) donde revistaba como Subdirector.

El 11 de agosto de 1974, en circunstancias en que se realizaba una recepción en el comedor de oficiales de la planta fabril, un grupo comando del ERP tomó las instalaciones y procedió a su secuestro. Fue alojado en una de las denominadas "Cárceles del Pueblo", las que no eran otra que pozos de poco más de un metro cuadrado. Allí permaneció Larrabure por 372 días hasta que finalmente fue "ajusticiado" por el comando terrorista que lo tomó prisionero.

Como resultado de una campaña iniciada por su hijo, el ex candidato a diputado provincial Arturo Larrabure, en 2008 el Fiscal Federal de Rosario, Claudio Marcelo Palacín dictaminó que estaban dadas las condiciones para considerar que la muerte del militar constituye un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra, con lo cual dio luz verde para la apertura de una investigación judicial.

Desde la Procuración General de la Nación, por aquel entonces en manos de Esteban Righi, se intentó frenar el expediente mediante la redacción de un decreto que indicaba que solo los agentes a sueldo del Estado podían considerarse incursos en ese tipo de delitos.

Diez años después, el próximo miércoles y en un hecho inédito en la justicia de la provincia de Santa Fe, la Cámara Federal reunirá en plenario a las dos salas y seis magistrados se pronunciarán sobre si el principal acusado, Arnold Kremer (cuyo nombre de guerra era Luis Mattini), será enjuiciado como autor mediato del crimen del Coronel Larrabure.

De fallar en este sentido, se abrirá el camino para que muchos otros crímenes perpetrados por las organizaciones armadas que hasta el presente fueron considerados delitos comunes y por lo tanto prescriptos, pasen a ser considerados delitos de lesa humanidad y por ende imprescriptibles.

Distintas organizaciones que nuclean a víctimas de la guerrilla, han organizado una campaña de difusión a efectos de movilizar el próximo miércoles a quienes adhieren a esta postura. Del otro lado, organismos de Derechos humanos y distintas corrientes políticas de izquierda sostienen que de darse curso a lo reclamado por la querella, se estaría en presencia de un verdadero retroceso en la materia y se revindicaría la llamada "teoría de los demonios" que siempre sostuvo que la responsabilidad de las fuerzas armadas y de los grupos revolucionarios era equivalente.

Kremer, señalado por diversos estudiosos de los "años de plomo" como el sucesor de Roberto Santucho al frente de la conducción del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) es asistido por el abogado penalista Pablo Llonto quien sostiene que la sola consideración del requerimiento del hijo del Coronel "representa reabrir el debate sobre un punto que estimábamos totalmente cerrado en la Argentina respecto de que no se puede calificar de delitos de lesa humanidad este tipo de hechos y por lo tanto prescribieron".

Por su parte, Gabriel Ganón, quien junto a Llonto representa a Kremer, dijo a Página 12: "Quieren reinstalar la teoría de los dos demonios y no me parece casual que esto ocurra en la Cámara donde trabaja el primo hermano de Marcos Peña, Juan Cruz Peña Álvarez, que es relator del camarista Aníbal Pineda". Pineda asumió como juez el año pasado. Además, integran la Cámara Federal Fernando Barbará, Jorge Sebastián Gallino, José Toledo, Elida Isabel Vidal y Edgardo Adrián Bello.

En diálogo con Infobae, Arturo Larrabure se manifestó confiado en la resolución de la justicia, aunque no descarta proseguir con la vía judicial nacional e internacional en caso de obtener un fallo que no lo favorezca.
Distintos organismos relacionados con el estudio de la violencia extremista en Argentina calculan que hubo más de 5.000 víctimas del accionar guerrillero.