Las causas contra Cristina Kirchner tienen nuevos jueces

Luego de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia ordenara que se volvieran a sortear los tribunales para juzgar las causas por presunto lavado de dinero contra Lázaro Báez, conocida como la "ruta del dinero K", la investigación por el direccionamiento de la obra pública, y el aparente encubrimiento del atentado contra la AMIA, donde está procesada Cristina Kirchner, esos procesos tienen nuevos jueces. 

Según pudo saber Infobae, la Cámara de Casación hizo hoy un acuerdo extraordinario y convocó a cuatro expertos informáticos del Consejo de la Magistratura para que el sorteo cumpla con todos los requerimientos legales y técnicos.

En realidad, los jueces de la Casación ya se habían reunido el viernes y ayer para intentar solucionar el problema que desató la acordada de la Corte. Recién hoy se pudo superar el problema técnico que impedía excluir al TOF 9 del nuevo sorteo.

Finalmente, el Tribunal Oral Federal 8 resultó sorteado para juzgar a la ex presidente y los demás procesados por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, causa abierta por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman.

Además, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso hoy por sorteo que la causa conocida como "ruta del dinero K" en la que está preso el empresario Lázaro Báez sea juzgada por el Tribunal Oral 4, que actualmente está a cargo del juicio por el caso Ciccone.

El sorteo de los nuevos tribunales se produjo luego de que la Corte Suprema declarara inválida la asignación de todas las causas al Tribunal Oral Federal 9, que no contaba con habilitación para funcionar.

Camino a un megajuicio, los tres expedientes habían recaído en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 9 (la causa por la obra pública estaba en el TOF 2 pero la giró al 9 por conexidad), pero como el máximo tribunal advirtió que este nuevo cuerpo aún no fue habilitado, se tuvo que volver a realizar el sorteo. Es que el TOF 9 está compuesto por Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra, jueces del fuero ordinario que fueron convertidos en federales por impulso del gobierno de Mauricio Macri a fines de 2016.

En ese sentido, en su fallo, la Corte remarcó que estos miembros "revisten la calidad de magistrados al haber sido designados como jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Ordinario N° 10", aunque "ninguno de ellos fue propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en base a una terna vinculante del Consejo de la Magistratura, ni obtuvo el acuerdo del Senado de la Nación, ni fue nombrado por el Presidente de la Nación para ocupar el cargo de jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°9″.

"No quedan exceptuadas del mencionado procedimiento constitucional las designaciones que -como en el caso- resultan consecuencia del traslado de jueces que ya revisten tal calidad en otro tribunal con ámbito de competencia notoriamente diversa", remarcó la Corte.

Advirtió entonces que "el comportamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, al incluir al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 en los sorteos propios de la Justicia federal, implicó un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia" de la Corte Suprema. Y, por estas razones, advirtió que Mora, Nocetti Achaval y Becerra "carecen de la investidura de jueces del Tribunal Oral Criminal Federal N° 9", por lo que no hizo lugar al pedido de habilitación solicitado.

Al respecto, y por unanimidad, los jueces presididos por Ricardo Lorenzetti exhortaron "enfáticamente" a la Cámara Federal de Casación Penal a que, "en lo sucesivo, se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema".

"Por todo esto, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación considera que corresponde dejar sin efecto los sorteos de las causas que hubieren sido asignadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 9 de la Capital Federal y ordenar que se practique, de forma urgente, un nuevo sorteo de dichas causas", dispuso el máximo tribunal, y esto fue realizado hoy.

Había sido la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la que había considerado semanas atrás que todos los expedientes en los que estaba involucrada la ex mandataria tenían una conexión y que debían acumularse "para evitar demoras o entorpecimiento en el avance y progresión de los distintos procesos".

A partir de ello, el TOC 9, a cargo de la causa denominada "ruta del dinero K", pidió que se agruparan las denuncias para luego realizar un megajuicio: estaba previsto incluso que, además de la obra pública, se sumaran allí más expedientes en los que se encuentra procesado el empresario patagónico Lázaro Báez.

En este caso, la conexidad estaba vinculada con la posibilidad de que el dinero que habría lavado Báez proviniera de la sobrefacturación en los contratos de obra pública adjudicados en Santa Cruz de manera irregular durante el gobierno kirchnerista por $46.000 millones.

El TOC 9 además tenía la causa por supuesto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA a través del Memorándum de Entendimiento con ese país, en la que debe ser juzgada la ex presidente Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario Carlos Zannini y otros ex funcionarios.