Curas pedófilos: no descartan encubrimiento de docentes y directivos del Próvolo

El jueves, los sacerdotes Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56) -imputados como autores del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores" -junto a otras 3 personas que se desempeñaban en el instituto para chicos hipoacúsicos y no oyentes Antonio Próvolo (Mendoza)- sabrán si les otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria o no.

A las 9 se celebrará la audiencia presidida por la jueza de Garantías, Alejandra Alonso, y será ella quien defina el futuro de Corradi, de Corbacho y de otro de los administrativos imputados, el jardinero Armando Gómez (46), quien también elevó esta solicitud a la Justicia.

El fiscal Fabricio Sidoti, en tanto, pedirá que cumplan prisión preventiva en la cárcel de Boulogne Sur Mer hasta que concluya el juicio (actualmente están alojados allí, en el pabellón 5 para presos por violencia de género).

Si bien la Ley nacional 24.660 permite a Corradi beneficiarse con el régimen de prisión domiciliaria por tener más de 70 años, lo cierto es que se trata de una definición que debe tomar de forma exclusiva cada magistrado en cada caso concreto.

Lo aberrante de los episodios registrados desde hace varios años -en los que hay al menos 25 víctimas que ya han denunciado los horrores vividos- y la fuerte responsabilidad que le corresponde a Corradi como regente de la parte religiosa del instituto y encargado del albergue (allí, sostienen los denunciantes, fueron atacados sexualmente) son detalles que hacen que esta definición sea muy difícil.

La defensa aduce que el religioso tiene glaucoma en su ojo derecho, leve sordera, y sufre de hipertensión e incontinencia. Y afirma que el cura Corbacho es quien lo ayuda a cambiarse e ir al baño dentro del penal, ya que le cuesta valerse por sí mismo.

En el caso de Corbacho, al tener menos de 70 años, la decisión judicial no debería resultar tan compleja. Otro detalle que podría condicionar si siguen en prisión o cumplen el arresto en sus domicilios tiene que ver con el hecho de que al estar en sus hogares, los acusados tendrían el camino más allanado ante una hipotética fuga, e incluso sospechan que mantenerlos fuera de la cárcel podría amedrentar a quienes continúan declarando y denunciando.

José Luis Ojeda (41), otro de los detenidos, padece retraso madurativo, es sordomudo y se crió en el Instituto. Las víctimas denuncian que él era quien buscaba a los chicos para llevarlos a la "casita de Dios", donde se cometían las vejaciones. Allí, a la vista de otros alumnos, eran abusados sexualmente.

En las últimas cámaras Gesell los denunciantes coincidieron al señalar una nueva aberración: uno de los empleados administrativos tenía sexo con perros a la vista de todos los chicos.

El "monaguillo" Jorge Bordón (50) fue señalado por varios de los jóvenes que se animaron a contar los horrores vividos en los tribunales. Manoseos, sexo oral, acceso carnal. El hombre que era presentado como diácono llegaba por las noches a las habitaciones de los internados, los amenazaba con hacerlos echar del colegio si decían algo, y luego abusaba de ellos, según coinciden las víctimas.

Bordón se declara inocente. Afirma que "no sale de su estupor", que está "muy mal por él y por los suyos", y que teme por su vida en la cárcel de Boulogne Sur Mer, según aseveró su abogado patrocinante, Maximiliano Legrand.

Investigarán cadena de encubrimientos

Además de la audiencia del jueves y de la continuidad de las cámaras Gesell a testigos y posibles víctimas, el fiscal Sidoti solicitará también que se investigue a las autoridades educativas -actuales y pasadas- del Próvolo mendocino.

En las denuncias ya radicadas, varios padres coincidieron en señalar que una ex directora -G.P. son sus iniciales- conocía las aberraciones que se cometían. Y acusaron a la mujer de haberlas ocultado.

A los investigadores les cuesta creer que todos los ataques se hayan concretado sin que nadie haya tenido conocimiento puertas adentro. Un dato no menor es que desde el año 2000 jamás entró en la Dirección General de Escuelas mendocina una sola denuncia contra la institución, algo que les resulta, cuanto menos, extraño.

Hasta el 30 de noviembre, Corradi era el regente del instituto que funcionaba en la sede donde también se encuentra la delegación local de la orden religiosa y donde, además, está declarado su domicilio legal. El caso de Corbacho es más que particular ya que más allá de que el Arzobispado lo tiene registrado como cura de la orden, en la Dirección Nacional de Culto Católico no hay ningún registro de éste como sacerdote o integrante del Próvolo.

Si bien la parte religiosa no estaba directamente vinculada con la educativa, los menores que pernoctaban en el albergue (dependiente la orden y donde denuncian que ocurrieron los ataques) eran estudiantes del instituto. Incluso, la madre de un chico que fue abusado en 2008 -y que hizo la denuncia en aquel momento sin que haya avanzado la investigación- afirmó haberle contado a la entonces directora del Próvolo, a quien todos hoy acusan, sobre el calvario que vivía su hijo.

Por su parte, el fiscal Sidoti continuará con las declaraciones y no está previsto que se haga una nueva inspección ocular en el Próvolo, en la calle Boedo 385 de Carrodilla (Luján de Cuyo). Hoy, frente al imponente portón de rejas de acceso al predio de 6 hectáreas, se observa permanentemente estacionado un patrullero.

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