Una ciudad de Córdoba comenzó a colocar portones para cerrar calles durante la noche y combatir la inseguridad

La Municipalidad de Villa Allende concretó la instalación de portones en calles secundarias, una acción que marca la continuidad del plan de cierres nocturnos dentro del denominado Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal.

El despliegue de estas estructuras responde a la reciente habilitación judicial que respalda una medida inédita en la provincia de Córdoba. El propósito es claro: disminuir los delitos nocturnos que, según cifras oficiales, concentran el 60% de los robos registrados en el municipio.

La colocación de los portones comenzó por los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, donde la restricción vehicular se extiende entre las 22 y las 6, bajo la custodia de personal municipal. El intendente Pablo Cornet, en diálogo con la prensa, detalló que la planificación prevé extender la iniciativa a La Cruz, La Amalia, Jardín Epicuro, San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque, con una proyección total de más de treinta accesos restringidos.

A la par, se avanza en la incorporación de 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales, alineados bajo la misma estrategia.

Al ser consultado sobre el impacto de la medida y las críticas recibidas, Cornet explicó la situación y compartió el recorte de una entrevista en sus redes sociales. “La justicia nos dio la razón, varias veces, de que no está comprometida la libre circulación, primer punto”, expresó el jefe comunal.

“Segundo, ¿qué pasa con una ambulancia? Nosotros hemos demostrado en los barrios de Arroyo y Villa Adelphi, que tienen menos acceso y hay gente que vive mucho más lejos, que nunca tuvieron un problema. Porque la realidad es que la ambulancia, si vos estás sobre un acceso, pasás a estar a una cuadra, tampoco cambia en la emergencia. La capacidad de respuesta no se vería afectada”, aseguró el funcionario.

De acuerdo a la información difundida por La Voz, la decisión de implementar portones nocturnos se apoya en la ordenanza 14/25 y en una resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, que calificó al plan como “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”. El fallo reconoció la vigencia de la emergencia en seguridad declarada desde 2023 y validó el proceso participativo: el Registro de Oposición solo reunió el 1,98% de rechazos entre los empadronados, según la documentación oficial.

El propio Cornet, quien fue víctima de un robo en su vivienda, expuso públicamente los obstáculos que enfrenta el municipio: “En mi caso, sé quiénes robaron. Denuncié el sábado (27 de diciembre), pero los allanamientos los hicieron recién el martes (30 de diciembre)”, relató ante la prensa. El intendente subrayó que la lentitud judicial impacta en la respuesta estatal y justifica la adopción de medidas excepcionales.

La implementación del cierre nocturno no fue ajena a la polémica. La vecina Cecilia Klor, residente de Lomas Sur y una de las demandantes, lamentó la forma en que se diseñó el proceso: “No nos tomaron en cuenta como vecinos”, expresó.

En la misma línea, la concejal Marta Banegas (bloque Elegí Villa Allende) objetó la política municipal: “En vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso”, sostuvo. Banegas puso en duda la efectividad de los portones y citó robos ocurridos en barrios cerrados con alta tecnología y vigilancia.

El amparo colectivo presentado por vecinos argumentó que la medida restringe derechos fundamentales como la libre circulación, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Se remarcó que las calles públicas son patrimonio estatal, cuyo destino solo puede alterarse por legislación nacional, y se criticó la falta de estudios técnicos o científicos sobre la eficacia de la medida.

Los demandantes también señalaron que el mecanismo del Registro de Oposición original excluía a inquilinos y otros residentes, aunque la Municipalidad, tras un decreto reglamentario, permitió la participación de quienes acreditaran residencia legítima.

Las autoridades municipales, al fundamentar su accionar, citaron fallos de la Corte Suprema y remarcaron que la restricción es parte de un plan temporal, acotado y asociado a la emergencia declarada por la ordenanza N° 13/2025. La doble legitimidad, por la aprobación legislativa y la escasa oposición vecinal, fue otro de los pilares de la defensa oficial.

El fallo judicial distribuyó las costas por el orden causado, atendiendo la originalidad y la complejidad de la controversia. La sentencia consideró que la restricción no afecta la libre circulación, ya que se trata de una limitación parcial y fundada en una situación de emergencia demostrada. Frente a esto, los demandantes resolvieron apelar, con lo que el debate judicial permanece abierto y sin una resolución definitiva.