Preocupación por las amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país: cómo siguen las investigaciones

Los mensajes de amenazas de tiroteo en varias escuelas a lo largo de todo el país provocaron la intensificación de los operativos de seguridad durante las últimas horas, con el objetivo de determinar si se trata de un incidente real o un reto viral que se extendió por TikTok.

En las últimas horas, la circulación de nuevos mensajes intimidatorios en baños de al menos nueve establecimientos de Córdoba encendió la alarma en la comunidad educativa y llevó a las autoridades a vincular el fenómeno con un desafío viral en redes sociales. En paralelo, en Mendoza, Jujuy y Entre Ríos se activaron procedimientos para identificar de dónde venían las amenazas.

Todo comenzó en la ciudad de La Falda, en Córdoba, donde el Ipem 142 Joaquín V. González activó el protocolo de emergencia tras el hallazgo de una inscripción que advertía: “Mañana 15/4 tiroteo. No vengan”. La amenaza, escrita en las instalaciones del colegio, derivó en un despliegue inmediato de fuerzas policiales y judiciales. Durante la mañana siguiente, varias escuelas amanecieron bajo custodia policial y con presencia de estudiantes en las afueras de los edificios escolares.

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, informó que hasta el jueves por la mañana se habían detectado amenazas con carteles idénticos en baños de diferentes instituciones. “Se trataría de un desafío viral que está dando vueltas por TikTok”, explicó Ferreyra, en diálogo con La Voz basándose en los reportes de los especialistas. La Dirección General de Investigaciones Criminales desplegó procedimientos en toda la provincia con el objetivo de identificar el origen de los mensajes y prevenir incidentes en las escuelas afectadas.

Las primeras investigaciones confirmaron la participación de al menos un adolescente en las amenazas. El caso fue derivado a la Justicia, que ordenó el secuestro de dispositivos informáticos y otros elementos relevantes para la causa. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, encabezó los operativos y brindó detalles sobre el avance de la investigación. “Este fenómeno que surgió después del hecho en San Cristóbal se contagió a todo el país”, señaló el funcionario, y agregó que existe un instructivo consensuado con la Nación para actuar en estos casos, ya que otros ministros también reportaron episodios similares en sus provincias.

Quinteros mencionó que la fiscalía obtuvo una pista firme, lo que permitió realizar un allanamiento. En el procedimiento se secuestró el celular del adolescente involucrado y otras pruebas, como anotaciones. El funcionario indicó que la persona estaría vinculada a la comunidad TCC (True Crime Community), donde jóvenes comparten casos de violencia reales y se interesan por la glorificación de los perpetradores.

“Los adolescentes se relacionan por WhatsApp y se comparten casos de violencia reales, desde accidentes de tránsito hasta cómo armar explosivos”, describió Quinteros, e insistió en la importancia de que los padres presten atención al uso de redes sociales por parte de sus hijos. “No estamos frente a la travesura de un adolescente, estamos ante la comisión de un hecho delictivo. Y como tal, vamos a actuar”, afirmó.

En Mendoza, la alarma se encendió cuando apareció un mensaje en el baño de la Escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras, con referencias a crímenes violentos y una advertencia de tiroteo. A raíz de la difusión de este primer caso, se detectaron 25 episodios con la misma modalidad: pintadas en baños con amenazas de un supuesto tiroteo dentro de la escuela.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó la presencia de casos en colegios de Las Heras, Junín, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Ciudad, Lavalle, San Martín, Tunuyán y San Rafael. El gobierno escolar decidió no identificar públicamente a las escuelas para evitar magnificar el alcance de las intimidaciones.

“La metodología es la misma en todos los casos. Pintaron mensajes que advertían un supuesto tiroteo en la escuela. La intimidación y el mensaje se repiten, lo que nos indica que es algo que nació como un reto en redes sociales”, señalaron fuentes vinculadas al caso.

Las amenazas llegaron primero a los padres y, luego, a las autoridades escolares, que activaron el protocolo por amenazas. En Mendoza no existía un lineamiento específico para este tipo de situaciones, por lo que se recurrió a un protocolo “genérico”.

El operativo policial se activó en cada colegio donde apareció una amenaza y, en algunos casos, padres optaron por cortar la calle a la espera de explicaciones de los directivos. Una madre denunció públicamente que algunos directivos recomendaron no informar a las familias, lo que derivó en el inicio de una investigación por parte de la DGE ante una posible omisión grave en la comunicación inmediata de estos episodios.

La ausencia de un protocolo específico llevó a la DGE y al Ministerio de Seguridad a elaborar una serie de recomendaciones para que las escuelas puedan responder adecuadamente frente a las amenazas. Entre las medidas adoptadas, se incluyó la revisión exhaustiva de baños y espacios comunes por parte del personal, la supervisión activa de los entornos escolares y la restricción del ingreso de pertenencias, permitiendo únicamente carpeta y cartuchera. Estas acciones buscan limitar el acceso a elementos innecesarios y reforzar el resguardo del entorno educativo.

La División Investigaciones de la Policía de Mendoza analiza los mensajes para intentar identificar a los autores y planificar una intervención específica con los estudiantes involucrados.

Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar, pidió “responsabilidad y compromiso a las familias, que dialoguen con sus hijos y supervisen qué llevan a la escuela” y reconoció que han existido errores y omisiones, aunque aseguró que las autoridades están trabajando para mejorar la respuesta.

El protocolo establece la importancia de no reforzar la conducta intimidatoria y mantener las clases con medidas de seguridad reforzadas. Las autoridades remarcaron la necesidad de diálogo permanente con las familias y de que cualquier hallazgo o información relevante sea comunicada de inmediato a las autoridades escolares o policiales.

Por otro lado, en la provincia de Jujuy, el Ministerio Público de la Acusación investiga una serie de amenazas detectadas en escuelas de localidades como Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Tilcara, San Pedro y San Salvador. Los mensajes, que hacían referencia a la posibilidad de tiroteos en fechas puntuales, motivaron la intervención inmediata de la policía y de equipos de los Ministerios de Seguridad y Educación. Además de reforzar la vigilancia en los edificios afectados, se iniciaron análisis de registros fílmicos y entrevistas para identificar a los responsables. Las autoridades remarcaron que estos hechos se enmarcan en delitos penales bajo la figura de “Intimidación Pública”, contemplada en el Código Penal.

En Fraile Pintado, la Escuela Agrotécnica N° 5 comunicó la evacuación preventiva del edificio y el inicio de un peritaje integral de las instalaciones tras el hallazgo de una amenaza escrita en uno de los baños. Desde la Unidad Regional IV, la policía local diagramó un operativo especial para reforzar la seguridad en las horas posteriores. El establecimiento expresó su repudio a cualquier acto que altere la tranquilidad de la comunidad educativa y subrayó la importancia de la intervención rápida para salvaguardar a alumnos y personal.

Asimismo, en Entre Ríos, la amenaza de un posible ataque en la Escuela de Comercio N°2 de Concordia provocó la evacuación inmediata de los estudiantes y la activación de los protocolos de seguridad. La investigación incluyó la intervención de la Policía Científica, que realizó pericias en el lugar y analizó los mensajes para determinar su origen. El jefe departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli, explicó que en estos casos se procura identificar a los autores mediante el cotejo de escrituras y la recolección de pruebas, además de avisar a la fiscalía para avanzar en las actuaciones judiciales.

Las autoridades del municipio mantuvieron comunicación directa con los directivos y las familias, a fin de transmitir calma y garantizar que todas las medidas necesarias fueran adoptadas. Hasta el momento, los investigadores no hallaron elementos que indiquen la existencia de un peligro concreto, aunque resaltaron la importancia de tratar cada amenaza con máxima seriedad y continuar las tareas para individualizar a los responsables y poner a disposición de la justicia todos los elementos probatorios reunidos.