Condenaron a un cirujano plástico por la muerte de una paciente

La historia de Sandra Romina Candia Flores es la de un deseo postergado durante años que terminó en tragedia. Tenía 32 años, era madre de tres hijos y llevaba una vida saludable. Sin embargo, como muchas mujeres, quería recuperar su figura después de los embarazos. Ese objetivo, que parecía alcanzable a través de una cirugía estética, derivó en un proceso judicial que acaba de sumar un nuevo capítulo.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional condenó al cirujano plástico Armando Jorge Donati por homicidio culposo. El fallo no solo revocó la absolución dictada en 2025, sino que además expuso con contundencia las responsabilidades del médico en el desenlace fatal.

Los jueces de la Sala II fueron categóricos al analizar la secuencia de hechos que derivaron en la muerte de la paciente. “No existe duda alguna respecto a la relación de causalidad entre la operación llevada a cabo por Donati, las complicaciones surgidas en el posoperatorio y el deceso de la paciente”, afirmaron en la resolución.

Una cadena que terminó en tragedia

Sandra había ingresado a la Clínica Matienzo, en el barrio porteño de Belgrano, el 14 de noviembre de 2017, para ser operada por Donati.

La cirugía incluyó una dermolipectomía abdominal y una liposucción en distintas zonas del cuerpo. Pero lo que debía ser una intervención programada derivó en una emergencia médica pocas horas después.

Según quedó acreditado en la causa, la paciente sufrió un shock hipovolémico tras la operación. A pesar de la gravedad del cuadro, no fue trasladada de inmediato a un centro de mayor complejidad.

Para los jueces, esa omisión fue determinante. En el fallo señalaron que “la muerte de Sandra Romina Candia Flores es objetivamente imputable a Armando Jorge Donati”, al considerar tanto la acción inicial como la falta de respuesta posterior.

Las horas críticas

Uno de los aspectos más cuestionados fue el tiempo que Sandra permaneció sin recibir la atención adecuada. Durante más de 17 horas estuvo en una clínica que no contaba con habilitación para internaciones ni con recursos para afrontar una emergencia.

El tribunal remarcó que existió “el nexo de antijuridicidad entre las infracciones al deber de cuidado y el desenlace fatal”, dejando en claro que el accionar del médico violó estándares básicos de la práctica profesional.

En ese sentido, la fiscalía había advertido que la demora en actuar incrementó el riesgo de muerte de manera significativa. La falta de traslado oportuno, la ausencia de monitoreo adecuado y la decisión de mantener a la paciente en un lugar no apto conformaron una cadena de negligencias.

Uno de los argumentos clave del fallo fue descartar que otros factores hayan interrumpido la relación entre la conducta del cirujano y la muerte de la paciente.

Los jueces fueron explícitos al respecto: “No se ha demostrado la existencia de un desplazamiento de la relación causal o, en su defecto, un comportamiento ‘de modo gravemente irracional’ de los médicos del Sanatorio Güemes (adonde fue trasladada posteriomente la paciente) que excluya la responsabilidad de Donati”.

Con esta afirmación, el tribunal rechazó la hipótesis que había sido considerada en la absolución previa, según la cual las complicaciones posteriores podían haber diluido la responsabilidad del cirujano.

Por el contrario, Casación entendió que el daño ya era irreversible cuando Sandra llegó al centro de mayor complejidad. La mujer falleció el 16 de diciembre de 2017 tras permanecer 31 días internada.

Una absolución revertida

En febrero de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 había absuelto a Donati y al anestesiólogo Víctor Héctor Favazza. En ese fallo, el juez Julio Eduardo López Casariego sostuvo que no se había alcanzado el grado de certeza necesario para condenar.

Sin embargo, la Cámara de Casación consideró que esa conclusión no se ajustaba a la evidencia reunida durante el juicio.

Para los camaristas, los elementos probatorios permitían establecer con claridad la responsabilidad penal del cirujano, tanto por haber realizado la operación en una clínica no habilitada como por no haber actuado con la diligencia requerida ante la descompensación de la paciente.

Un proceso que continúa

Con la condena ya dictada, el caso entra ahora en una nueva etapa. Se deberá realizar una audiencia para determinar la pena que recibirá Donati.

El fiscal general Nicolás Amelotti solicitó cinco años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer la medicina, al considerar que las conductas del cirujano fueron “múltiples y muy groseras”.

“Donati, con un comportamiento que demuestra una inoperancia supina, una desidia que realmente rebela y una altísima dosis de falta de escrúpulos, privó a Romina de la chance de revertir el cuadro y permanecer con vida”, destacó el fiscal Amelotti.

La Cámara, en tanto, dispuso apartar al juez que intervino en el debate oral y designar a otro magistrado para llevar adelante esta instancia.

El fallo de Casación, con sus términos contundentes, marca un precedente en ese sentido. Al afirmar que no hay dudas sobre la relación entre la intervención, las omisiones y el resultado, los jueces no solo resolvieron un caso, sino que también enviaron un mensaje claro sobre los límites de la práctica médica.

Ahora, la definición de la pena será el próximo paso en un proceso que, para la familia de Sandra, busca algo más que una condena: evitar que una historia como esta vuelva a repetirse.