Las Fuerzas Armadas en silencio, Isabelita en Chapadmalal por Carnaval y el Banco Central al borde del default

La reunión duró prácticamente dos horas. Eran seis personas intentando construir una balsa salvavidas en la que entrara un país al borde de un naufragio. Fue en la Casa Rosada y la encabezó la presidenta de entonces, María Estela Martínez de Perón. En esa reunión, no obstante, el protagonista era otro: el ministro de Economía, Emilio Mondelli, que había llevado los lineamientos principales de su Plan Económico de Emergencia para ultimar detalles junto a la Presidenta y a sus pares de Trabajo, Justicia y Defensa, Cultura y Educación, e Interior.

Era 27 de febrero de 1976, faltaba menos de un mes para que empezara la dictadura más sangrienta de la historia argentina, e Isabelita dividía su día entre un plan de emergencia y el descanso en la unidad turística presidencial que el peronismo había construido en Chapadmalal. Allí aprovecharía el feriado de Carnaval, entre reuniones y ocio.

Las Fuerzas Armadas, que irrumpirían el orden constitucional apenas algunas semanas después, sostenían un silencio total en público. La postura oficial era mantener “la absoluta prescindencia” de las Fuerzas respecto de otros actores clave en el transcurrir de una crisis que sólo escalaba: los gremios, las cámaras empresarias y los partidos políticos.

Los voceros más encumbrados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea deslizaban a los medios de comunicación que esos cuerpos iban a hacer su “contribución al esfuerzo para llegar a soluciones adecuadas” de la crisis generalizada, sin explicar cómo sería esa contribución.

Pero mientras esa versión se imprimía en los diarios, y se insistía con la idea de la no intervención y la prescindencia de las Fuerzas Armadas, un hombre viajaba a la Base Naval de Puerto Belgrano para discutir con las máximas autoridades de la Armada sobre cuáles serían sus próximos pasos.

Ese hombre era Eduardo Emilio Massera, que poco tiempo después haría de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) su epicentro de construcción de poder y un centro clandestino de detención, tortura y desaparición forzada de personas.

Sangre en la calle, “Tiburón” en el cine

Carlos Argentino Achával y Ángel Ernesto González. Así se llamaban los dos hombres asesinados el 27 de febrero de 1976, según publicó el diario Clarín al día siguiente. Achával integraba la Policía bonaerense y trabajaba en San Nicolás de los Arroyos. De acuerdo a las crónicas, había interrogado a dos sospechosos en la calle y, frente a una actitud que le llamó la atención, paró un taxi y los obligó a que se subieran para trasladarlos a una comisaría.

El taxista contó que, en algún momento del viaje, uno de los dos sospechosos sacó un arma que había escondido en su ropa y mató a Achával. Bajaron del auto, corrieron hasta una camioneta cercana, forzaron la cerradura y se fugaron. A González lo mataron de un balazo en el tórax en Aldo Bonzi, La Matanza. Era empleado de la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Armadas, que insistían con su intención de contribuir a las soluciones y que querían instalar la versión de no intervención, desplegaron a partir del 27 de febrero fuertes operativos en los destinos turísticos en los que se esperaba mayor actividad por el Carnaval. Lo hacían, según hacían saber, para “evitar atentados extremistas”.

Se acercaba el Carnaval -que, en rigor, fue el 1º y 2 de marzo de 1976- porque los diarios publicitaban un gran espectáculo en La Rural para celebrar esa ocasión: prometían equilibristas, shows de motocross, y las presentaciones de Cacho Castaña y Jairo.

Para los futboleros, uno de los planes más atractivos de ese día fue el partido entre Tigre y Los Andes. El equipo de Lomas de Zamora encabezaba el campeonato de la Primera B y visitó al Matador en Victoria. Ese mismo día, Ringo Bonavena ganó una pelea en Reno, Nevada, la ciudad en la que iban a asesinarlo a tiros apenas tres meses después. Ringo venció por puntos Billy Joiner, un veterano estadounidense al que enfrentaba para intentar abrirse un camino hacia una revancha resonante ante Muhammad Alí, que había definido al argentino como “su rival más difícil” tras una pelea en el Madison Square Garden en 1970.

En el cine había para elegir: Los Ángeles, sobre la avenida Corrientes y siempre centrado en el público infantil, proyectaba Dumbo. Pero también estaban en cartelera El Padrino II, una compilación de lo mejor del humor de Buster Keaton, y El gordo de América, un film protagonizado por Jorge Porcel en el que también trabajaban Javier Portales y Leonor Benedetto, entre otros.

Sin embargo, la nota la daba Tiburón, la película que consagró a Steven Spielberg y que llevó a los máximos ejecutivos de Universal, la productora, a definirla como “un éxito absolutamente irrepetible”. Sabían que no iban a volver a recaudar esa plata, pero sabían también que valía la pena volver a apostar a “un coloso basado en el miedo”: empezaron a rodar La leyenda de King Kong.

Los diarios publicaban, en algún recuadrito lo suficientemente visible y lo suficientemente disimulado, la información necesaria para suscribirse por correo a revistas eróticas que prometían traer “las últimas novedades sobre SEXO, con material de las más sofisticadas revistas europeas”.

¿Control o descontrol de precios?

Mientras todo eso pasaba al mismo tiempo, la economía argentina era un tembladeral. Aunque el Plan Económico de Emergencia todavía no estaba formalizado y fue el eje de la reunión en la Casa Rosada, algunas medidas que eran parte de ese programa empezaron a implementarse.

Aquel 27 de febrero la Secretaría de Comercio anunció una profundización en los controles de precios y la suspensión de una medida que permitía a varias empresas proveedoras de, sobre todo, alimentos, liberar todos los precios de sus productos excepto de uno de gama media de cada una de sus líneas de producción. Esa suspensión implicaba que se controlarían todas las gamas de precios.

Se llegó a especular con la posibilidad de que la Policía Federal controlara el cumplimiento del control de precios, que intentaba contener una escalada inflacionaria desbocada. Pero enseguida se descartó esa opción. Esa fijación de precios implicaba aumentos intermensuales de hasta 150%, como ocurría en el caso del pasaje en trenes urbanos y suburbanos, y de entre 60% y 80% en alimentos y bebidas como el tomate enlatado y el vino de mesa. Ese mismo día se anunciaron incrementos en el precio de los combustibles, de la telefonía y del correo: todo eso impactaría en los primeros días de marzo.

Para mayor tensión, el 27 de febrero el Banco Central de la República Argentina estuvo durante horas en una virtual cesación de pagos. Sólo pudo salir de esa situación luego de que el Chase Manhattan Bank y el Credit Lyonnais de Francia desembolsaron dos préstamos cuantiosos. “Esto es crítico si dependemos sólo de la buena voluntad de los prestamistas”, opinaban los analistas financieros ante esa escena.

La deuda externa había empezado a dispararse en 1973 pero desde fines de 1975 ese incremento era exponencial, y Argentina había empezado el año 1976 con reservas negativas por casi 1.200 millones de dólares. Ninguna empresa del Estado tenía margen para comprar insumos importados.

Silencio público

Ese fue el escenario que discutieron Mondelli, Isabelita y sus otros cuatro ministros hacia el mediodía del 27 de febrero. Antes, la Presidenta había recibido a Raúl Bercovich Rodríguez, interventor federal de Córdoba, para interiorizarse sobre la violencia que acechaba en esa provincia mediterránea: prácticamente a diario se conocían noticias sobre muertes. Algunas, según la versión oficial de las fuerzas de seguridad, eran “abatimientos”. Otras, según esa misma mirada, eran “atentados extremistas”.

La Presidenta se reunió con parte de su Gabinete y hacia las 13.30, quince minutos después de que terminara ese encuentro, partió hacia la Quinta de Olivos. A las 16.30 llegó a Aeroparque y a las 17.40 aterrizó en Mar del Plata, donde la recibieron grupos de obreros militantes justicialistas.

Ese 27 de febrero, crecía la versión de que, en medio de su descanso en la unidad turística presidencial, Isabelita recibiría a una cúpula gremial para coordinar acciones de cara a amortiguar los efectos de la crisis económica ante los trabajadores. Se llamaría, se especuló durante todo el día, la “Declaración de Chapadmalal”. En el Congreso, el presidente provisional del Senado, Ítalo Lúder, prometió convocar a la Asamblea Legislativa en pleno para “sesionar y debatir la crisis”, según las propias palabras del funcionario.

Las Fuerzas Armadas insistían en su postura: no pronunciarse públicamente sobre la crisis que se precipitaba y el rol de los distintos actores que la protagonizaban. Mientras tanto, sus altos mandos se reunían para discutir a puertas cerradas cuáles serían sus pasos a seguir. Esos pasos que harían del terrorismo una política de Estado en la Argentina.