La economía y la inseguridad son los dos grandes problemas para los argentinos

La 13ra edición del Monitor de Inseguridad del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires reveló una imagen alarmante: la inseguridad y la economía se afianzaron como los dos grandes problemas de la Argentina.

El informe al que accedió Infobae, que se basó en 1.547 entrevistas geolocalizadas a mayores de 18 años, puso en evidencia una percepción pública que no solo señala niveles inéditamente altos de temor al delito, sino también una profunda erosión en la confianza hacia el Estado, el manejo de la economía y el sistema judicial.

Las menciones espontáneas obtenidas en la investigación subrayan el desplazamiento del eje de la preocupación ciudadana: la inflación cedió protagonismo y el mérito le corresponde hoy al binomio de inseguridad y bajos salarios. Entre las palabras más repetidas a la hora de describir el principal problema nacional aparecen “inseguridad”, “economía”, “pobreza”, “corrupción” y “desempleo”.

La perspectiva de los votantes de Javier Milei y la de los que respaldaron a Sergio Massa reflejan la fractura política persistente en el país, aunque convergen en el diagnóstico de una crisis profunda: para los primeros, la inseguridad, el kirchnerismo y la corrupción encabezan el ranking de males. Mientras que para los segundos, los principales problemas están asociados a Milei, la economía, y—en menor medida—desempleo e inseguridad.

Impacto emocional y cotidiano

El resultado más llamativo del monitor es la dimensión emocional alcanzada por el problema de la inseguridad. El 62% lo considera “extremadamente grave” o “muy grave”, y el 58% advierte que la inseguridad creció “mucho o algo” en el último año. Estos resultados evidencian un aumento respecto del estudio del año anterior, donde el 48% de los ciudadanos calificó a la inseguridad como extremadamente grave o muy grave, mientras que el 44% percibe un incremento en los delitos durante el último año.

El informe detecta que la reacción frente a la inseguridad es, antes que nada, emocional y negativa, con predominancia del miedo, la impotencia y la desesperación. Sentimientos de desprotección, bronca, frustración y angustia emergen repetidamente y atraviesan a todos los sectores sociales y políticos. “Nuestro termómetro de inseguridad permanece en valores muy altos. Mar del Plata, GBA Oeste y La Plata exhiben los picos más altos de percepción de peligrosidad”, señaló el documento.

Más de la mitad de los encuestados (51%) declaró haber sufrido directamente o en su entorno algún delito en los últimos seis meses, dato que revela la profundidad del problema y la frecuencia con que impacta sobre las rutinas cotidianas. Además, el informe revela otro fenómeno de desconfianza estructural: el 44% de las víctimas no realizó la denuncia. La razón principal, sostenida por el 50% de quienes no denuncian, es la certeza de que “nadie hará nada al respecto”. Un índice que evidenció una baja considerable, ya que en el estudio anterior se expresaron de esta manera el 63% de los encuestados.

Cambios en la vida cotidiana

La reacción social no termina en el plano emocional porque casi ocho de cada 10 encuestados (76,9%) declaró haber modificado sus hábitos cotidianos como respuesta a la inseguridad. La lista de nuevos comportamientos incluye desde “evitar caminar solo en el barrio” (67,4%) y elegir “horarios más seguros para salir” (72,3%), hasta reforzar la vivienda con rejas (23,9%), llevar instrumentos de autodefensa (24,6%) e incluso comprar armas (5,2%).

A la hora de proyectar el futuro, el pesimismo gana por goleada: el 63% anticipa que la inseguridad aumentará “mucho o algo” en los próximos seis meses y el 70% se considera “muy probable o bastante probable” víctima de un delito en el corto plazo.

Delitos y justicia

En cuanto a los delitos sufridos, el más frecuente es el asalto a mano armada en la vía pública (35%), seguido por robos sin violencia (29%) y estafas (25%). El temor a ser víctima de un asalto ocupa también el primer lugar cuando se consulta por la probabilidad de hechos futuros y define la percepción de riesgo urbano.

El vínculo entre sistema judicial y ciudadanía atraviesa su peor momento: el 89% de los encuestados considera que los delitos graves no tienen condenas acordes o que las condenas no se cumplen en su totalidad. Solo el 12% cree que las penas se cumplen como corresponde.

La demanda de endurecimiento penal es altísima: el 72% está a favor de cadenas perpetuas o penas de prisión más duras y de efectivo cumplimiento para delitos graves. Un dato singular —y preocupante— es el 20% que aboga abiertamente por la instauración de la pena de muerte.

En relación a la edad de imputabilidad, el apoyo a cambios es contundente: el 56% pide que el límite baje de los 16 años actuales a 14 años, en sintonía con el proyecto enviado por el Gobierno Nacional al Congreso.

Dónde reside el mal: causas según la grieta

Respecto a las causas estructurales de la inseguridad, el informe muestra que los argumentos siguen las líneas de la polarización política. Quienes apoyan a Milei responsabilizan la “pérdida de la cultura del trabajo y el sacrificio” (73%), la “pérdida de valores sociales” (71%) y el “narcotráfico” (60%), acompañados por una alta desconfianza hacia los jueces “garantistas” (58%). En los votantes de la oposición, la pobreza y marginalidad lidera con un 82%, seguida de desigualdad socioeconómica y un Estado ausente.

El propio documento destaca que “el diagnóstico de las causas de la inseguridad está notablemente sesgado por la grieta ideológica”, lo que condiciona cualquier posibilidad de consenso en políticas de fondo.

Desconfianza y hartazgo

Cuando se explora la actitud frente al sistema, el rechazo es transversal. El 74% responsabiliza a los jueces porque “dejan libres a muchos delincuentes” y el 69% opina que más poder para la policía implicaría “más excesos y casos de gatillo fácil”. Al consultar por el derecho a la autodefensa, un 23% dice que los ciudadanos deberían poder armarse porque “el Estado no los cuida”.

Entre quienes no denuncian delitos, además de la sensación de inutilidad, el 30% expresa desconfianza en la justicia, el 14% recuerda que denunció sin resultado en el pasado y el 6% desconfía de la policía.

Un dato estructural del monitor es el agregado histórico casi nunca divulgado en informes públicos: desde 2020, se relevaron en este estudio 32.244 casos, consolidando una línea de tiempo y volumen inédito en la medición de la inseguridad social en Argentina.

Evaluación de las gestiones gubernamentales

La métrica final deja poco margen para la autocomplacencia institucional. En una escala de 1 (“pésima gestión”) a 10 (“excelente gestión”), el Gobierno Nacional obtuvo un promedio de 4,4, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 4,8 y el de la Provincia de Buenos Aires 3,6. Ningún distrito alcanza el umbral del aprobado.

El siguiente dato cierra el cuadro de situación: el termómetro nacional de inseguridad promedio se ubica en 7 puntos, con máximos en Mar del Plata (8,7), GBA Oeste (8,2) y La Plata (8,0), cifras que permanecen invariables o en leve deterioro respecto de los tres monitoreos semestrales anteriores.