
La Municipalidad de San Isidro oficializó la prórroga de la suspensión del sistema de fotomultas por un período de hasta 180 días hábiles, en medio del rediseño de un nuevo esquema que, según comunicó la administración local, buscará mayor transparencia y eficiencia en el control de infracciones viales.
La medida, anunciada tras la suspensión inicial establecida en abril de 2025, responde a la necesidad de ajustar el sistema previo, que había sido criticado por priorizar fines recaudatorios y por la falta de claridad en la gestión de los convenios. La decisión de extender la suspensión se formalizó con el compromiso de implementar un nuevo modelo de fiscalización de tránsito, orientado a la seguridad vial de los vecinos, y fue acompañada por la promesa de mantener los controles en las calles del partido.
El rediseño, según explicaron desde el municipio, contempla un trabajo en profundidad sobre el tipo de cámaras y el circuito de gestión y cobro de infracciones, con el objetivo de garantizar transparencia en cada etapa del proceso. Además, se llevan adelante estudios legales y técnicos, en coordinación con actores involucrados, para resolver las falencias que derivaron en la interrupción del sistema anterior.
En este sentido, la administración local remarcó que la Subsecretaría de Movilidad realiza un seguimiento de experiencias y sistemas utilizados en otras jurisdicciones, con la intención de perfeccionar la detección y verificación de infracciones y fortalecer la seguridad vial en el distrito. Mientras dure esta suspensión, el municipio mantiene un esquema de controles en las calles y avenidas principales, así como en los accesos a la ciudad. El Cuerpo de Agentes de Tránsito fue reforzado con 50 nuevos integrantes y sumó vehículos de apoyo: 9 camionetas, 20 motos y 2 grúas especiales.

En la práctica, estos agentes se encargan de velar por el cumplimiento de las normas viales, tanto en arterias principales como secundarias, tales como avenida Márquez, avenida Rolón, avenida Sarratea, avenida Fleming, avenida Fondo de la Legua, avenida Santa Fe/Centenario y avenida del Libertador, entre otras.
La Municipalidad de San Isidro subrayó que el abordaje de la seguridad vial en el distrito es integral y no depende únicamente del sistema de fotomultas. Entre las acciones complementarias, el municipio destacó la incorporación de infraestructura orientada a la prevención de incidentes, con la instalación de nuevos reductores de velocidad en puntos clave y la ejecución de demarcaciones en avenidas.
A la par, la gestión local reforzó la educación vial mediante la actualización de los exámenes para la obtención y renovación de licencias, la realización de charlas en establecimientos educativos y la capacitación específica para choferes de colectivos.

El origen de la medida se remonta a la revisión de acuerdos firmados en 2020 y 2022 por la gestión anterior, en los que participaron la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM)y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO). En 2025 el municipio intimó a ambas instituciones a responder a los requerimientos de información, tras advertir que dichos convenios habrían derivado funciones y responsabilidades en empresas privadas, sin precisar el marco jurídico ni los roles de los distintos actores involucrados.
En este contexto, la administración local identificó “ambigüedades y contradicciones” en las respuestas ofrecidas por las universidades, lo que motivó la suspensión del sistema de fotomultas hasta lograr claridad en los procesos y el cumplimiento de la normativa vigente. “Nos encontramos con un sistema de fotomultas opaco. En todos estos meses estuvimos reconstruyendo la información y los procesos, con reiterados pedidos a las universidades y al resto de los actores intervinientes. Al día de hoy la información sigue siendo inconsistente, con ambigüedades y contradicciones, y llegamos a este punto de tener que suspender el sistema hasta asegurarnos que los procesos son los correctos”, sostuvo Lanús en aquel entonces.
En ese sentido, agregó: “Las fotomultas deberían ser una herramienta para cuidar la seguridad vial, no pueden nunca perseguir un fin recaudatorio. Queremos garantizar que el sistema esté de verdad orientado a reducir accidentes y salvar vidas, no a sacarle plata al vecino”.
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