El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la instalación de 400 puestos de carga para autos eléctricos en los próximos dos años, una iniciativa que busca acompañar el avance de la electromovilidad y consolidar a la capital argentina como referente en infraestructura para vehículos con energías limpias. El plan, presentado por el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, prevé que estos puntos de abastecimiento funcionen tanto en espacios públicos como en locaciones privadas con acceso al público.
El proyecto, enmarcado en el programa Electromovilidad Porteña, se implementará en alianza con el sector privado. Según explicó el gobierno porteño, las empresas interesadas serán responsables de la inversión, la instalación y el mantenimiento de los cargadores, mientras que la administración de la Ciudad fijará los requisitos técnicos y coordinará la habilitación de permisos con el propósito de garantizar un adecuado ordenamiento urbano.
Durante un encuentro con empresarios del rubro en el Ecoparque, Macri destacó el propósito de convertir a la Ciudad en pionera nacional en infraestructura para movilidad eléctrica y anticipó los próximos pasos: “Nuestro objetivo es alcanzar las 200 estaciones de carga en espacios privados con acceso público y otras 200 en espacios públicos en los próximos dos años”, expresó el jefe de Gobierno.
Las estaciones de carga se localizarán en garajes comerciales, estaciones de servicio, centros comerciales, así como en veredas adyacentes a parques, plazas no emblemáticas y frente a edificios públicos administrados por la gestión local. Solo podrán instalarse en sectores con estacionamiento habilitado las 24 horas y se limitarán a un máximo de dos puestos por cuadra. La normativa prohíbe el emplazamiento de cargadores sobre la calzada y establece requisitos precisos para la señalización de las áreas designadas.
El equipamiento mínimo requerido para lugares privados de acceso público, tales como estaciones de servicio y estacionamientos, será de siete kilovatios (kW) en corriente alterna (carga lenta), aunque existe la opción de instalar cargadores de corriente continua para una recarga más ágil. En las zonas públicas, el estándar partirá de 22 kilovatios, definido como “carga semirrápida”, empleándose tanto corriente alterna como continua, de acuerdo con las especificaciones de la normativa.
Todos los puestos deberán estar integrados a una aplicación digital que permita consultar la disponibilidad en tiempo real. Este requisito pretende facilitar el acceso a los conductores y optimizar el uso de la red de carga, evitando congestiones y tiempos de espera innecesarios.
La Ciudad informó que la política se suma a otros incentivos para la movilidad sustentable, como la exención total de la patente para autos eléctricos y la misma reducción por dos años para modelos híbridos. Además, los vehículos de estas categorías quedarán exceptuados del pago de peajes en las autopistas urbanas, al menos hasta agosto de 2026, en línea con los estímulos fiscales implementados en otras grandes urbes que buscan reducir las emisiones contaminantes.
La infraestructura resulta clave en el contexto del crecimiento global de la movilidad eléctrica, uno de los principales retos urbanos de la próxima década. La administración porteña precisó que el despliegue de estos puestos acompañará la expansión de otras medidas, entre ellas la incorporación de buses eléctricos en el transporte público. Actualmente, la primera línea de colectivos eléctricos circula en el centro de la ciudad, conectando Parque Lezama y Plaza San Martín. Además, el denominado TramBUS, un sistema de ómnibus totalmente eléctrico y sin emisiones, prestará servicio entre Nueva Pompeya, Aeroparque Jorge Newbery y Barrancas de Belgrano, con un impacto estimado de 50.000 usuarios diarios.
En relación al transporte colectivo, la nueva normativa establece que desde 2027 los colectivos que operan en la capital deberán incorporar unidades de nueva generación con tecnología de energía limpia, ya sea eléctrica o a Gas Natural Comprimido (GNC), y los vehículos antiguos serán reemplazados respetando el límite máximo de diez años de antigüedad.
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