Imputaron a cuatro personas por el suministro de agua contaminada en escuelas de Mar del Sud

El escándalo por el suministro de agua contaminada en establecimientos educativos de Mar del Sud escaló en las últimas horas a nivel judicial con la formalización de las imputaciones a cuatro personas acusadas de una serie de delitos que afectan a la salud pública y la integridad de la administración estatal.

El caso involucra a un contratista encargado de certificar la calidad del agua en un polo educativo y a tres funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado: su presidenta, la vicepresidenta y el tesorero.

Según indicaron en un informe oficial de Fiscalía, los delitos imputados incluyen defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada y suministro de agua contaminada. El fiscal federal Carlos Martínez es quien lidera la investigación.

Todo comenzó hace menos de cinco meses, después de que un padre de familia expusiera sus temores sobre la posible contaminación del agua de pozo que abastece a una escuela primaria, una secundaria y un jardín de infantes emplazados en el mismo predio de Mar del Sud. Durante el año anterior, las familias habían advertido que los estudiantes presentaban síntomas como gastroenteritis, vómitos y sarpullidos, síntomas que disminuyeron durante el receso escolar de verano.

La preocupación aumentó cuando se detectó el desborde del pozo ciego de desechos cloacales y su peligrosa cercanía al pozo de agua potable.

Ante este panorama, la cooperadora escolar solicitó a un laboratorio privado la realización de análisis bacteriológicos y fisicoquímicos antes del inicio del ciclo lectivo 2025. Los resultados de esos estudios, recibidos el 5 de marzo, indicaron que el agua no era apta para consumo humano, pues contenía escherichia coli y pseudomona aeruginosa, dos bacterias peligrosas para la salud.

Como respuesta inmediata, las autoridades educativas suspendieron por un día las clases y citaron a las directoras de los establecimientos a la Jefatura Distrital. En esa reunión, funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado manifestaron contar con un análisis realizado semanas antes que certificaba la potabilidad del agua, aunque no lo exhibieron en ese momento.

El día siguiente, al reanudarse las clases, los padres se presentaron en la escuela y exigieron ver el informe. La Unidad Fiscal Mar del Plata, liderada por Carlos Martínez, reconstruyó luego que, esa misma mañana, los imputados intercambiaron mensajes sobre la necesidad de falsificar un informe, una acción propuesta por el contratista y aceptada por la vicepresidenta del Consejo Escolar. Posteriormente, en una segunda reunión al mediodía, se presentó ese documento apócrifo, que incluía un membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la firma de una perito química.

Las dudas no tardaron en crecer. El informe de Fiscalía indicó que un padre investigó el origen del informe y el 22 de abril acudió a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para consultar a la profesional cuya firma aparecía en los informes presentados ese año y el anterior. La perito aclaró que no había firmado ninguno de los documentos atribuidos a su nombre. Este hecho desencadenó la denuncia ante la Unidad Fiscal Mar del Plata.

La investigación llevó a la ejecución de allanamientos el 27 de agosto en General Alvarado, donde se incautaron documentación y los teléfonos celulares de los implicados.

“A sabiendas del informe que mostraba la no potabilidad del agua por presencia de pseudomonas y escherichia coli, los funcionarios, con la intervención del contratista, habilitaron a que se distribuyera agua no potable disimulando su carácter nocivo, aparentando que era potable y apta para consumo a la comunidad educativa”, sostuvo el fiscal Martínez en la audiencia.

Entre las cuatro personas imputadas, el contratista es el más complicado. Enfrenta la acusación de falsificar y utilizar al menos cinco documentos apócrifos vinculados a este polo educativo, lo que permitió la distribución de agua supuestamente apta. La situación se agrava con otra línea de pesquisa: el contratista es investigado por presentar 98 informes presumiblemente falsos entre 2021 y 2024 en distintos establecimientos educativos de la región.

Los responsables del Consejo Escolar, además, afrontan imputaciones por falsedad ideológica, en referencia a la creación de actas donde simularon pedir explicaciones al contratista para deslindar responsabilidades compartidas. Se investiga especialmente a la presidenta del Consejo Escolar por actas remitidas a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, en el marco de la audiencia celebrada bajo la coordinación de la Oficina Judicial dirigida por Néstor Fernández de la Puente, el auxiliar fiscal Agustín Roldán solicitó medidas cautelares.

Estas restricciones incluyen la prohibición de salida del país sin autorización judicial para los cuatro imputados por 180 días y la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del complejo educativo de Mar del Sud. Asimismo, se requirió el embargo de bienes registrables, como vehículos e inmuebles, y la inhibición general de bienes de la presidenta del Consejo Escolar debido a la falta de activos identificados a su nombre.

Durante la fundamentación del pedido, el representante del Ministerio Público remarcó “la gravedad del hecho” y advirtió que la conducta de los acusados “ha puesto en riesgo la salud de la comunidad educativa”. El expediente agregaba la mención de una denuncia de amedrentamiento presentada por una madre ante los fiscales intervinientes.

La investigación permanecerá bajo reserva y control judicial durante los próximos seis meses, plazo fijado por el juez de Garantías Santiago Inchausti, quien supervisa el proceso y autorizó las medidas preventivas hasta el 17 de marzo del año siguiente.