El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este lunes que aplicará multas de hasta $900 mil a quienes revuelvan en los contenedores de basura y ensucien la vía pública. Busca con esta medida frenar los actos de vandalismo que afectan al sistema de recolección de residuos.
La medida fue dispuesta por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien instruyó a la Policía de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad a intervenir ante este tipo de conductas, exigiendo la limpieza inmediata del área afectada y, en caso de negativa, sancionando a los responsables según lo establece el Código Contravencional.
“Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”, afirmó Macri.
El accionar se enmarca en el artículo 94 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sanciona a quienes “manchan o ensucian por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada”.
Las penas van de 1 a 15 días de trabajos de utilidad pública o multas que oscilan entre 81 y 1.217 unidades fijas, lo que al valor actual ($731,62 por unidad) representa montos de entre $59.260 y $890.544.
La multa se presenta como una opción disuasoria para evitar el desorden en el espacio público. Sin embargo, generalmente las personas que revisan los contenedores están buscando restos de alimentos para comer o artículos para revender porque justamente no tienen un sustento económico, por lo que parece improbable que puedan ser obligados a pagar una multa pecuniaria o se vieran presumiblemente afectados por la amenaza de sanción.
En ciertos casos, como cuando la falta se comete desde un vehículo o contra bienes específicos como templos religiosos, monumentos o estaciones de transporte, las sanciones se duplican. Si el bien afectado es privado, se requiere denuncia del damnificado, salvo que se trate de templos.
Actualmente, la Ciudad dispone de 33.045 contenedores para residuos: 28.456 son negros o grises (residuos húmedos) y 4.589 verdes (reciclables).
En el primer semestre del año —de enero a junio— se registraron 25.546 casos de vandalismo sobre estos dispositivos, lo que equivale a un promedio de más de 4.200 incidentes por mes. Los daños fueron detectados mediante el patrullaje de verificadores y los reportes realizados por vecinos.
En la mayoría de los casos, los contenedores pudieron ser reparados con el reemplazo de piezas como tapas, pedales o tensores. No obstante, algunos resultaron completamente inutilizables y debieron ser retirados.
Para hacer frente al problema, el Ejecutivo porteño completó la instalación de 7.000 contenedores antivandálicos. Estos nuevos modelos incorporan un sistema tipo “buzón” con tapa de resorte, que permite depositar las bolsas pero impide su extracción.
Además, están diseñados para evitar el ingreso de personas, el derrame de líquidos y la colocación de residuos voluminosos que puedan dañar la estructura o generar obstrucciones.
Los nuevos dispositivos fueron ubicados en zonas donde se concentra la mayor cantidad de reclamos por acumulación de basura y actos de vandalismo. Según explicó el Gobierno porteño, estos puntos fueron identificados a partir del monitoreo territorial y de los reportes ciudadanos.
El servicio de recolección domiciliaria funciona de domingo a viernes entre las 19 y las 21 horas. El cumplimiento de este horario es clave para evitar la acumulación de residuos en la vía pública, así como la proliferación de olores desagradables. En paralelo, los comercios gastronómicos deben separar correctamente sus residuos y tienen prohibido desechar basura sin embolsar.
Para los residuos voluminosos —como escombros o restos de obras— los vecinos pueden solicitar el retiro gratuito a través del asistente virtual BOTI o llamando al 147.
Con estas medidas, el Gobierno de la Ciudad busca contener una problemática creciente y preservar la higiene urbana ante actos considerados como vandalismo reiterado. La aplicación de sanciones se suma a una estrategia más amplia que incluye la inversión en infraestructura y el monitoreo activo del espacio público.
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