Después de varios días de repercusión en redes sociales y repudio público, la Justicia de Mendoza resolvió aplicar una multa de $2.100.000 y ordenar trabajo comunitario para tres de los cuatro turistas imputados por realizar pintadas con aerosol sobre piedras en la zona de Potrerillos, a la vera de la Ruta Nacional 7.
La resolución se dio a conocer este miércoles, tras una audiencia realizada de manera virtual por la jueza contravencional de turno, Viviana Fernández, quien inició de oficio la causa el 22 de julio pasado, a partir de la viralización de un video en el que se observaba a los involucrados escribiendo sus nombres sobre el paisaje rocoso de la montaña.
Durante la audiencia, llevada a cabo a través de la plataforma Microsoft Teams con la colaboración del Juzgado Contravencional de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, se presentaron Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga, todos oriundos del partido bonaerense de Carlos Casares.
El cuarto imputado no participó de la audiencia. Los tres comparecieron sin abogado defensor, algo permitido por el Código Contravencional de Mendoza, y prestaron declaración indagatoria, instancia en la que se les exhibieron pruebas audiovisuales y documentales que acreditan los hechos denunciados.
El video que desató el proceso judicial fue grabado por un residente mendocino, que los enfrentó en el momento en que realizaban las pintadas. Ante el reproche, los turistas alegaron que “no sabían” que esa conducta estaba prohibida, aunque en la filmación se perciben actitudes desafiantes y, según lo informado, insultos por parte de una tercera persona mayor que acompañaba al grupo.
Durante sus declaraciones, los imputados reconocieron su responsabilidad, manifestaron arrepentimiento y ofrecieron disculpas públicas. “Durante su defensa, el imputado y las imputadas expusieron una gran consternación y pidieron disculpas reiteradamente al pueblo mendocino, a la Provincia y a todos los habitantes de Potrerillos”, comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF). También expresaron su disposición para cumplir con las medidas que determine la Justicia.
La jueza Fernández evaluó los gastos derivados de las tareas de remediación ambiental llevadas a cabo por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza, así como la situación personal de cada imputado, y resolvió imponer una sanción económica de 5.000 unidades fijas, equivalentes a $2.100.000, a pagar de manera conjunta. El monto fue notificado mediante un boleto de pago de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), enviado por correo electrónico a las direcciones personales informadas durante el proceso. El plazo para abonar la multa es de diez días corridos a partir de la notificación.
La resolución incluyó además una sanción accesoria: cada uno de los tres imputados deberá realizar 20 horas de trabajo comunitario consistente en tareas de limpieza en espacios públicos del municipio de Carlos Casares, su lugar de residencia. Según el comunicado oficial, esta medida fue establecida como “obligación de conducta” y deberá ser cumplida de forma individual. La acreditación de las horas deberá realizarse ante el Ministerio Público Fiscal, mediante el procedimiento de Ley Compulsa, en articulación con el municipio correspondiente.
Asimismo, se advirtió que el incumplimiento de cualquiera de las sanciones, tanto la económica como la comunitaria, derivará en la conversión de la pena en arresto. Esta advertencia fue expresamente comunicada a los tres imputados durante la audiencia.
Los fundamentos completos de la sentencia serán leídos el próximo 6 de agosto, también por videoconferencia, a través de la misma plataforma digital utilizada para el desarrollo del proceso.
La causa fue abierta tras la viralización del video en redes sociales y generó la intervención directa de autoridades provinciales, entre ellas la vicegobernadora Hebe Casado, quien participó del operativo de limpieza posterior en la zona afectada. El caso encuadró legalmente bajo el artículo 138 quarter del Código Contravencional, que sanciona el daño a bienes de valor natural, histórico o cultural.
La difusión de los nombres de los turistas involucrados también circuló en plataformas digitales, luego de que el hombre que grabó el video advirtiera, durante el enfrentamiento, que los haría públicos. La causa avanzó con celeridad a partir de la prueba audiovisual obtenida y se resolvió en una sola audiencia.
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