A través del Decreto 396, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la fusión del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) con el objetivo de generar una mayor eficiencia administrativa y funcional entre estos organismos con finalidades técnicas convergentes.
La reciente decisión de transformar el Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía responde a la intención de fortalecer la coordinación de las políticas públicas en infraestructura hídrica y facilitar la articulación directa con las áreas ejecutoras de obras y programas estatales. Estas acciones se suman a la fusión del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), en una apuesta por optimizar la eficiencia administrativa y funcional de los organismos dedicados a la geociencia y la gestión de riesgos naturales.
El Decreto 396 establece que el INPRES, que dependía de la Secretaría de Obras Públicas, y el SEGEMAR, bajo la órbita de la Secretaría de Minería, pasarán a conformar una sola entidad. Ambos organismos compartían competencias en el estudio del subsuelo, la prevención de desastres naturales, la elaboración de información técnica para la gestión territorial y la formulación de estándares regulatorios. Según el Gobierno Nacional, la convergencia de estas funciones permitirá centralizar capacidades técnicas y aprovechar la infraestructura existente, generando un desarrollo más robusto del conocimiento aplicado a los riesgos naturales.
La fusión responde a la necesidad de disminuir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar el funcionamiento de los organismos y reducir el gasto público. La administración nacional afirma que la superposición de funciones entre el INPRES y el SEGEMAR generaba ineficiencias y redundancias, por lo que la integración de ambos permitirá una gestión más racional de los recursos y una mayor efectividad en la prevención y el manejo de riesgos geológicos.
Respecto al Instituto Nacional del Agua (INA), su transformación en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Obras Públicas tiene como objetivo simplificar la estructura organizativa y promover un uso más eficiente de los fondos públicos. Según el Gobierno, esta reestructuración facilitará la alineación de las funciones del INA con los objetivos estratégicos del Ministerio de Economía, posibilitando una coordinación más directa con las áreas responsables de ejecutar obras y programas relacionados con la infraestructura hídrica.
Las medidas adoptadas buscan una gestión pública más ágil, eficiente y transparente, orientada a resultados y al bien común. La centralización de capacidades técnicas y la simplificación organizativa redundan en un uso racional de los recursos públicos y un control reforzado sobre las finanzas estatales.
La fusión de los organismos y la reorganización del INA permitirán potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales y mejorar la capacidad de respuesta ante desastres, a la vez que optimizan los procesos internos y disminuyen los costos operativos.
Entre los aspectos más relevantes del decreto, se destaca la intención de aprovechar la infraestructura existente y evitar la duplicación de esfuerzos en áreas técnicas y científicas. Según el Gobierno, la nueva estructura facilitará la formulación de políticas públicas más integradas y efectivas en materia de geociencia, gestión territorial y prevención de desastres.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer el control sobre las finanzas públicas y asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y transparente. El objetivo primordial es garantizar el uso racional de los recursos públicos y fortalecer el control sobre las finanzas públicas, según contempla el texto oficial.
La fusión del INPRES y el SEGEMAR, junto con la reorganización del INA, representa un paso relevante hacia una administración estatal más eficiente y alineada con los desafíos actuales en gestión de riesgos naturales e infraestructura hídrica. El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán centralizar capacidades técnicas, reducir gastos y mejorar la coordinación de políticas públicas, contribuyendo a una gestión más eficaz y orientada a resultados concretos.
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