Un hombre fue acusado formalmente de estafar a una pareja con quien había firmado un contrato de alquiler, en Neuquén. Como parte de los requisitos para ingresar les exigió la firma de pagarés en blanco, que luego cobró a través de la Justicia, y documentación vehicular como parte del papeleo.
La acusación fue realizada este martes por el fiscal Juan Narváez, quien sostuvo ante la jueza de garantías Natalia Pelosso que el imputado, identificado como I.G.M., había adulterado los documentos de pago en beneficio propio. Al mismo tiempo, promovió, a través de una empresa que tenía a su nombre, al menos tres demandas ejecutivas para obtener el cobro de sumas que, a valores actuales, superarían los dos millones de pesos.
El episodio tuvo lugar hace aproximadamente cinco años, exactamente el 15 de septiembre de 2020. Las víctimas firmaron un contrato de alquiler con el imputado por un departamento ubicado en la Avenida Olascoaga. Pero dentro del listado de exigencias para el ingreso al inmueble, figuraba la firma de seis pagarés en blanco y la entrega del formulario 08 de un automóvil. Esto, se suponía, serviría como garantías adicionales para la locación.
A pesar de ello, un mes y veinte días después de instalarse en la vivienda, los inquilinos decidieron rescindir el vínculo contractual debido a severos problemas que presentaba la vivienda, como la falta de gas natural, instalación eléctrica deficitaria y un termotanque que no funcionaba. Al encontrarse sin respuesta por parte del propietario ante el reclamo de los mencionados inconvenientes, la pareja abandonó la propiedad el 4 de noviembre de ese año.
Al día siguiente, acompañados de una abogada, se presentaron en la escribanía vinculada al acusado para entregar las llaves y formalizar la rescisión del contrato. Sin embargo, el imputado no los atendió en persona y su secretaria manifestó desconocer la existencia de la documentación exigida. Finalmente, los damnificados dejaron las llaves y se retiraron sin recuperar nada de lo entregado como garantía.
En la información detallada por LM Neuquén respecto a la acusación, I.G.M. se quedó en su poder con los títulos en blanco y los completó posteriormente, estableciendo fechas de confección y vencimiento e incluyendo como beneficiaria a su empresa. Con esta documentación, impulsó tres demandas ejecutivas en distintos juzgados de la ciudad, reclamando montos actualizados por un total de $2.288.137,83.
El primer reclamo fue presentado ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 3 por una suma de $38.000. La sentencia dictada por la titular del juzgado autorizó la ejecución del pagaré, lo que derivó en un perjuicio económico para la pareja: debieron desembolsar $38.000 de capital, $14.466 en concepto de costas y $3.037,86 de IVA, ascendiendo la cifra total a $55.503,86.
La segunda acción judicial se llevó adelante ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 1, nuevamente por un pagaré de $38.000. Tras la revisión de la documentación, el titular del juzgado dio lugar a la ejecución y la pareja afrontó un desembolso patrimonial de $60.104,32, entre capital y costas.
El último pagaré fue presentado al Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 2, con una suma reclamada similar. La sentencia permitió otra ejecución presencial, por la que las víctimas debieron abonar $38.000 de capital y $48.043 en costas, ampliando así el total pagado a valores actuales. En ninguna de las tres ocasiones los magistrados advirtieron una falsedad del documento, por lo que ordenaron el avance del pago.
Durante la audiencia en la que se imputó al acusado, se le atribuyeron tres hechos de estafa en concurso real y en carácter de autor. El fiscal Narváez sostuvo la necesidad de dictar una inhibición general de bienes sobre el patrimonio del acusado durante diez meses, con el fin de proteger la solvencia y viabilidad de una eventual reparación del daño ocasionado. Tras las exposiciones, la jueza Pelosso dio por formalizados los cargos, pero finalmente rechazó la cautelar patrimonial solicitada por el Ministerio Público Fiscal. La causa seguirá su desarrollo bajo la órbita de la fiscalía de Delitos Económicos.
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