Desde el Ministerio de Capital Humano oficializaron la creación del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, una iniciativa que centraliza y reemplaza los dispositivos existentes para la asistencia para aquellas personas que fueron víctimas de estas redes. El plan, de alcance federal, articula acciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un sistema de puntos focales.
La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, tiene como objetivo central promover la restitución de derechos de las personas afectadas por la trata. Para ello, se prevé fortalecer las capacidades técnicas, fomentar la coordinación interinstitucional y facilitar la reinserción social y laboral de las víctimas, evitando la revictimización.
Entre los objetivos específicos se destacan el diseño de protocolos y guías de buenas prácticas, la generación de proyectos y actividades con alcance federal, el fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación, y la capacitación de equipos técnicos y profesionales en la atención a víctimas. Además, se impulsarán campañas de sensibilización sobre la problemática.
El programa contempla dos líneas principales de asistencia directa: un subsidio económico para víctimas de trata y un acompañamiento para la reinserción social y laboral.
El primero consiste en una asignación mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, por un período de tres meses, prorrogable por única vez. Por otro lado, el acompañamiento para la reinserción incluye un apoyo económico de medio salario mínimo, formación profesional, capacitación laboral, orientación para el empleo, asistencia a emprendimientos y articulación con servicios educativos y comunitarios.
La población destinataria está compuesta por personas formalmente identificadas como víctimas de trata en el marco de una causa judicial y que hayan sido asistidas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. El acceso a las prestaciones requiere la inscripción en el Registro Federal de Asistencia a Víctimas de Trata (REDAVIT), aunque se prevé una prórroga de un año para la plena vigencia de este requisito.
El procedimiento para el otorgamiento de subsidios y prestaciones contempla también la elaboración de un informe psicosocial y un plan individual de autonomía, la solicitud formal de asistencia, la evaluación y resolución administrativa, el depósito del subsidio en la cuenta bancaria de la persona beneficiaria y el monitoreo institucional. En el caso de menores de edad, la intervención se realiza en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
El programa establece que la asignación económica es incompatible con otras asistencias estatales específicas para víctimas de trata, pero no con otras prestaciones no contributivas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad por motivos distintos.
La gestión del subsidio estará a cargo del punto focal nacional, y las solicitudes podrán ser presentadas por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata o por los equipos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para garantizar la eficacia del programa, se prevé la celebración de convenios de cooperación con organismos públicos y privados, universidades, empresas y organizaciones no gubernamentales, así como la articulación con la Secretaría de Trabajo para facilitar el acceso prioritario de las víctimas a programas de capacitación y recursos formativos.
La resolución, firmada por la ministra Sandra Pettovello, establece que el nuevo programa funcionará bajo la órbita de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Capital Humano, que será tanto la autoridad de aplicación como la de ejecución. El objetivo es unificar los distintos programas que hasta ahora operaban en áreas separadas del Ministerio.
A su vez, legaron que esta iniciativa se alinea con los compromisos internacionales asumidos por el país, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
La nueva estructura reemplaza al programa “Restituir”, creado en 2023 por el entonces Ministerio de Desarrollo Social, y al “Programa Nacional de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las Afectadas y los Afectados por los Delitos de Trata y Explotación de Personas”, aprobado en 2021 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
También modifica el alcance del “Programa Nacional de Restitución de Derechos” de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, eliminando acciones y objetivos vinculados a la trata de personas.
El programa unificado contempla la articulación con organismos públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de consolidar un único registro de víctimas y garantizar la prestación efectiva de las líneas de asistencia. En este sentido, se refuerza el uso REDAVIT como herramienta central para la identificación y seguimiento de los casos.
El financiamiento del programa se realizará con partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Capital Humano. La resolución entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.
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