Corrientes: la Justicia ordenó suspender a tres alumnas que le hacían bullying a una compañera

Igual que había ocurrido en 2023, el juez de Paso de la Patria, Corrientes, intervino en un caso de bullyng en la única escuela secundaria de la localidad y decidió a través de una medida cautelar proteger a una adolescente de 17 años que denunció, a través de su madre, ser víctima de acoso escolar al suspender a las tres compañeras señaladas por la estudiante.

La decisión fue tomada por el titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y de Paz local, Hugo Alejandro Sánchez Martínez, en lo que es el segundo caso de este tipo en la misma escuela en apenas dos años.

El magistrado ordenó a las autoridades de la escuela “Primer Teniente de la Fuerza Aérea Argentina Miguel Ángel Gimenez” de esta villa turística y de pescadores que impongan a tres estudiantes que durante el plazo de 90 días tomen las clases de manera virtual.

Además, ordenó la prohibición de “interacción, contacto, divulgación de contenido y referencia mutua, en forma personal o virtual a través de redes sociales y plataformas de mensajerías” a otros nueve alumnos respecto de la alumna denunciante. Y remarcó que cualquier violación de estas medidas podría implicar que se les abra una causa penal.

Sánchez Martínez evaluó los testimonios, las pruebas de capturas de pantalla de mensajes y audios, y consideró que existía una situación de hostigamiento persistente que justificaba una respuesta urgente del Poder Judicial.

El defensor de las jóvenes suspendidas, Nahuel Benito, se quejó de la decisión. “Lo que esta defensa está en desacuerdo, por lo gravoso de la misma, sacando de su lugar de estudios a tres estudiantes, en su último año, afectándolos fuertemente emocionalmente, con las sola manifestación de la denunciante (su madre), sin pruebas que sostengan dicha manda, y que la presencia de los menores puede poner en peligro a la supuesta víctima, ordenando medidas que el sistema educativo de la localidad no posee, y al día de la fecha aún no ha podido poner en práctica, lo que implica que los menores se encuentran sin su derecho inalienable a estudiar”, remarcó al diario local El Litoral.

“Es un chat de criaturas de 16 y 17 años que no tienen en ningún momento una intención de querer dañar o instigar al suicidio a nadie. Es más de la causa no se desprende ninguna denuncia o intento de suicidio”, argumentó el abogado.

En su resolución, el juez manifestó que, aunque el plexo probatorio fuera limitado, era suficiente para confirmar una potencial situación de acoso escolar, conocido como bullying, que requería medidas inmediatas para garantizar la integridad psicofísica de la joven.

Según el magistrado, “el acoso implica una repetición continuada de burlas o agresiones, que suelen ir en un espiral creciente de violencia y terminar produciendo la exclusión social de la víctima o una suerte de muerte civil”.

Sánchez Martínez también destacó que las agresiones no se limitaban al ámbito escolar, ya que se extendieron a las redes sociales, constituyendo así un caso de ciberacoso. En su análisis, el juez aclaró que para que se configure bullying, debe haber una repetición de los ataques y un desequilibrio de poder entre las partes involucradas.

“El acoso implica una repetición continuada de burlas o agresiones, que suelen ir en un espiral creciente de violencia y terminar produciendo la exclusión social de la víctima o una suerte de muerte civil”, detalló en su fallo.

La resolución fue notificada a los directivos del colegio, quienes deberán tomar las medidas pertinentes, y a los adolescentes involucrados, sus tutores y responsables.

El incumplimiento de esta orden podría acarrear consecuencias legales, incluidas posibles sanciones penales. Además, el juzgado dejó abierta la posibilidad de implementar nuevas medidas si la situación lo requiere o surgen nuevos elementos.

Un caso similar, en la misma escuela y con el mismo juez

En 2023 había ocurrido un caso similar en la misma escuela, que propició que actúe el mismo magistrado. Aunque en aquella oportunidad, Sánchez Martínez ordenó en una cautelar ordenó a tres adolescentes abstenerse de agredir física y verbalmente a un compañero de 14 años y dispuso, además, tratamiento psicológico para todos los involucrados.

El caso llegó al juzgado cuando la madre de la víctima realizó la denuncia al notar a su hijo “alterado y angustiado, con ataques de ansiedad por el constante acoso que sufre hace años por parte de estos tres alumnos”.