Quién fue el primer detenido desaparecido por una dictadura en la Argentina: su fusilamiento y sepultura como un N.N.

El empleado municipal Martín Esaín llevaba años en el apacible puesto de encargado del cementerio de Rosario cuando, una mañana de septiembre de 1930, se convirtió en involuntario protagonista de un extraño acontecimiento. Vio llegar el camión de traslados con el chofer y los dos habituales obreros de maestranza, pero en esa ocasión acompañados por cuatro policías que viajaban en la caja. Eso lo sorprendió, pero rápidamente pasó de la sorpresa a la estupefacción cuando leyó la amenazante inscripción que se leía sobre la tapa lacrada del féretro de madera barata, uno de los que el municipio proveía a las familias que no podían comprarlos para sus muertos. El texto, escrito en amenazantes mayúsculas decía: “El que abra este cajón será pasado por las armas”.

El policía a cargo lo saludó y le dio una orden verbal de enterrarlo en el sector gratuito reservado para los muertos sin recursos. El oficial no le entregó ningún papel ni tampoco le dio el nombre del difunto, simplemente le dijo que lo enterrara en una tumba sin nombre.

Al empleado municipal Martín Esaín ni se le ocurrió desobedecer la extraña orden del uniformado pero, burócrata al fin, antes de proceder llamó por teléfono a su superior, el secretario Alejandro Carrasco, para consultarlo. Luego de un silencio que a Esaín le pareció eterno, su jefe le dijo que hiciera lo que le mandaban, que dada la situación de fuerza que se vivía en esos días era mejor seguir las órdenes.

La “situación de fuerza” a la que se refería Carrasco era la dictadura encabezada por el general Félix Uriburu, que el 6 de septiembre de ese año había derrocado al presidente constitucional, el radical Hipólito Yrigoyen.

Pasarían dos años para que se conociera la identidad del muerto: el anarquista Joaquín Penina, de 25 años, catalán de nacimiento y albañil de oficio, fusilado sumariamente la noche del 9 de septiembre en las barrancas del arroyo Saladillo por orden del Ejército y en aplicación de la ley marcial que establecía: “Todo individuo que sea sorprendido infraganti delito, contra la seguridad y bienes de los habitantes, o que atente contra los servicios y seguridad públicas, será pasado por las armas sin forma alguna de proceso”.

Pero esa mañana de septiembre, después de cumplir la orden que le habían dado, el empleado municipal Martín Esaín no sabía nada de eso, ni tampoco que acababa de convertirse en el enterrador del cadáver del primer detenido-desaparecido por una dictadura en la Argentina.

Un anarquista en la mira

Joaquín Penina fue detenido la mañana del martes del 9 de septiembre en la pieza de pensión que alquilaba en el primer piso del edificio de la calle Salta 1581, entre Presidente Roca y Paraguay.

El hombre estaba en la mira de las autoridades desde antes del golpe, durante el gobierno radical, por sus actividades políticas. Era un anarquista convencido, llegado a la Argentina desde España para escapar del servicio militar obligatorio durante la dictadura de Primo de Rivera.

Su primer destino fue Buenos Aires, pero en 1925 se trasladó a Rosario, donde se unió al Movimiento Obrero anarquista de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Trabajaba como albañil especializado en la colocación de mosaicos, pero también era un hábil imprentero por lo que le encargaron la producción de propaganda.

Tenía prontuario por su militancia anarquista desde 1927, cuando fue detenido durante las protestas locales en repudio a la ejecución de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti en los Estados Unidos.

Al año siguiente fue una de las cabezas visibles de las huelgas de Rosario y Villa Constitución, que paralizaron casi totalmente las actividades comerciales y productivas.

Era, también, un hombre ilustrado. Además del mimeógrafo donde imprimía los volantes y manifiestos que redactaba con sus compañeros, en su pieza de pensión tenía una biblioteca nutrida con libros políticos – de Bakunin a Marx – y obras literarias que compartía con sus compañeros.

Detención ilegal

Cuando la policía irrumpió en la pieza de pensión de Penina no llevaba ninguna orden de detención. Simplemente fueron a llevárselo.

Estaba acusado – o eso le dijeron – de imprimir un panfleto contra el “presidente” Uriburu. Penina explicó que era imposible, porque el mimeógrafo que tenía en su habitación estaba roto desde hacía meses.

No fue el único detenido. Los policías también se llevaron a su compañero de pieza, el carpintero Victorio Constantini y el catalán Pablo Porta, que tuvo la mala fortuna de estar de paso por ahí.

Antes de llevárselo, le permitieron poner en sus bolsillos dos galletas marineras y una fruta, como paliativo para el hambre que sabía que pasaría en la comisaría.

Los tres detenidos fueron a parar a una celda de la división de Orden Social de la Policía de Santa Fe, donde los interrogó el jefe de la repartición, Marcelino Colombé. No fue un interrogatorio amable, con la dictadura también habían llegado a la provincia los métodos de “persuasión” que en Buenos aires impuso la Oficina de Orden Público, a cuya cabeza estaba Leopoldo Lugones, el hijo homónimo del autor de “La guerra gaucha”, que en lugar de manejar con habilidad la pluma, como su padre, era hábil en el uso de la picana eléctrica.

En Rosario, la policía estaba bajo mando militar, a cargo del teniente coronel Rodolfo Lebrero, que fue quien se encargó de anunciarles que serían fusilados sin proceso ni juicio, en virtud de la ley marcial.

La intención del mando militar era matarlos sin dejar una sola huella y enterrar los cadáveres como NN, pero algo falló. Dentro la policía no todos estaban de acuerdo con el método y alguien, cuya identidad nunca se supo, filtró la información y entregó fotos de los tres detenidos al diario rosarino La Capital, que en su edición del día siguiente las publicaría, dando a los tres por muertos.

Cuando se publicó la noticia, Constantini y Porta no solo estaban vivos, también habían sido liberados. Nunca se supo la razón por la cual ellos salieron libres y Penina no.

Apenas estuvieron en la calle, los dos hombres buscaron un abogado para que presentara un habeas corpus por el detenido ante la justicia, pero el juez lo rechazó.

Un fusilamiento clandestino

A las diez y media de la noche del 9 de septiembre, Penina fue sacado de su celda, esposado y subido a un camión que se dirigió hacia las barrancas del arroyo Saladillo. Además del anarquista que marchaba hacia la muerte, en el vehículo iban suboficial, tres soldados y un policía de investigaciones a las órdenes del subteniente Jorge Rodríguez, un oficial de guardia a quien no les gustaba nada la misión letal que le habían encomendado.

Detrás de camión iban dos vehículos en los que viajaban el mayor Carlos Riccheri, el capitán Luis Sarmiento y otros varios agentes de policía.

Todos cruzaron el puente sobre el arroyo y se detuvieron en las barrancas, cerca del barrio Pueblo Nuevo. Allí, el subteniente Rodríguez le ordenó a Penina que bajara. Frente a él se pararon el suboficial y los tres soldados. No llevaban fusiles sino revólveres Colt.

“¡Disparen!”, ordenó Rodríguez – que años después relataría los hechos, abrumado por la culpa – y Penina alcanzó a gritar “¡Viva la Anarquía!” antes de recibir los balazos.

No murió de inmediato y los soldados volvieron a disparar. Finalmente, Rodríguez le disparó el tiro de gracia en la cabeza. Debió hacerlo dos veces, porque el temblor de su mano derecha le hizo errar el primer tiro.

A trescientos metros del lugar, por orden del capitán Sarmiento, esperaba una ambulancia conducida por Terencio Quintana, que estaba acompañado por el practicante de medicina y empleado municipal Marcos Gorbán.

Dos años mas tarde relataron que vieron a un grupo de uniformados y que escucharon los disparos. También contaron que poco después un oficial del Ejército les ordenó llevar una camilla al lugar donde habían ocurrido los disparos y que allí encontraron un cadáver bocabajo.

Gorbán abundó en detalles: explicó que por lo accidentado del terreno, mientras llevaban el cuerpo en la camilla hacia la ambulancia, una de las ruedas del artefacto se trabó y el cadáver cayó al suelo, lo que provocó la risa de los oficiales y los policías.

La orden que recibieron fue llevar el cuerpo a la Administración Sanitaria, donde lo vio el médico Adolfo Lavarello, que comprobó que tenía varios impactos de bala en la cabeza y el cuerpo. Al día siguiente, el atribulado médico reconoció a Penina en una de las fotos publicadas por La Capital.

Antes de irse, el oficial dejó una orden escrita y firmada que decía: “Désele sepultura al sujeto N.N. Orden Superior”.

Nadie pudo decir una palabra. El capitán Sarmiento les advirtió que si hablaban los metería presos.

Una investigación trunca

Recién declararon en marzo de 1932 ante una comisión investigadora del Concejo Deliberante de Rosario. Ya no gobernaba la Argentina el general Uriburu sino Agustín Pedro Justo.

De todos modos, más que una investigación fue una farsa. Lo dijo sin pelos en la lengua el concejal socialista Ceferino Campos, cuyo discurso consta en las actas del Concejo Deliberante: “Entiendo que no habrá, desde luego, dentro de la dependencia municipal, ningún culpable, lo que puede haber sucedido es que han procedido de acuerdo a la orden de la autoridad competente. Se habrá ordenado inhumar el cadáver y no habrá habido más remedio que hacerlo de acuerdo a la orden recibida. De esto se ha sacado, en conclusión, de que callamos las cosas y tenemos el propósito de echar tierra al asunto”, dice ahí.

Para entonces, los sobrevivientes Constantini y Porta ya no estaban en la Argentina. El carpintero había vuelto a Italia y Porta se había refugiado en España. Allí buscó a los familiares del anarquista asesinado para contarles que lo habían fusilado.

Hoy, en Rosario, una calle recuerda al anarquista Joaquín Perina, el primer militante político detenido desaparecido por una dictadura en la Argentina.

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