
Facundo Castro sigue sin aparecer. Sin embargo, la repercusión mediática del caso hizo que en las últimas horas el expediente comenzara a moverse con otro ritmo.
Su familia fue aceptada formalmente este martes como querellante, al igual que la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo que se especializa en casos de violencia institucional. Presentaron una denuncia por “desaparición forzada de persona”.
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Según explicó a Infobae Luciano Peretto, uno de los abogados que representa a la familia, ahora solo la Justicia Federal puede brindar las garantías necesarias para que el caso se esclarezca.
“La Justicia Provincial y la Federal están tironeando, y además la bonaerense no quiere largar la investigación”, explica el abogado, que especula con que están tratando de “lavar” más de dos meses de errores “burdos”.
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Los abogados de la familia Castro presentaron una declinatoria de competencia para que la jueza de garantías provincial Susana Calcinelli se haga a un lado y pase toda la causa a la Justicia Federal. Al mismo tiempo, también solicitaron que otra fuerza de seguridad desplace a la policía bonaerense.
En el escrito, al que tuvo acceso Infobae, argumentaron: “No puede seguir siquiera un minuto más la misma fuerza policial bonaerense que ha incurrido en omisiones y contradicciones escandalosas, contrarias a todo criterio de verdad y realidad, llevando adelante una instrucción que colocan a 6 agentes policiales como las últimas 6 personas que vieron con vida a Facundo”.
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En sus declaraciones los policías aseguraron haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone. Incluso uno de los policías afirmó que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; pero cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.
Facundo Astudillo Castro había salido “a dedo” el 30 de abril de su casa en Pedro Luro, ciudad de Villarino, provincia de Buenos Aires, rumbo a Bahía Blanca, pero nunca llegó.
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Pero el 27 de junio tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 15, después de pasar el ingreso de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero.
“Por eso desde hace 20 días que estamos pidiendo la geolocalización de los móviles para saber por dónde se movieron, también las intervenciones de teléfono. Hasta ahora no me dieron nada”, explicó a Infobae, Leandro Aparicio, el otro abogado de los Castro.
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Al abogado también le generan dudas los operativos de búsqueda. “Cuando hicieron el rastrillaje, el 19 de junio, no dejaron que los perros entren en Buratovich. Los perros podrían haber determinado si Facundo estuvo en la comisaría”, señala.
Y agrega: “Yo nací en esa zona y me han llamado muchas personas para contarme que los policías los han fajado durante la cuarentena”. Por eso no descarta la hipótesis de una golpiza mortal.
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Como prueba secundaria, en el escrito recuerdan que la mamá de Facundo dijo que su hijo “ya había sido (incluso siendo menor de edad) sometido a golpes por parte del personal policial, específicamente del agente Berrios (quien casualmente presenció el rastrillaje)”.
En una oportunidad, Berrios -quien no está señalado entre los últimos policías que vieron a Facundo con vida- le habría dicho “que era chorro como el hermano” y le habría roto a propósito un ciclomotor al cargarlo bruscamente en el patrullero.
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“Todo esto lo conoce su madre, firmante aquí, por boca de su hijo quien en más de una oportunidad le comentaba de los hostigamiento que vivía por parte de este oficial Berrios, tiempo después caminara a la vera de la Ruta en busca de pistas del paradero de quien fuera su preferido hostigado”, plantea el texto.
El abogado duda que Berrios haya estado involucrado directamente en la desaparición del joven, pero destaca que es un un dato más que respalda el pedido de apartar a la bonaerense.
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Por ahora, la primera preocupación de la querella es preservar las pruebas que se reparten en registros, libros, audios y teléfonos celulares. Mientras esperan que la jueza de garantías consulte al fiscal general para resolver si la causa pasa al fuero federal. Si este se niega, habría un conflicto de competencias que tendrá que resolver un tribunal superior.
Este miércoles se espera la llegada del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni a la ciudad de Bahía Blanca por lo que especulan que podría haber novedades en la investigación.
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