Sembrar en lo ajeno: El rostro de la agricultura en El Salvador

Son las tres de la mañana en el cantón El Carmen en el occidente de El Salvador, a tan solo veinte minutos de la frontera con Guatemala. En una vivienda muy acogedora, la familia de Fidel Maldonado inicia su jornada.

La esposa de Fidel enciende el comal y prepara tortillas, un menú que incluye frijoles y queso, mientras el joven agricultor desayuna café fuerte, al que llaman “café de palo”, producto de su propio esfuerzo en el campo.

A los veintisiete años, Fidel es cabeza de familia y depende de dos fuentes principales de ingresos: la albañilería y el trabajo agrícola, en especial el cultivo de maíz y frijol para consumo y venta local. La rutina de Fidel refleja la realidad de miles de agricultores de subsistencia en el país.

El cantar del gallo es la alarma, Fidel toma su “shula”, un bolso al estilo de un morral, y sale rumbo a su milpa, que lo sostiene cada temporada. Pero la tierra que cultiva no le pertenece.

Según relató a Infobae, la mayoría de los pequeños productores como él siembra en parcelas alquiladas, bajo acuerdos verbales que dependen de la confianza y la voluntad del propietario.

“Los precios rondan dependiendo el corazón de los dueños”, explica Fidel. En su caso, ha conseguido rentar por USD 30, aunque conoce casos en los que el costo puede llegar a USD 200.

El precio del arrendamiento de tierras a aumentado con el paso del tiempo. Esta alza impacta directamente a familias como la de Fidel, que además deben invertir en insumos químicos para proteger los cultivos de plagas y para fortalecer el rendimiento en condiciones climáticas cada vez más inestables.

“El dinero para invertir no solo se va en el alquiler, sino en abonos y venenos”, cuenta Fidel. El Estado ofrece algunos programas de apoyo, principalmente con insumos básicos, lo que representa un alivio parcial para quienes logran ser beneficiarios de la distribución a través de la ADESCO (Asociación de Desarrollo Comunal).

La informalidad marca el día a día de los agricultores arrendatarios. Sin escrituras de propiedad, la banca formal les niega acceso a créditos y deben recurrir a prestamistas locales, donde los intereses pueden ser desproporcionados.

La ausencia de títulos también limita la posibilidad de heredar la tierra o de asegurar un relevo generacional en el campo. Así lo advierte la propia comunidad: los jóvenes, ante la falta de rentabilidad y estabilidad, prefieren buscar oportunidades en el sector informal urbano o migrar hacia Estados Unidos.

La legislación salvadoreña establece requisitos formales para los contratos de arrendamiento agrícola.

El marco legal exige que el acuerdo se documente por escrito y se inscriba en el Registro de Arrendamiento de Tierras Agrícolas. En la práctica, la mayoría de los acuerdos se mantiene de palabra o en documentos informales, lo que deja a los arrendatarios en situación vulnerable ante cualquier desacuerdo o desalojo.

Según la normativa, el plazo mínimo para un contrato de este tipo es de tres años, y el precio debe fijarse de común acuerdo, sin superar el máximo anual autorizado por decreto ejecutivo. Sin embargo, el desconocimiento y la falta de acceso a servicios legales perpetúan la informalidad y la inestabilidad en el agro.

Cada mes de mayo, con las primeras lluvias, Fidel y miles de productores de subsistencia renuevan la esperanza de una cosecha suficiente para alimentar a sus familias.

“Agradezco a Dios cada vez que puedo sembrar”, dice el joven agricultor a Infobae. Cuando la ADESCO anuncia la entrega de insumos estatales, Fidel se inscribe con la expectativa de que el clima le favorezca y la tierra, aunque ajena, le permita sacar adelante a los suyos.

La realidad de los agricultores sin tierra en El Salvador está marcada por el doble desafío de los altos costos y la ausencia de garantías, en un país donde la agricultura sigue siendo el principal motor alimentario del área rural.