
Por la emergencia sanitaria del coronavirus y las restricciones de circulación las mujeres víctimas de violencia de género corrían un riesgo grave: que las medidas de protección que tienen -como exclusiones del hogar o prohibiciones de acercamiento- se vencieran durante ese período y quedaran en una situación vulnerable. Por eso, la justicia de la ciudad de Buenos Aires y la de Entre Ríos decidieron prorrogarlas todas automáticamente para que sigan vigentes.
Las decisiones la tomaron la Cámara Nacional en lo Civil, que actúa en los casos de la ciudad de Buenos Aires, y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para toda la provincia. Fue ante pedidos de la Defensa Pública por el estado de indefensión en el que podían quedar muchas mujeres. Las medidas fueron tomadas ayer, hoas antes que el gobierno nacional agravara el aislamiento social para evitar que el virus se propague con el decreto que estableció la cuarentena obligatoria en todo el país.
Las medidas que seguirán vigentes son la exclusión de hogar, la prohibición de acercamiento, los perímetros de exclusión que rigen sobre las personas denunciadas por violencia de género, en general actuales y ex parejas. También se mantendrán los dispositivos electrónicos como los botones de pánico y las tobilleras.
“Esto es necesario porque ante situaciones de crisis los índices de violencia de género se suelen incrementar. A eso se suman las medidas de aislamiento, las presiones y tensiones emocionales, económicas, psicológicas que se viven por lo que es necesario estar preparados para dar respuestas a estas situaciones. Además, muchas veces las mujeres se acercan con medidas que vencieron en el ultimo tiempo y eso se podía acrecentar con las restricciones para circular”, le dijo a Infobae Raquel Asensio, titular de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación.
La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y los jueces civiles de primera instancia realizaronpresentaciones ante la Cámara y lo propio hizo el Maximiliano Benítez, defensor General de Entre Ríos, ante la Corte provincial en las que pidieron que todas las medidas de protección en causas de violencia de género se prorroguen. Lo hicieron en el contexto de la crisis de salud por el coronavirus.

Martínez señaló que se debe “garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones especialmente vulnerables, entre ellas, las víctimas de violencia de género que requieren medidas de protección para hacer cesar o evitar una situación de riesgo” y que hay una necesidad de “limitar la concurrencia y el aglomeramiento del personal vinculado al sistema de administración de justicia tanto en sus lugares de trabajo como en las dependencias judiciales y administrativas”.
Así, propuso que todas las ordenes de protección que vencen antes del 1 de abril se prorroguen mientras duren las medidas dictadas por la situación sanitaria. También que todas las presentaciones en esas causas se suban al sistema digital para evitar la concurrencia a los tribunales y que sean informadas al denunciado y a la Policía para que asegure su aplicación sin que la víctima tenga que obtener y llevar una copia de la resolución.
Los jueces de primera instancia explicaron que por las medidas de restricción que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en línea con el gobierno nacional, hoy en los juzgados trabajan cuatro personas y no tienen capacidad para analizar en todas las causas como estás que requieren una actualización permamente. Explicaron además que para prorrogar una medida de protección la víctima debe presentarse en el juzgado.
Las autoridades de la Cámara Civil, el presidente Oscar Ameal y las vicepresidentas María Benavente y Marcela Perez Pardo, tomaron los pedidos y dispusieron que una prórroga de 60 días desde ayer para todas las medidas de protección. Pero además dispusieron lo mismo para las que vencieron en los últimos 40 días. Para que la decisión ya esté operativa le hicieron saber de su resolución a la Policía Federal y a la de la ciudad de Buenos Aires para que presten “la asistencia que le sea requerida”.
“Esta decisión es muy importante porque, además de darle seguridad a las víctimas, permite descomprimir los recursos judiciales que en lugar de destinarlos a dictar prorrogas de medidas se pueden concentrar las escasos esfuerzos que existen en estos momentos a atender denuncias nuevas”, destacó Asensio y pidió que las mismas decisiones se apliquen en el resto de las provincias del país.

Por su parte, el defensor general de Entre Ríos solicitó la continuidad de las medidas de protección con similares argumentos. Bénitez destacó el poco personal que por la emergencia trabajan en los tribunales y ante “la necesidad de evitar factores de riesgo y garantizar respuestas oportunas y eficaces y motivado en la finalidad primordial de proteger y preservar la integridad física y psíquica de las personas atravesadas por situaciones de violencia familiar y/o de género".
El funcionario propuso que de oficio las medidas continúen por un mínimo de sesenta días y mientras dure el receso judicial por la pandemia.
Los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos Martín Carbonell, Miguel Angel Giorgio y Susana Medina tomaron el planteo. Los magistrados ordenaron enviar las sugerencias “de inmediato y con carácter de urgente a los señores Jueces en funciones con competencia en Familia y Jueces de Paz de toda la provincia, para el dictado de las resoluciones correspondientes”.
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