Luego de que la Justicia de Estados Unidos rechazara revisar el caso de Víctor Hugo Saldaño, el argentino condenado a muerte en Texas por el crimen de un comerciante en 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno de ese país a que se “cumpla con las recomendaciones emitidas en relación con los derechos humanos” y se le conmute la pena. Además, solicitaron que sea trasladado del “corredor de la muerte”, prisión de Houston conocida con ese nombre en la cual se encuentra alojado.
Según informó la Cancillería argentina, el comunicado de la CIDH sucede previo a la presentación de Saldaño ante la Corte Suprema norteamericana, en donde el organismo tiene puesta cierta expectativa: “Constituye una oportunidad esencial para cumplir las recomendaciones del Informe de Fondo 24/17 que elaboró la Comisión y el cual concluye que Estados Unidos es responsable de violar los derechos a la vida, libertad y seguridad, integridad, igualdad ante la ley, a un juicio justo, a la protección contra la detención arbitraria, y al derecho a un proceso regular de Víctor Saldaño”.
Antes de esta declaración, hubo una reunión en Quito, Ecuador, de la que participaron representantes del Departamento de Estado, el abogado de Víctor Saldaño, Juan Carlos Vega, y también representantes del Estado argentino en calidad de observadores.
“Estados Unidos está sujeto a las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre desde que ingresó en la OEA en 1951”, afirmó la CIDH.
Por su parte, la Cancillería sostuvo: “Argentina participa en el procedimiento internacional ante la CIDH y en el proceso interno ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, en calidad de amicus curiae, en defensa de la vida de Saldaño, en el marco de las múltiples acciones realizadas por nuestro país en defensa de la vida de nuestro connacional desde hace más de 20 años y que responden a la tradicional posición de la Argentina de lucha contra la pena de muerte”.
Días atrás, Juan Carlos Vega había anticipado que la CIDH era la única posibilidad que le quedaba a su cliente para esquivar la pena de muerte: “La única sentencia (que podría favorecer a su cliente) es la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el estado americano no quiere cumplir. Ninguna norma del derecho interno de ese país puede ser utilizada para suspender o neutralizar la vigencia operativa y el valor jurídico vinculante del Informe de la CIDH 76/16”.
Para sostener su argumento, el abogado explicó que hay 13 países americanos que apoyan el derecho de las víctimas en este caso: Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, México, Honduras, República Dominicana, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay.
La madre del acusado, Lidia Guerrero, también habló luego de que se hiciera inminente la posibilidad de la ejecución y criticó al sistema legal de Estados Unidos: “Sabe lo que hace, ya no se trata de la opinión de una madre. Ellos son responsables de la decisión que tomen. Se comprobó cómo opera el sistema de Texas para aplicar la pena de muerte. Si hace caso o no Estados Unidos, es su responsabilidad y cada cual sabe lo que hace”.
El caso
Víctor Saldaño fue condenado a muerte en dos ocasiones por la Justicia de Texas, por el homicidio de Paul Ray King, un vendedor de computadoras al que asesinó en noviembre de 1995 junto a un cómplice mexicano, Jorge Chávez, para robarle un reloj y 50 dólares en las afueras de la ciudad de Plano.
Uno de esos fallos fue anulado por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, tras acreditar que se utilizó un criterio racista para dictar la sentencia. En consecuencia, el máximo tribunal ordenó al Poder Judicial del estado sureño realizar un nuevo juicio que no estuviera viciado. Sin embargo, Saldaño fue declarado culpable y condenado a muerte nuevamente. Para ese entonces la salud mental del argentino ya se encontraba completamente devastada, luego de haber pasado nueve años en condiciones de aislamiento extremas. Por esta razón, su defensa legal solicitó, sin éxito, que fuera trasladado a un neuropsiquiátrico.
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