El edificio en el que funciona el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), ubicado en la calle Adolfo Alsina al 600 (ciudad de Buenos Aires), se encuentra –según Marcelo Pocovi, su dueño– sin regularizar el contrato de alquiler desde el 31 de octubre de 2018 y sin cobrar las cuotas mensuales desde aquella fecha hasta hoy, monto que superaría los $25 millones.
En diálogo con Infobae, Pocovi sostuvo que la propiedad, a nombre de KABNER S.A., con un directorio conformado por familiares suyos directos, es alquilada desde 2012 y que con la gestión anterior no tuvieron ningún tipo de inconvenientes. “Todo lo contrario, incluso nos han pagado contratos por adelantado”, sostuvo Kevin Pocovi, hijo del empresario.
Marcelo Pocovi ratificó dichas palabras y especificó que los problemas comenzaron “con la administración de Mauricio Macri. Había momentos en los cuales no nos pagaban pero después abonaban seis meses por adelantado. Los contratos son anuales, se fija el alquiler de los 12 meses y luego nos sentábamos a renovar el próximo. El 31 de octubre del año pasado eso no sucedió. El alquiler oscilaría entre los 2 y 2,5 millones de pesos, por lo cual la deuda anual superaría los 25 millones″.
Infobae accedió a una serie de actas, presentaciones y cartas documento que los apoderados realizaron ante la Justicia y ante el Ministerio de Producción y Trabajo, específicamente al ministro Dante Sica. Dicha carta documento data del 22 de febrero de 2019 y se intimó al ministerio para que abonaran los meses adeudados.
“Hago saber a ustedes que haré público en los medios, la falta de pago de las oficinas y la falta de gestión y manejo respecto del contrato de locación que une a KABNER S.A. con el ministerio. El ministerio, en lugar de cumplir en forma ejemplificativa para con la sociedad, con las obligaciones que asume, ocupa los inmuebles sin dar satisfacción alguna ante los requerimientos que se les hacen llegar”, redactó Marcelo Pocovi.
El 23 de mayo, Jorge Alberto Pocovi, hermano de Marcelo y apoderado del inmueble, se presentó con un escribano público intimando a que se desaloje la propiedad. Allí expusieron un requerimiento hacia Luis Fernando Canedi y Héctor Nahuel García, coordinadores del área administrativa, y Roberto Picozzi, director del SECLO.
En el escrito presentado les informaron que efectuarían denuncias personales a los representantes del ministerio y del SECLO por “mal desempeño de funcionarios del Estado, que ni siquiera se avienen a dar respuesta alguna de las obligaciones que compete”.
Tras las reiteradas intimidaciones para regularizar la situación sin respuestas fehacientes, desde el directorio indicaron que el siguiente paso será un juicio de desalojo, suceso que ocasionará un problema para la administración de Alberto Fernández.
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