"Acá putos y travas no queremos": cómo fue el brutal ataque a la activista Lara Bertolini

Por ser travesti la activista Lara Bertolini recibió un botellazo que le partió la cabeza mientras paseaba a su perro Sansón por el Parque Lezama. Fue un ataque de odio que ocurrió el pasado 7 de enero cerca a las 11 de la noche. "Acá putos y travas no queremos", la amenazó un hombre de unos 20 años. Ella lo enfrentó, le dijo que quién era, lo desafió a que entonces la sacara a trompadas y se volteó y siguió caminando junto a su mascota.

Un par de minutos después, quizá menos, notó que alguien estaba detrás suyo. Cuando intentó voltear sintió un fuerte impacto en su cabeza que la noqueó y derribó; brotaba mucha sangre. El hombre también le lanzó piedras a su perro. Mareada y un poco desorientada, se levantó como pudo y vio que el agresor huía en un automóvil que lo esperaba por la avenida Almirante Brown. Luego intentó pedir a ayuda.

"En ese momento, cuando yo me incorporó, había dos chicos con el pañuelo verde en sus mochila que estaban sentados en la plaza. Les dije: ¿Me pueden ayudar? Me pegaron un botellazo, tengan cuidado porque hay un agresor y no sé si quiere robar. Los dos pibes me miran y siguen de largo. Y por el contrario, un pibito que dormía en una banca, que no se quería volver a su casa en Ezeiza porque gastaba mucho en el boleto y buscaba trabajo en Capital, se levanta, me ve muy mareada y me dice que me acompaña hasta mi casa, para recoger mis cosas y pedir una ambulancia", recuerda.

Cuando llegó la ambulancia que la iba llevar al hospital, el enfermero le preguntó qué hacía en el parque a esa hora. "Mire, si me va a verduguear, me pega otro botellazo y listo, total es lo mismo", le respondió Lara, quien hizo el reclamo ante la empresa de emergencia por el trato discriminatorio que recibió pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Lara tiene 49 años, es activista travesti, trabajadora judicial en la Procuración General de la Nación y estudiante de derecho en la Universidad Nacional de Avellaneda. El ataque de odio del que fue víctima se suma a otros cuatro episodios similares que han sufrido personas de la comunidad LGBT en distintos lugares de Argentina en el transcurso del 2019. Como ocurrió en El Bolsón, donde un grupo de gays y lesbianas fue golpeado y expulsado con gas pimienta de un boliche; y en Córdoba, donde un joven fue brutalmente golpeado dentro de un centro nocturno.

"Al haber una diversidad que se está incorporando a la sociedad, el espacio dominado por el patriarcado se ve invadido, y es ahí donde el hombre machista impone su posición de dominación con la represión física. Supuestamente los boliches son para que los machos vayan a bailar y se levanten a alguna mina, si aparece una marica o una trava en el boliche le disputa el espacio. Es ahí donde el hombre usa la violencia porque su poder de dominación se corre", explicó Lara a Infobae.

Esta vez, Lara presentará la denuncia ante la Justicia Nacional Criminal y Correccional, ya que en el 2018 sufrió seis ataques de odio por su identidad de género y ninguna de las denuncias que hizo ante la Justicia porteña prosperó. A pesar de que los hechos ocurrieron en lugares públicos donde habían cámaras de seguridad, todas fueron desestimadas por "carecer de material probatorio".

"Entonces esta denuncia va a ir directamente a la Justicia Criminal y Correccional para que se tomen otros resguardos respecto a las violencias a las identidades travestis porque ya excede al límite y al cumplimiento, a mi entender, de los fueros de CABA. Y como los excede le voy a pedir a la Justicia Nacional que tome cartas en el asunto. No puedo depender de una Justicia débil, falaz y no preocupada por la población trans en la Ciudad de Buenos Aires", asegura.

La activista es crítica del papel de la Defensoría LGBT de CABA y del INADI, respecto a las acciones que toman cuando se violenta a personas trans, gay o lesbiana. Asegura que las medidas que toman son ineficaces, como fue el caso de los empleados de una pizzería en Palermo que en octubre de 2018 golpearon a una pareja de novios. La única sanción que recibieron fue asistir a un taller de tolerancia.

"Es una falencia por parte de la Defensoría LGBT. Lo que hace no es acompañar a la víctima, sino dar una opinión consultiva que no tiene valor jurídico y por lo tanto no se puede usar en una probatoria para una elevación a juicio. Le dan talleres a los violentos de cómo convivir con las personas del colectivo. ¿Por qué ellos le tienen que dar cursos de tolerancia si yo no tuve que tomar ninguno para vivir en esta sociedad heterosexual? Su papel debería ser acompañar al colectivo violentado en un correcto proceso jurídico pero no lo hacen", cuestiona.

Ella es una sobreviviente dentro de su comunidad travesti, donde el promedio de vida es de 36 años. En su cuerpo, de más de metro ochenta, hay cicatrices que son evidencias de varios intentos de asesinatos —travesticidios— que ha sufrido a lo largo de su vida por su identidad género, por ser quien es. Lo del 7 de enero fue solo otro episodio violento. En mayo de 2016, recién entrada a la Facultad de Derecho, un compañero de clase, ex policía que fue separado de la fuerza, transodiante, la intentó golpear brutalmente dentro de un aula. Lo frenó el personal de ordenanza. El hombre fue denunciado y removido de la universidad por orden de un juez. Por esta razón, Lara insiste en la importancia de señalar al agresor, de no quedarse callada y recurrir siempre a la Justicia.

"Hay que empezar a denunciar a quienes nos violentan porque tenemos que tener un registro de ellos, porque si no escapan a la norma jurídica. Hay que aceitar mecanismos para poder visibilizar a estos violentos y exponerlos ante la sociedad. Si el Poder Judicial en este momento no tiene las herramientas suficientes para poder entender lo que es la violencia contra las personas transgéneros, por lo menos tengámoslo señalados para poder saber después quién nos mató. El juicio de Diana (Sacayán) es un ejemplo en ese sentido: al señalar al violento se pudo ejecutar un juicio justo", concluye.