Leucemia, viviendas derrumbadas, sonidos insoportables, emisiones de gases tóxicos, gastroenteritis, vómitos, derrames. El relato se repite de vecino a vecino. Solo cambian las formas, pero las vivencias y creencias son similares. Para las petroleras, en cambio, es un ejemplo de una industria que genera unos 3 mil puestos de trabajo en todo Río Negro y que el año pasado le dejó a la provincia 500 millones de pesos en regalías. Junto a un equipo de Greenpeace, Infobae visitó Allen, la capital nacional de la pera, en Vaca Muerta, donde los cultivos de frutas que se consumen en el resto del país conviven con los pozos de fracking.

Allen es parte del yacimiento Estación Fernández Oro, en el sector rionegrino de Vaca Muerta. La explotación de hidrocarburos tiene varias décadas en la zona, pero con la irrupción de la técnica del fracking los pozos se multiplicaron en el área, donde el tight gas es la vedette. Aunque ni siquiera están claras las consecuencias a largo plazo del fracking sobre la salud y el medio ambiente, no hubo debate previo. Alguien decidió que así iba a ser y la vida cambió para siempre. La mayoría de los vecinos no quiere hablar, pero la regla tiene varias excepciones. ¿Es posible la convivencia del fracking con los cultivos si el gas y el petróleo pagan 10 veces más por hectárea? ¿Afecta la salud de los vecinos? ¿Y el medio ambiente?

"Simulacros"

Los accidentes en los pozos de la zona están lejos de ser una excepción. La sucesión es notable y contrasta con las afirmaciones del gobierno de la vecina provincia de Neuquén, que tras el derrame de crudo que ocurrió el 19 de octubre en Bandurria Sur, informó que desde 2014 no había habido problemas en la "zona". Esa declaración tenía una intencionalidad: instalar la idea de que en todo Vaca Muerta no hubo accidentes en los últimos años, y así lo comunicó buena parte de la prensa local. Naturalmente, es mentira.

En el Observatorio Petrolero Sur armaron una línea de tiempo de los accidentes solo en Allen. En 2014 explotaron dos pozos y otro se incendió y provocó llamas de hasta 15 metros de altura. El 2015 fue el año de los derrames. Fueron cuatro. En uno de ellos, en julio, los fluidos terminaron en una laguna que se conecta con otras que, a su vez, desembocan en el río Negro. La empresa Yacimientos del Sur (YSUR, subsidiaria de YPF) les ofreció a una veintena de vecinos de Calle Ciega 10 una compensación de 44 mil pesos al año, pero les exigió a cambio una cláusula de confidencialidad, la colaboración con la empresa en caso de protestas y la renuncia a nuevos reclamos.

(OPSur)
(OPSur)
(OPSur)
(OPSur)

Ese año también hubo una sucesión de explosiones en el pozo EFO 280, pero para el gobierno rionegrino fue un mero "silbido". Tras la denuncia de los vecinos, el secretario de Energía, Marcelo Echegoyen, fue contundente. "Estoy viendo en Google Earth y acá no hay ningún barrio", declaró.

Al año siguiente se produjo el accidente más importante que se conoce en la zona, cuando se fugaron 240 mil litros de la llamada "agua de formación" de los pozos 360 y 362. Murieron animales y árboles frutales.

En 2016 se derrameron 240 mil litros de “agua de formación” (OPSur)
En 2016 se derrameron 240 mil litros de “agua de formación” (OPSur)

Hubo más incidentes. La mayoría de las veces, según los vecinos, les dicen que son simulacros, lo que contrasta -de acuerdo a esos testimonios-, con la cara de pánico de los trabajadores.

La polémica se redobla cuando la encargada de controlar está íntimamente ligada a la industria petroquímica. La secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani, fue dueña y trabajó hasta 2014 en Quinpe SRL, una empresa que se dedica al transporte, almacenaje y distribución de productos químicos y residuos relacionados con la extracción de hidrocarburos; y entre sus clientes tiene a YPF, Petrobras, Halliburton, TGS y Schlumberger, de acuerdo a una denuncia por contaminación que presentó este año la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), por pedido del presidente del Concejo Deliberante de Estación Fernández Oro, Claudio Correa.

Contaminación invisible

Más allá de los accidentes, la contaminación de los pozos de gas y petróleo muchas veces no se puede ver. Eso es lo que buscó demostrar la ONG Earthworks cuando visitó Estación Fernández Oro con una cámara infrarroja traída desde los Estados Unidos para registrar gases invisibles que son altamente tóxicos y potencialmente mortales, conocidos como compuestos orgánicos volátiles (COVs), entre los que se encuentran benceno, butano, etilbenceno, metano, propano, octano, tolueno y xileno.

"Las personas expuestas a la contaminación de COVs que hemos detectado en Argentina pueden sufrir consecuencias a la salud al corto y al largo plazo, incluyendo padecimientos de cáncer", explicó el ambientalista Pete Dronkers, de la ONG.

El siguiente video fue filmado el 29 de marzo en un pozo de fracking en el corazón de la zona productiva de Allen, cerca del Río Negro. Como se puede ver, en las primeras imágenes no se ve nada raro, porque la contaminación no es visible, pero una vez que se activa el sensor infrarrojo, la enorme pluma de compuestos orgánicos volátiles queda expuesta:

Sin registros

—¿De dónde sos?

—De Allen

—Yo también.

—Yo también.

El diálogo, simplificado en este artículo, se dio en una sala de espera de un hospital de Neuquén en la que varias madres se dieron cuenta de que tenían dos denominadores en común: conviven con el fracking y los agroquímicos, y sus hijos tienen leucemia. Entonces surgió una sospecha que luego fue admitida por el ministro de Salud provincial, Fabián Zgaib, a una periodista de Roca, y por su secretario a los vecinos: que en Allen hay al menos 7 casos de leucemia, es decir, entre tres y cuatro veces más de lo que estadísticamente es esperable.

Poco después una médica que pidió mantener su identidad reservada engrosó la cifra y le confesó a los vecinos que en realidad eran 12 casos, pero que como la mayoría estaban siendo atendidos en Neuquén, las estadísticas de Río Negro no lo reflejaban. Oficialmente, para la Provincia, hubo cuatro muertes y cinco internaciones por leucemia en Allen entre 2013 y 2017.

Infobae solicitó los datos duros a la cartera sanitaria, pero se encontró con muy poca colaboración. Eso sí: no quisieron decir cuántos casos hay en total ni desmintieron los siete denunciados por los vecinos. "Desconozco", se limitó a aclarar un vocero. Al margen de que la información no se pudo chequear, lo que queda al descubierto es una constante de las zonas en las que hay proyectos extractivistas sospechados de contaminación: el secretismo de las estadísticas médicas.

Al respecto, Allen tiene otro caso paradigmático, el de Rubén Ibáñez, que vive con su esposa y uno de sus hijos en el barrio Costa Este. Era el casero del Vivero El Alto, que ahora está abandonado. La dueña -dice- aceptó una "ayuda" de YPF para que unas cañerías pasen por debajo de sus tierras y dejó de lado el camino productivo. Detrás de su casa, a unos 10 metros, hay un arroyo. Del otro lado hay instalaciones petroleras de cuya existencia la familia Ibáñez se enteró por el ruido, cuando levantaron la torre de fracking. Nadie le avisó.

El pozo AP.RN.EFE 141 está a unos 75 metros de la casa de la familia Ibáñez (Greenpeace)
El pozo AP.RN.EFE 141 está a unos 75 metros de la casa de la familia Ibáñez (Greenpeace)

En la familia Ibáñez están convencidos de que los problemas de salud de Rubén empezaron de la mano del pozo AP.RN.EFE 141, que explotó a las 21 horas del 19 de marzo de 2014. "Saltaron las válvulas y se produjo una llamarada. Todo alrededor tembló. Fueron muchas horas con los gases tóxicos saliendo. Nadie nos vino a ayudar. La médica que llegó después no quería ni bajarse de la ambulancia para verme", repasó Rubén. "Yo empecé con asma y problemas respiratorios, y al final me encontraron una mancha en el pulmón derecho, pese a que nunca fumé", contó.

La palabra cáncer no es parte de su relato. Pero su esposa es más cruda. "Tiene un tumor", lanzó Zulema Campos mientras miraba su celular gastado en la cocina de su casa. "El agua no sirve ni para regar las plantas, porque sale contaminada. Todo es un desastre acá", se quejó. Poco antes de recibir a Infobae habían sufrido otro accidente de gran magnitud.

Rubén Ibáñez (Greenpeace)
Rubén Ibáñez (Greenpeace)

A Rubén no le quisieron dar los resultados de sus estudios en el hospital de Allen y, según denunció, tuvo que impulsar una acción judicial para acceder a sus antecedentes. La fiscal Julieta Villa ordenó un allanamiento en el que solo encontró la tapa de su historia clínica. No había nada más. Alguien quiso ocultar el antecedente.

El caso de Allen recuerda al de Bothel, un pequeño municipio alemán del estado de Baja Sajonia en el que la tasa de cáncer duplica a la esperada en la zona. En uno de sus pueblos, Bellen, uno de cada cinco vecinos tiene cáncer. ¿Los más comunes? Leucemia y linfoma. ¿Las causas? No están claras, pero ante la consulta de Infobae el médico local Mathias Bantz dijo que sospechan de la extracción de gas a través de fracking.

Determinar las causas de los problemas de salud asociados al ambiente siempre es un desafío. Y en el caso de Allen hay "por lo menos tres líneas de acumulación" de contaminación, según advirtió a este medio la socióloga Maristella Svampa, que acaba de publicar Chacra 51 (Sudamericana) sobre las transformaciones en Allen. "La primera, que está ligada al uso de agroquímicos en la agricultura; la segunda es la primera avanzada petrolera de los setenta en adelante; y la tercera es el fracking, que es como el tiro del final", indicó.

Fracking y salud

Quizás la falta de claridad sobre la situación de la leucemia en Allen y el caso de Rubén Ibáñez tengan que ver con los estudios que vinculan al fracking con los problemas de salud. Lejos del discurso que rezan las petroleras, una de las investigaciones más importantes sobre el tema fue realizada por la Universidad de Yale en base a 624 pozos en el Condado de Washington, en Pensilvania, y concluyó que la frecuencia de los problemas de salud aumentan a medida que las personas viven más cerca de los pozos. Las enfermedades que más encontraron fueron erupciones cutáneas y problemas en las vías respiratorias.

Esos resultados van en la misma línea de dos estudios que vinculan el fracking al aumento de la tasa de hospitalizaciones en Pensilvania. Hay también un estudio en Estados Unidos que detectó hasta un 600% de aumento en la mortalidad infantil en las zonas cercanas a los pozos, otro que relaciona el fracking con el bajo peso al nacer y un tercero que lo asocia a defectos congénitos de corazón y de tubo neural en recién nacidos. También hay una investigación de la Universidad de Massachusetts con ratones que lo vincula al cáncer de mama. Y en los Estados Unidos encontraron que aumentaron las enfermedades de los perros que viven en torno a las torres.

El propio Departamento de Salud de Nueva York emitió un dictamen antes de prohibir el fracking en el Estado de Nueva York que concluyó que hay muchas lagunas de conocimiento hasta ahora, ya que los estudios son pocos y limitados, pero aclaró que los resultados son "sugerentes". Por eso la pregunta es si acaso en materia sanitaria la norma no debería ser la prevención.

Agua, derrumbes y sonidos insoportables

Aunque los activistas antifracking suelen subrayar entre sus argumentos los peligros del cambio climático, los vecinos no hablan de eso, sino de problemas concretos. Su preocupación es otra. Estela Sánchez vivía en Guerrico, a unos 12 kilómetros de Allen. Tuvo que abandonar su casa porque el agua salía literalmente negra. Los análisis solicitados por el Departamento Provincial de Aguas a los que accedió Infobae detectaron la presencia de 0,10 miligramos por litro de hidrocarburos en el agua que salía de sus canillas. También había algunos químicos que no deberían haber estado en el agua, como manganeso, hierro total y carbonatos. Otros valores dieron por encima de lo aconsejable, como dureza total, bicarbonatos, sulfatos y el PH, entre otros.

Estela cambió, entonces, la chacra en la que plantaba peras y manzanas por una casa en la ciudad de Allen. Sin embargo, como muchos de sus vecinos, sigue comprando agua embotellada.

Roxana Velarde llegó hace 20 años a Allen. Pero la vida, dice, ya no es igual. "Lo primero que empezamos a notar son los problemas de salud. Vómitos, dolores de estómago, dolor de cabeza, olor a azufre todo el tiempo; vecinos con pancreatitis, dolores muy seguido", repasó.

Roxana Velarde llegó hace 20 años a Allen (OPSur)
Roxana Velarde llegó hace 20 años a Allen (OPSur)

Su caso está entre los más extremos: su casa literalmente se vino abajo. Aclaró que no es la única y recordó su nefasta experiencia. Comentó que todo empezó cuando se hizo intenso el tránsito en la zona por los camiones. El piso se empezó a levantar y las paredes, a rajar. Luego arrancó el fracking y hace unos seis meses llegó su Día D. "Estábamos todos afuera, tomando mate. Adentro estaban mi nieto de 3 años y uno de mis hijos mirando la televisión cuando se cayó el techo de una pieza y de la mitad del living. Ellos por suerte estaban en la parte del comedor, si no los podría haber aplastado", advirtió.

Así quedó la casa de Roxana Velarde tras el derrumbe.
Así quedó la casa de Roxana Velarde tras el derrumbe.

A pesar de que todos los testimonios tienen muchos lugares comunes, a diferencia de otros sitios en los que hay conflictos ambientales, en Allen no hay una organización que nuclee a los vecinos. Uno de los pocos que impulsa algún tipo de lucha colectiva es Juan Carlos Ponce, miembro de la Asamblea por el Agua.

"Defiendo la tierra, porque me crié en las chacras", expuso Ponce, gasista matriculado de profesión. "Acá en verano no se puede respirar. Pero además de la contaminación, el ruido es insoportable. Nosotros con un recurso de amparo logramos una multa de 2,5 millones de pesos a unas torres por contaminación sonora", indicó.

RSE

Aunque para Juan Ponce "la responsabilidad social empresaria es una coima", en YPF la ven como una estrategia válida para relacionarse con la comunidad en la que desarrollan sus actividades "orientados a generar valor compartido, fortalecer la licencia social y el compromiso de los empleados de la compañía", según explicaron desde la empresa a Infobae.

La Fundación YPF trabajó en el desarrollo del Plan Allen Sostenible. Además, desde 2014 realizó 26 capacitaciones en la zona, de las que participaron 484 alumnos que se especializaron en distintas áreas como construcción, energía eléctrica y software.

Para los próximos cuatro años, además, la empresa acordó con el gobierno provincial y la municipalidad un plan de obras por más de 50 millones de pesos para la construcción de una nueva terminal de ómnibus, la entrega de asfalto para pavimentación de calles y el mejoramiento de espacios verdes.

La petrolera, además, ya realizó la conexión de 115 viviendas del barrio Costa Este a la red troncal de gas. También entregó hornos, calefactores y termotanques. La inversión fue de 15 millones de pesos. Y planea construir un nuevo centro operativo de 1.200 metros cuadrados cubiertos para concentrar toda su operación de la provincia de Río Negro en Allen.

Petróleo en la comida

Sin embargo, la convivencia con los vecinos y la producción tiene sus límites. Con la premisa de que el fracking y el cultivo de frutas, verduras y hortalizas no son compatibles, en agosto de 2013, el Concejo Deliberante de Allen aprobó una ordenanza que prohibía el fracking en el ejido de la comuna y le pidió al gobierno provincial que impulse en la justicia una medida de no innovar. Pero tres meses después, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró la inconstitucionalidad de la norma, porque consideró que la provincia tiene "competencia exclusiva" en materia hidrocarburífera.

Según explicaron a Infobae tras un pedido de acceso a la información, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no mide la presencia de sustancias relacionadas con la producción de hidrocarburos en las frutas y hortalizas producidas en Allen, ya que sus controles se centran en residuos de agroquímicos. La pregunta es si los hidrocarburos o los elementos químicos que participan del proceso de extracción pueden contaminar la producción. Y si acaso el Senasa no debería controlarlo.

La Concerned Health Professionals de Nueva York publica desde hace años un compendio de hallazgos científicos sobre el fracking, cuyas autoras estuvieron el año pasado en Allen. Un capítulo entero del texto está destinado a las amenazas para la agricultura y la calidad del suelo en base a lo que ocurrió en algunas zonas de los Estados Unidos.

Algo que se encuentra muy seguido -y está documentado en California- es que varias compañías utilizan los pozos para eliminar las aguas residuales del fracking (flowback), que se conectan con fuentes de agua de calidad, en las que se detectaron arsénico, talio y nitratos. Esta técnica que se usa en casi la totalidad de los pozos en Vaca Muerta ha generado casos de contaminación, aunque las empresas aseguran que es un método seguro que está sometido a controles internos y externos.

"El porcentaje de agua que retorna luego de su inyección en el pozo es de entre un 25 y un 50%. La misma es sometida a un proceso físico químico de tratamiento para que alcance los valores del permiso de vertido -inyección en pozos sumideros- que otorga la autoridad de aplicación. Esto implica que el agua que se inyecta queda con una calidad de agua como la que existen en esas profundidades, que no es potable en su condición natural", explicaron desde YPF.

"Hoy casi la totalidad de las aguas de flowback de no convencional son vertidas en pozos sumideros muy profundos que en el caso de Vaca Muerta superan los 1200 mts de profundidad. Los cursos de agua potable se encuentran en esa zona por arriba de los 450 metros y se elige la formación que está a 1200 mts para inyección porque hay un sello geológico que la separa de los acuíferos usables. Por lo tanto es imposible que esas aguas se mezclen", abundaron desde YPF.

No obstante, no todos están de acuerdo con esa idea. "Cuando se haga la fractura hidráulica el hidrocarburo buscará la superficie y en ese camino está el acuífero. Entonces que haya 1700 metros de distancia [entre la formación y la fuente de agua] no es impedimento para que se contamine el agua, es solo cuestión de tiempo. Incluso los riesgos pueden suceder cuando la compañía se haya ido", advirtió el ingeniero en petróleo Eduardo D´Elía, citado por el investigador Diego Rodil, en un estudio que fue censurado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Hay otros problemas detectados vinculados a la agricultura. Por ejemplo en Dakota del Norte, por los derrames, algunos niveles de cloruros fueron tan altos que superaron la capacidad de medición del Departamento de Salud. En Pensilvania, el Departamento de Protección Ambiental encontró que las fugas de las lagunas de aguas residuales contaminaron el suelo y las aguas subterráneas. En un tercer estudio, dos científicos de Colorado concluyeron que la restauración de las zonas en las que hay pozos requiere décadas e intensos esfuerzos. Por último está el problema de la contaminación lumínica, ya que los pozos están iluminados las 24 horas del día.

Producción

En 2015 se conoció una denuncia que tuvo amplia repercusión, cuando la productora de frutas orgánicas Jessica Lamperti, de Allen, contó en su cuenta de Facebook que un cliente del exterior le había dicho que quería "fruta libre de fracking" y que ya no le iba a comprar.

Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en 2008 en Allen se plantaron 6.453,3 hectáreas de peras y manzanas. El año pasado fueron 5.445 hectáreas, es decir, más de mil hectáreas menos.

La explicación, para Diego Rodil, es compleja. Dijo: "Hay multicausalidad, pero las malas políticas hacia las economías regionales y la vía libre al fracking, sin consulta a la ciudadanía, son las principales responsables".

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