"El paraíso bajo disputa". Así podría llamarse el nuevo capítulo en la saga del conflicto territorial entre la comunidad indígena Paicil Antriao e inversores y propietarios de Villa La Angostura (VLA), supuesto enclave ancestral mapuche y refugio de descanso del presidente Mauricio Macri, la reina Máxima Zorreguieta y del turismo de alta gama. Entre todos los destinos turísticos patagónicos, VLA es el que hoy concentra una mayor conflictividad, si se lo mide por el número de disputas patrimoniales que enfrentan los inversores privados. Aunque ninguno de esos pleitos se tradujo en agresiones explícitas o incendiarias como en el caso RAM.

Hoy, una cotizada franja de 168 hectáreas en las áreas costeras y boscosas de los lagos Correntoso, sobre el cerro Belvedere, y del brazo norte del Nahuel Huapi son eje de denuncias y reivindicaciones cruzadas. Existen más de una decena de predios tomados o en litigio y al menos una usurpación —la más reciente— efectuada de forma violenta por personas identificadas como ajenas a esa comunidad.

A raíz de esa incesante conflictividad se suspendieron diferentes proyectos inmobiliarios y turísticos de lujo.  La inversión total en ese disputado rincón del Edén patagónico suponía unos USD 50 millones para la edificación de hosterías, un complejo de viviendas impulsado por Emanuel Ginóbili, un loteo premium de 86 hectáreas por parte de un fideicomiso junto a la proyección de un centro de convenciones con escuela de turismo internacional. La aspiración de los inversionistas se enfoca en el desarrollo de esa área casi virgen. También en romper con la estacionalidad turística y en arrebatarle a Bariloche una tajada del negocio de convenciones, con un centro boutique construido para tales fines, orientado al segmento europeo y estadounidense de altos ingresos. Todo eso—argumentan los inversores— precipitaría  el efecto derrame para una villa de montaña, cuya población estable de 16.000 habitantes se nutre mayoritariamente del turismo.

Desde la visión indígena, en contraposición, es la codicia de los inversores con la intrusión a sus "territorios comunitarios" la que no conoce límites. Por eso, las 51 familias mapuches, unas 200 personas—según apunta el werken de la comunidad Paicil Antriao, Florentino Nahuel—se han organizado para impedir que se vulneren lo que aseguran son sus dominios tradicionales. La lof ha consensuado una planificación territorial sui generis, denominada "del buen vivir" con parcelas asignadas a cada una de las familias, para que ellos y las futuras generaciones puedan desarrollarse en comunión con la naturaleza de acuerdo a su cosmovisión y modo de vida.

Desde hace años, los argumentos de unos y otros son los mismos. La justicia civil y penal tampoco dirime la disputa, imposibilitada por la ley 26.160, de relevamiento territorial, que prohíbe los desalojos.

"No es inacción judicial. La situación es extremadamente compleja. Venimos estudiando los antecedentes de 61 causas civiles y penales previas y ya ordenamos medidas, como la identificación de ocupantes, en el último terreno tomado semanas atrás", dijo el fiscal jefe de la región sur, Fernando Rubio. "Cada caso es particular. Hay predios que estarían efectivamente usurpados y hay también otros casos de viejas tomas en terrenos que los inversores adquirieron a buen precio conscientes de los litigios previos".

Días atrás, un nutrido grupo de damnificados llevaron su planteo por la enajenación patrimonial y el freno a sus inversiones ante el Ministerio de Seguridad, autoridades de la provincia de Neuquén, Parques Nacionales y el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Durante casi cuatro horas el grupo expuso la problemática en la sede de esa cartera y fruto de ese cónclave ahora trasladará sus reclamos al Procurador General de Neuquén, José Gérez.

Entre otras cuestiones, varios de ellos denunciaron la insólita usurpación de un funcionario municipal mapuche, del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Acusaron al secretario de Ejecución y Fiscalización de Viviendas Sociales, Alberto Hermosilla, quien en los registros oficiales figura como miembro de la comunidad Paicil Antriao, de haber construido en 2014 su cabaña de fin de semana dentro de un predio propiedad de La hostería La Posada, sobre el Nahuel Huapi.

A partir de esa mención, el conflicto territorial adquirió otro cariz, según pudo reconstruir este medio.

Hermosilla, chileno de nacimiento, se instaló en VLA con sus padres y hermanos a los 4 años y se nacionalizó argentino. Trabajó en esa misma posada como gerente y se casó con la mapuche Sara Quiroga, hija de Elma Quiroga, quien también se desempeñó como encargada de limpieza de ese establecimiento. Muchos años después los Quiroga se enrolaron como miembros inaugurales de la comunidad Paicil Antriao. El funcionario municipal, sin embargo, tomó distancia de esa controversia. Consultado por Infobae, dijo que esa casa, levantada sin planos aprobados por el municipio y por la que tampoco se pagan impuestos de ningún tipo, es de su mujer y de su suegra.

"Me involucran en esta disputa sólo por mi condición de funcionario. Hablen con mi esposa o con mi suegra", se desentendió, lacónico Hermosilla. Lo cierto es que la hostería La Posada ha sido intimada por la propia municipalidad por no haber declarado esa construcción dentro de su fracción catastral. El funcionario goza de la propiedad supuestamente de su esposa, sin título de propiedad y con la prebenda de la "exención" irregular de impuestos o la declaratoria de bienes personales. Según los damnificados, en Villa La Angostura goza de ciertos "privilegios" y hasta consta en una de las tantas causas que le iniciaron un testimonio que le indilga haber reconocido que él "no presentaba planos de construcción porque la municipalidad a mí no me los exige".

Jorge Núnez es el apoderado de Tije Inversiones, empresa propietaria de la hostería La Posada, que junto a otros 10 hoteleros locales proyectó la construcción en su predio de 10.000 metros sobre el lago Nahuel Huapi de un centro de convenciones boutique para impulsar el turismo en VLA todo el año. Es el principal enemigo del funcionario. Tanto en el fuero penal ordinario, como en el federal y en la justicia de faltas, denunció la explotación comercial de un camping, un salón de fiestas, un puerto y una guardería náutica en terrenos usurpados a la hostería y a otros dos propietarios vecinos: Carlos Romano y Juan Terzolo, ambos presentes en la reunión en el Ministerio de Seguridad.  "Operan en la ilegalidad, carecen de habilitación municipal, inscripción en la AFIP o en la Anses para el personal que trabaja en negro. Y en el caso de Puerto Elma, el embarcadero ilegal sobre el Nahuel Huapi de su mujer y de su suegra mapuche, emplazado en terrenos donados en 1989 con la condición de que no usurparían más tierras, tampoco cuentan con habilitaciones ni de Prefectura Naval ni de Parques Nacionales", arremetió.

Núnez grafica con esos ejemplos lo que describe como una operatoria comercial discrecional por parte de miembros de comunidades indígenas cuya titularidad de tierras, en este caso, no son de índole comunitaria, sino a títuto personal de la familia Quiroga.

"Tres años atrás, el francés Erwan Le Gloahec se mató al chocar con una roca durante una navegación nocturna. Había salido de pesca con dos amigos en un gomón que el dueño guardaba en la guardería náutica ilegal de Puerto Elma", contó por su parte a Infobae el ex propietario de un terreno sobre el faldeo del cerro Belvedere que balconea sobre Correntoso. Cansado de la problemática mapuche vendió la propiedad. Cuando el comprador, el empresario Fabián Converti se disponía a construir allí un complejo de viviendas, fue expulsado violentamente del predio semanas atrás por personas que el Ministerio Público Fiscal ya habría identificado.

El werken Florentino Nahuel admite las irregularidades por la ausencia de habilitaciones comerciales pero niega de forma categórica que individuos ajenos a su comunidad se utilicen para las recuperaciones o resguardos territoriales. Dice que son suficientes los miembros de la lof como para actuar ellos mismos como custodios de su patrimonio.  "Estamos tratando de acordar con el intendente para establecer un ordenamiento de manejo del camping y de otras explotaciones—dice—, pero como comunidad mapuche nos asiste un derecho constitucional y tampoco no se nos puede negar que desarrollemos actividades turísticas. De algo tenemos que vivir."

Su comunidad hace tiempo que cobra una entrada o peaje de exiguos $50 a los turistas que se adentran en ese bosque milenario para visitar la casada Inakayal dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Lo exigen porque se atraviesa "territorio mapuche del Lof Antriao".

La cuestión de fondo es la legitimidad de sus reclamos y de las ocupaciones de hecho por parte de esa comunidad que, según denuncian los inversores, viene creciendo exponencialmente en número de integrantes no mapuches, y que no está legitimada para reclamar territorio por la provincia de Neuquén.  Aunque la lof cuenta con personería jurídica otorgada en 2007 por el INAI y un relevamiento territorial inconcluso de 2015, en ese organismo aseguraron que en 12 años los Paicil Antriao nunca presentaron documentación que avale el otorgamiento de la territorialidad que exigen como ancestral.

 Revisión de antecedentes

Jorge Lara, ministro de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, dice que se revisarán los antecedentes de ésa y al menos de otras dos comunidades que a instancias de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) alientan tomas en lugares estratégicos. A Lara ahora lo respalda el fallo de la Corte Suprema de esta semana que les quitó la personería jurídica a otras seis comunidades reconocidas por el INAI, que no habían sido legitimadas por la provincia.  "Vamos a estudiar la situación de Paicil Antriao en Villa La Angostura, de la comunidad Kaxipayiñ en Vaca Muerta y de la Newen Mapu en Neuquén. Está claro que en muchos casos se especula con las tierras que ocupan, ya sea porque existen explotaciones hidrocarburíferas o porque se asientan sobre territorio en costas de lago, valuados en millones de dólares", dijo Lara.

Según los antecedentes estudiados por el ministerio que conduce Lara que validó el derecho a reclamar territorio a un total de 50 comunidades neuquinas, la lof Paicil Antriao carece de legitimidad.

"La comunidad está considerada como una lof urbana, es decir, que no es ancestral, ni originaria, ni tradicionalista", dijo en reserva por su parte el INAI durante la reunión con los inversores.

Baqueanos chilenos

El grupo indígena argumenta que a los baqueanos chilenos José María Paicil, nacido en Llanquihue, y a Ignacio Antriao, oriundo de Osorno, el presidente Julio A. Roca les cedió en condominio en 1902 lo que se denominó como lote pastoril número 9, de 625 hectáreas. Lo hizo en retribución por su contribución en la fijación de límites geográficos con Chile y por entonces los baqueanos usaban esas tierras para el pastoreo.

No obstante, según los antecedentes a los que accedió Infobae, la cesión no fue en calidad de comunidad indígena, sino a título personal de ambos. En 1950, por pedido de sus herederos las tierras se dividieron y en lo sucesivo las distintas sucesiones los fueron vendiendo. Tanto los mapuches como su abogado, Luis Virgilio, sostienen que a los herederos mapuches los despojaron mediante engaños o pagos a precio vil de sus dominios en boletos de compra venta rubricados con el pulgar por mapuches analfabetos.

"Sobre las 625 hectáreas entregadas originalmente hoy no quedan terrenos que hayan revestido carácter comunitario. Todos se fueron vendiendo a terceros a título privado. No existe ningún registro de que siquiera una vez hubieran tenido uso comunitario pretérito", adelantó Lara.

Virgilio insiste con los engaños por parte de compradores inescrupulosos hábiles para el despojo. "¿Qué alguien me explique como Ginóbili compró 20 hectáreas de bosque sobre el Correntoso en 2004 que cuestan millones de dólares por tan solo US$ 150.000?", dispara. "Ese precio indica que el terreno se vendió con ocupación indígena incluida", suelta.

Si bien no lo dice explícitamente, el ministro Lara da a entender que el INAI, esta vez conjuntamente con la provincia de Neuquén, pondrían un punto final a las reivindicaciones mapuches en las costas de lago de Villa La Angostura.

Otro tanto sucedería con una de las comunidades que impone un canon mapuche en Vaca Muerta, más allá del territorio que la provincia les reconoció por el uso tradicional del suelo. Cuentan con el precedente de la Corte Suprema de Justicia. "Aunque podría instrumentarse por otras vías", dispara Lara.