La irrupción de aplicaciones como Uber o Cabify al sistema de transporte de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, conflictiva y con el fuerte rechazo por parte de los sindicatos que nuclean a los taxistas, empieza a replicarse en provincias como Mendoza, Misiones y Santa Fe. A diferencia del territorio porteño, en todos estos lugares se presentaron en los parlamentos proyectos para habilitar el transporte mediante plataformas electrónicas.
Y la discusión también llegó a Buenos Aires. Un diputado provincial del oficialismo, Guillermo Castello, presentó la semana pasada una iniciativa para modificar la Ley de Transporte y para que estas aplicaciones tengan vía libre para poder operar. Hasta el momento, y de acuerdo informaron a Infobae desde el gobierno bonaerense, se trata de un proyecto individual que no representa la postura del Ejecutivo. Hablan, además, de un escenario "complejo", porque además de los taxis en la Provincia funcionan miles de remises.
La respuesta de los taxistas no se hizo esperar. "Me gustaría preguntarle a Castello, que impulsa el desembarco de UBER, si le interesa destruir un sector como los taxis o remises. Detrás de esto hay un negocio multimillonario, así que me gustaría preguntarle de cuánto es la coima que recibió", señaló el secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de La Plata, Juan Carlos Berón, en diálogo con Radio Provincia.
No solo eso. Planteó también que "si a todo lo que es ilegal lo transformás en legal, cualquiera va a trabajar de cualquier cosa" y se refirió a la posibilidad de que se repliquen los casos de violencia que tuvieron -y tienen- lugar en Capital Federal. "Yo no apoyo la violencia, pero si los trabajadores del taxi ven peligrar su fuente de trabajo, yo no los voy a juzgar".
Castello, en diálogo con Infobae, señaló que en el Gran Buenos Aires "hay 35 mil conductores que están dando vueltas y más de 2 millones de personas que se bajaron la aplicación; hay una demanda ciudadana muy fuerte pero hay autoridades y jueces que no saben cómo afrontarla. Hay una necesidad y hay un vacío legal".
"Hablé con algunos intendentes, muchos están de acuerdo en que haya competencia, en que haya menores precios. Habrá que discutirlo, dar el debate en la Cámara. El proyecto es para que no haya competencia desleal, les pedimos (a los Uber) los mismos requisitos: licencia, certificado de antecedentes penales, monotributo, seguro de transporte, VTV al día. Hay antecedentes como Mendoza en donde se obtuvo uan sanción casi por unanimidad", agregó el diputado oficialista.
La iniciativa, en el artículo 65, dispone que la autoridad de aplicación llevará un registro de los vehículos prestadores del servicio, de los titulares registrales, de los conductores, de las empresas de redes de transporte y de las plataformas electrónicas utilizadas por éstas.
Se establece, además, que los conductores de taxis y remises podrán ofrecer el servicio a través de este tipo de aplicaciones.
Entre los argumentos, se destaca que "las bondades de los servicios brindados bajo esta modalidad son varias y evidentes". "Los precios suelen ser más bajos que los ofrecidos actualmente en el mercado y hay mayor seguridad para el pasajero y el conductor en la medida en que ambos conocen la identidad del otro con anticipación", se afirma en el texto.
Puntualiza también en las fuentes de trabajo que generan estas aplicaciones. "La flexibilidad propia de la modalidad y la naturaleza civil del contrato permiten un sinfín de posibilidades de trabajo para miles de personas que pueden prestar el servicio de manera parcial, pocas horas por día o semana, lo que incluye en el mercado laboral a muchos que hoy se encuentran excluidos, como jubilados, estudiantes universitarios, amas de casa e incluso personas con trabajo que quieran aumentar sus ingresos, entre los cuales pueden encontrarse los propios taxistas y remiseros".
Por último, hace referencia a la resistencia por parte de taxistas y remiseros. "Es muchas veces violenta, ha encontrado eco en una dirigencia política más proclive a escuchar argumentos sectoriales que a velar por el interés general y una Justicia en la que no abundan magistrados imbuidos del espíritu liberal que trasunta nuestra Ley Suprema y que ha hecho grandes a todos los países que lo han respetado", finalizó Castello en el proyecto.
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