Cómo se aplicó y cuáles fueron los resultados de la legalización del aborto en Uruguay

Lo explicó Leonel Briozzo, ex viceministro de Salud de ese país cuando se reglamentó

Leonel Briozzo, el primero de la izquierda, durante su intervención en el Senado
Leonel Briozzo, el primero de la izquierda, durante su intervención en el Senado

Leonel Briozzo, ex viceministro de Salud de Uruguay, junto a Pío Iván Gómez Sánchez, integrante de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y Coordinador del comité de derechos sexuales y reproductivos de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), vinieron a Buenos Aires invitados por FUSA Asociación Civil para reunirse con asesores de diputados nacionales que están debatiendo el proyecto de legalización del aborto para intercambiar información académica y científica.

Luego de este encuentro, que se llevó a cabo en el anexo de la Cámara de Senadores, Briozzo participó de una rueda de prensa, a la que asistió Infobae, y contó cómo fue la experiencia de la legalización en Uruguay y cuáles son hasta el momento sus resultados.

El ex funcionario mencionó cinco cambios positivos que son notables desde la aplicación de la ley. Primero, la baja en la mortalidad materna, llevando a Uruguay a ser el segundo país con el índice más bajo de esta problemática en América, detrás de Canadá. Hoy la tasa de muertes vinculadas al embarazo, parto, puerperio y aborto es de 14 cada 100 mil nacidos vivos. 

Esto vino de la mano con la baja en la mortalidad infantil: "Al bajar la mortalidad materna, la madre se convierte en un soporte para sus hijos y están más resguardados", razonó Briozzo. En 2017 murieron 6,6 niños cada mil nacidos vivos, 100 menos que en 2016, cuando la tasa fue de 7,9 cada mil. 

Asociado a esto, le sumó que casi no existen casos de mujeres con infecciones u otras dolencias o heridas producto de abortos autoinfligidos porque ya no se realizan de forma clandestina.

Otro dato que destacó el ex viceministro fue que ahora Uruguay es uno de los países "con menos abortos del mundo" y que gran parte de ese logro fue haber construido "un modelo de reducción de riesgos y daños".

También resaltó que hay menos embarazos no deseados por la concientización que hubo de tomar anticonceptivos, sobre todo a las mujeres que abortaron: "Ganamos mucha tranquilidad. Hubo un buen impacto social. Se ve unánime el beneficio", resumió.

Según la norma uruguaya, una mujer debe consultar para abortar a un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social. A partir de ese día tiene que esperar cuatro días más para comenzar a tomar el medicamento. En ese lapso, explicó Briozzo, entre un 6% y un 10% decide continuar con el embarazo. 

Esta práctica es legal hasta la semana 12 de gestación y se extiende hasta la 14 si la mujer fue víctima de violación. Además, no existe plazo para abortar si hay riesgo para la salud de la madre.

Al momento de la reglamentación de la ley –se aprobó en 2012– uno de los principales desafíos de quienes la impulsaban era la objeción de conciencia de los ginecólogos, que está reconocida en el texto. Esto se combatió dándole a los médicos como primera opción no tener que practicar el aborto ellos mismos, sino recetándole a las mujeres la medicina correspondiente y que ellas puedan hacerlo en la privacidad de sus casas, acompañadas de quienes ellas quieran.

"En ese momento tuvimos un 30% de objeción de conciencia porque los médicos no tenían que hacerlo sino que daban el medicamento", aseguró Briozzo.

La ley vigente actualmente en Uruguay es la segunda que buscó legalizar la interrupción del embarazo. En 2007 se aprobó otro proyecto pero el entonces presidente Tabaré Vázquez la vetó con el aval de la ministra de Salud, María Julia Múñoz.

Ante la consulta a Briozzo sobre cómo fue el cambio cultural para que cinco años después la iniciativa prosperara, el ex viceministro explicó que pusieron el foco en hacer entender a la gente que se trataba de un problema sanitario. 

"Las noticias sobre el aborto salieron de las crónicas rojas y pasaron a las crónicas sanitarias. La opinión pública en general -medios, periodistas, especialistas, las charlas de café y de familia- entendieron que era un problema social en cuanto al impacto sanitario. Después lo relacionaron a los derechos de las mujeres a decidir y luego se volvió una cuestión de género", expresó.

Y concluyó: "Una mujer que no quiere un embarazo sigue siendo una ciudadana y tiene derechos de salud. En cambio, los derechos de un embrión solamente existen gracias a la mujer, están directamente relacionados".

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