El próximo lunes un enviado del Vaticano deberá presentarse ante la Justicia mendocina para declarar en la causa que investiga las denuncias de abusos a chicos sordos del Instituto Antonio Provolo en Luján de Cuyo.
El vicario judicial del Arzobispado de Córdoba, Dante Simón, fue convocado a las 8 de la mañana para dar explicaciones a la Justicia mendocina sobre qué sabía la Iglesia respecto a los curas enviados a la Argentina que ya tenían denuncias por delitos sexuales en Italia y qué tipo de investigación ha ordenado el Papa Francisco.
A fines de marzo, Simón y otro sacerdote viajaron a Mendoza a pedido de la Santa Sede para conocer los detalles de la causa.
La presencia de los enviados del papa Francisco generó polémica entre abogados y familiares de las víctimas que consideraron una intromisión de los religiosos en la investigación y la Justicia prohibió el ingreso al predio del instituto.
Además, la Comisión había reclamado la posibilidad de acceder a la causa y tomar una copia del expediente, requerimiento también rechazado hasta que se fundamente mediante un abogado la necesidad de acceder a una información mantenida bajo secreto de sumario.
El abogado de las familias víctimas del Próvolo, Sergio Salinas (ONG Xumek) señaló que volverán a oponerse a la intervención de la Iglesia en la causa judicial, basándose en recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha impugnado sistemáticamente las investigaciones paralelas impulsadas por la Iglesia a raíz de que "contribuyen a generar más impunidad y más abusos dentro de la institución".
Sobre la misión encomendada por Francisco, el enviado del Vaticano señaló que "siempre ante la posible comisión de un delito interviene la Santa Sede para ver si las denuncias son verosímiles". En diálogo con Radio Cadena 3 Simón explicó que bajo los preceptos del derecho canónico la Iglesia puede pedir investigar más o, en caso de hallar culpables, imponerles a los religiosos algunas penas que puede llegar hasta la expulsión por parte del Papa.
Sin embargo, el sacerdote aclaró que "se presume la inocencia de los religiosos, hasta que se demuestre lo contrario".
La causa que investiga las denuncias por abusos sexuales cometidos por personal del Instituto Próvolo y en la que han declarado más de 25 víctimas tiene seis detenidos.
Entre ellos, el sacerdote italiano Nicolás Corradi (82), quien cumple prisión preventiva y arrastra denuncias desde hace 50 años en Verona y el cura Horacio Corbacho (55); además de los administrativos y personal de maestranza Jorge Bordón (50), Armando Gómez (46) y José Luis Ojeda (41).
Y, por último la monja japonesa Kosaka Kumiko (42), que se presentó a la Justicia luego de estar prófuga y se declaró "inocente".
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