
Hoy por la mañana, César Ismael Maguna tuvo que sentir la incomodidad de un par de esposas mientras era trasladado desde la sede de la división Antisecuestros de la Policía Federal en la calle Cavia hacia una dependencia penitenciaria. Ayer por la tarde, la división Operativa Sur de la PFA lo arrestó luego de una serie de allanamientos en la zona de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, bajo la firma del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora a cargo del doctor Federico Villena.
Maguna había corrido durante un largo tiempo. Se lo buscaba por ser el presunto cerebro de uno de los secuestros más lucrativos en la historia reciente. El 23 de febrero último en la ciudad capital de Mendoza, una joven de 27 años, hija de un empresario dueño de una importante cadena de distribuidoras de bebidas, entre otros negocios, fue capturada por al menos seis hombres encapuchados con armas largas, un golpe con un alto profesionalismo criminal.
Su padre recibió el primer llamado. El botín final fue acorde a las ambiciones de la banda: 895 mil pesos. Habían pedido por la vida de la secuestrada, para empezar, un millón. Primero se hizo un pago de 400 mil pesos, el resto llegó luego de nuevas extorsiones, con una pequeña parte en dólares. El cautiverio duró doce horas.
Maguna no es el primero en caer por el caso. El resto de la banda ya fue arrestada. Hubo otros cinco presos entre mayo y comienzos de este mes, incluido uno que fue atrapado en el aeropuerto de Ezeiza. La Justicia les incautó capuchas, gran cantidad efectivo, armas largas de alto poder y sus correspondientes balas, con un ítem preocupante en la lista: varias radios de frecuencia policial.
La colaboración de la fuerza provincial mendocina, precisamente, es una de las mayores sombras del caso. Tres efectivos fueron detenidos en procedimientos a cargo del fiscal Fernando Alcaraz por colaborar supuestamente con la banda, incluido un oficial inspector, Aníbal Luna, destacado en la Comisaría N°49 de la zona de Maipú y un auxiliar de la misma jurisdicción, Marcelo Amaya.
Luna estaba sospechado, de acuerdo con medios mendocinos, precisamente por el robo de una radio tetra -con la que se comunica la policía- de la Comisaría 49º. No era la única sospecha: se cree que también participaron en robos rurales y asaltos a cajeros automáticos. "Usaban la radio policial para comunicarse con sus cómplices, y avisarles cuándo la Policía se acercaba al sitio del asalto", reveló una fuente citada por Clarín.

A la banda, por otra parte, le imputan un prontuario de peso, con otros dos secuestros casi tan lucrativos como el secuestro de la joven mendocina y que fueron investigados por el fiscal federal Sergio Mola. En ambos casos las víctimas fueron mujeres oriundas de Monte Grande. El primero ocurrió en esa zona en octubre de 2014, en la intersección de las calles Dorrego e Italiani. Otra vez, el primer pago fue de 400 mil pesos, para completar con otros 115 mil. La víctima fue liberada frente al predio de la AFA en Ezeiza.
El segundo ocurrió el 18 de junio de 2015, con un cautiverio de ocho horas. El pago fue al menos surtido: primero 400 mil pesos, luego otros 115 mil, luego 50 mil dólares y hasta 10 mil reales brasileños.
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