Semillas: ASA redobla la apuesta por una nueva ley para atraer inversiones y elevar la productividad del agro

La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) volvió a reclamar la modernización de la legislación de semillas como una herramienta clave para impulsar las inversiones, acelerar la innovación tecnológica y mejorar la competitividad del agro nacional. La entidad sostuvo que Argentina tiene la oportunidad de dar un nuevo salto productivo mediante un marco normativo que establezca reglas claras, previsibles y equilibradas, capaces de promover la investigación y el desarrollo genético. En ese sentido, remarcó que el desafío no consiste solamente en redistribuir el valor que actualmente genera el sector, sino en crear las condiciones para ampliarlo y multiplicar sus beneficios a lo largo de toda la cadena agroindustrial.

Desde ASA señalaron que el mejoramiento genético y el desarrollo de nuevas tecnologías son fundamentales para elevar los rendimientos, ampliar las alternativas disponibles para los productores y mejorar la adaptación de los cultivos a distintos ambientes y condiciones climáticas. Sin embargo, advirtieron que para sostener ese proceso es necesario contar con incentivos que reconozcan adecuadamente la propiedad intelectual y permitan proyectar inversiones a largo plazo. Según la entidad, un sistema moderno podría favorecer la llegada de nuevos desarrolladores tecnológicos, ampliar la oferta de variedades e incrementar la competencia, con más herramientas y soluciones para el productor argentino. El objetivo, subrayaron, es que la innovación se traduzca en mejoras concretas de eficiencia, productividad y sostenibilidad.

Uno de los puntos centrales de la discusión es el régimen de excepciones al pago por uso propio de semillas, una cuestión que involucra tanto el reconocimiento de los derechos de los obtentores como las distintas realidades económicas y productivas del campo. En este contexto, ASA destacó los esfuerzos realizados por la industria para acercar posiciones y avanzar hacia una propuesta de consenso. En particular, informó que revisó y amplió la superficie contemplada dentro del régimen de excepción al pago por uso propio respecto de su planteo original, con el propósito de atender las necesidades de los productores que requieran continuar accediendo a genética de calidad. Para la entidad, esta modificación constituye una señal concreta de flexibilidad y voluntad de diálogo para construir un esquema que contemple los intereses de los distintos actores.

La asociación también planteó que la actualización normativa debe evaluarse por su impacto económico y productivo, más allá de las diferencias sectoriales que genera el debate. Como referencia, mencionó la experiencia de Brasil, que avanzó en la incorporación de nuevas tecnologías y en la ampliación de su oferta genética, y consideró que ese recorrido demuestra la importancia de generar condiciones favorables para sostener la inversión en investigación y desarrollo. Desde esa perspectiva, Argentina necesita fortalecer su capacidad para atraer capital, impulsar nuevos desarrollos y competir en mejores condiciones dentro de la región. ASA sostuvo que una mayor inversión en genética puede contribuir a mejorar los resultados productivos y, a partir de allí, ampliar las exportaciones, generar empleo y dinamizar las economías regionales.

La industria semillera argentina, según destacó la entidad, cuenta con capacidades técnicas, conocimiento y una trayectoria de innovación que constituyen una base sólida para impulsar ese crecimiento. No obstante, consideró que ese potencial requiere un entorno regulatorio que ofrezca previsibilidad y confianza a quienes invierten en nuevas tecnologías.

La expectativa es que un marco actualizado permita acelerar la disponibilidad de variedades con mejores características agronómicas, responder a los desafíos productivos y climáticos y agregar valor a la producción agropecuaria. En ese escenario, ASA ubicó al productor argentino como el principal beneficiario de un sistema capaz de ampliar las opciones tecnológicas y mejorar la eficiencia, al tiempo que fortalezca el conjunto de la cadena agroindustrial.

Finalmente, la entidad destacó que las conversaciones desarrolladas hasta el momento permitieron identificar intereses compartidos y construir una base para continuar negociando. El desafío, sostuvo, es transformar los avances alcanzados en reglas claras, equilibradas y previsibles que compatibilicen el reconocimiento de la propiedad intelectual con las necesidades de los productores.