Ministra de Interior y Policía recalcó que “no estamos de acuerdo con los abusos policiales” tras la muerte de más de 100 prófugos de la justicia dominicana

Mientras crece el número de personas fallecidas en intervenciones de la Policía Nacional de República Dominicana, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que el Gobierno rechaza los abusos policiales y afirmó que reforzará la supervisión de las actuaciones de los agentes mediante cámaras corporales y sistemas de monitoreo.

La funcionaria difundió un video en sus redes sociales desde el Centro de Monitoreo y Control de la Policía Nacional, donde expuso las herramientas que, según indicó, permiten revisar el desempeño de los uniformados en las calles. Su pronunciamiento ocurre después de que al menos 107 personas murieran entre septiembre y octubre de 2026 durante presuntos intercambios de disparos con agentes.

Raful sostuvo que la seguridad ciudadana debe contemplar tanto la prevención del delito como el control de eventuales irregularidades cometidas por integrantes de la fuerza. “No, no estamos de acuerdo con los abusos policiales, como tampoco estamos de acuerdo con los abusos que cometen los delincuentes en contra de los ciudadanos de bien de este país”, afirmó.

La ministra puso el foco en los controles internos

En su mensaje, la ministra señaló que uno de los retos de la política de seguridad es mejorar los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la institución. “Uno de los mayores desafíos en materia de seguridad es mejorar nuestra capacidad de prevención y respuesta frente a la delincuencia, así como fortalecer la supervisión de las actuaciones policiales para garantizar una mayor transparencia”, expresó.

Según Raful, el Ministerio de Interior y Policía trabaja con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que cuenta con más de 10 mil cámaras instaladas en distintas zonas del país. La conexión entre ambas estructuras permite, de acuerdo con sus declaraciones, vigilar avenidas y calles, apoyar la persecución de delitos y revisar la respuesta de las autoridades ante situaciones de riesgo.

La ministra también informó que más de ocho mil policías ya disponen de cámaras corporales. Esos dispositivos, explicó, registran las acciones de los agentes durante sus patrullajes e intervenciones. “Esto permite que los órganos de control interno verifiquen que las actuaciones ejecutadas por nuestros agentes en el territorio hayan sido las correctas”, dijo.

Raful añadió que, si los registros muestran incumplimientos de los procedimientos o conductas contrarias a la ley, los responsables podrán enfrentar procesos judiciales y ser separados de la institución. “De lo contrario, poder someter a la justicia a cada una de estas personas y desvincular de las filas policiales”, sostuvo.

Más de 100 muertes en dos meses bajo investigación pública

El debate sobre la supervisión policial tomó fuerza tras el aumento de muertes en operativos atribuidos principalmente a la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim). A través de publicaciones periodísticas contabilizó 55 fallecimientos en septiembre y 52 en octubre, para un total de al menos 107 en dos meses.

La cifra de septiembre fue presentada por la Policía bajo la categoría de “acción legal” y correspondió al primer mes completo de la gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García como director de la institución. En agosto se habían registrado ocho muertes dentro de esa clasificación.

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre se informaron otros siete fallecimientos en Santiago, el Distrito Nacional, Bávaro y Moca. Entre las personas muertas figuraban Wilfredo Antonio Rodríguez Henríquez, alias “Bindo”; Rafael Antonio Uceta Acevedo, conocido como “el Gordito”; y Yonathan Arturo Castillo Rosario, alias “la Maña”.

La versión de la Policía sostiene que los fallecidos enfrentaron a los agentes durante las intervenciones y que en varios casos fueron ocupadas armas de fuego. El registro disponible no incluye, sin embargo, peritajes independientes, testimonios de familiares o decisiones judiciales que permitan establecer las circunstancias particulares de cada muerte.

Raful reconoció que la transformación institucional aún enfrenta tareas pendientes. “Nuestro principal objetivo es que nuestra Policía Nacional garantice el orden público trabajando con la ciudadanía en la construcción de una mayor seguridad para todos”, afirmó.