El Ministerio Público lleva a juicio al exministro de Hacienda de República Dominicana por supuesta defraudación millonaria

El Ministerio Público de República Dominicana presentó una acusación en juicio contra el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz y otros procesados por su presunta participación en una estructura que habría defraudado al Estado por más de 19,000 millones de pesos (USD 322,101.49), en perjuicio de los contribuyentes.

La acusación fue presentada esta semana ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, mediante un alegato de apertura encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público. También participaron Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Rosa Ysabel, Miguel Collado, Miguel Crucey, Jhensi Víctor, Melbin Romero, Rosa Alba García, Arolin Lemos y Elvira Rodríguez.

Durante la audiencia, Ortiz expuso las conclusiones de la acusación y afirmó que las pruebas reunidas por el órgano acusador permitirán demostrar los métodos utilizados por los procesados para cometer los delitos que se les atribuyen.

“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método, el lucro y la permanencia en el poder como finalidad”, dijo Camacho al iniciar el alegato de apertura del proceso.

La titular de la Pepca sostuvo que la investigación está respaldada por pruebas testimoniales y periciales que serán presentadas durante el juicio. “Frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que, en su momento, vamos a solicitar”, afirmó.

Según la acusación, los procesados habrían obtenido recursos públicos mediante distintos mecanismos presuntamente fraudulentos. Ortiz mencionó entre ellos supuestas irregularidades en pagos por expropiaciones, reconocimientos de deudas sin causa lícita y secciones de créditos que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido utilizadas para transferir fondos públicos a personas y sociedades que no eran sus verdaderos destinatarios.

La procuradora explicó que, después de obtener el dinero, los recursos habrían sido ocultados, simulados o incorporados al patrimonio de los beneficiarios mediante operaciones destinadas a encubrir su origen y naturaleza. También señaló que se habrían utilizado personas físicas como presuntos testaferros y sociedades comerciales que desaparecían después de cumplir la función para la que fueron creadas.

“El Ministerio Público demostrará que determinadas secciones de créditos fueron utilizadas para transferir fondos públicos a personas y sociedades que no eran los verdaderos destinatarios”, declaró Ortiz ante el tribunal.

La acusación agrega que los recursos presuntamente obtenidos de forma irregular fueron incorporados a actividades económicas y a la adquisición de bienes muebles e inmuebles. La Fiscalía sostiene que parte de esos bienes no habría sido declarada ante la Junta Central Electoral, pese a que su origen estaría relacionado con los fondos investigados.

El expediente se deriva de la Operación Calamar, investigación por la que el Ministerio Público obtuvo en mayo la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados inicialmente. Entre ellos figuran, además de Guerrero, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirillo McCabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.

También fueron enviados a juicio Prinseca Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Vásquez Martínez, Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Alejandro Constanzo Sosa y Juan Tomás Polanco Céspedes, entre otros.

El tribunal aplazó la audiencia para el 24 de septiembre de 2026, a las 9:00. El proceso continuará con la presentación de las pruebas y los argumentos de las partes, mientras los acusados mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.