El Ministerio Público de República Dominicana comenzó la presentación de pruebas testimoniales en el proceso contra Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, imputados por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias a raíz del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set. El siniestro ocurrió durante la madrugada del 8 de abril de 2025 y dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
La acusación sostiene que el colapso no fue un hecho imprevisible. Según planteó el órgano acusador ante el tribunal, el local acumulaba problemas estructurales, intervenciones inadecuadas y una sobrecarga sobre la cubierta que sus responsables conocían o debían controlar.
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El expediente tiene 156 páginas, contempla 84 testigos e incorpora peritajes de ingeniería sismorresistente y patología de edificaciones. Por el número de víctimas y querellantes, las audiencias se desarrollan en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Durante la jornada del 4 de septiembre declararon dos especialistas que analizaron el estado del establecimiento después de la tragedia. Ambos señalaron que el techo de Jet Set, ubicado en la avenida Independencia, en el sector El Portal de Santo Domingo, cedió por el exceso de peso de equipos e instalaciones colocados sobre la estructura.
El ingeniero sismorresistente Leonardo de Jesús Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), afirmó que el techo estaba diseñado para soportar unos 73 kilogramos (160 libras), pero cargaba más de 295 kilogramos (650 libras).
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“Solo a nivel del peso propio que debía resistir, estaba excedido unas cinco veces el peso original”, declaró Reyes Madera. El perito explicó que ese tipo de techos no está concebido para recibir cargas de esa naturaleza, entre ellas las denominadas cargas vivas, vinculadas con elementos móviles o agregados a la construcción.
Según su testimonio, sobre la cubierta había unidades de aire acondicionado, tanques de agua, casetas y otros equipos. El especialista dijo que el análisis incluyó imágenes satelitales disponibles en Google Earth, con las que se identificó una variación progresiva en la cantidad de instalaciones entre 2011 y 2025.
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La cantidad de equipos aumentó entre 2011 y 2025
Reyes Madera indicó que en 2011 podían observarse siete elementos en el techo. Para 2017, la cifra había ascendido a 12 y, entre ese año y 2025, llegó a 17 instalaciones visibles.
El técnico sostuvo que esas cargas superaban con amplitud el límite de 1,074 kilogramos por metro cuadrado, equivalente a 220 libras por pie cuadrado, establecido por la normativa mencionada durante la audiencia.
Antes de concluir que la causa fue estructural, los peritos consultaron al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), al Instituto de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a la Policía Nacional. Esas verificaciones buscaron descartar hipótesis vinculadas con fenómenos meteorológicos, movimientos sísmicos u otros factores externos.
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También declaró Máximo José Corominas Quezada, ingeniero civil especializado en costos y patologías de edificaciones. El profesional coincidió con la evaluación sobre el sobrepeso como causa del derrumbe.
Corominas Quezada señaló, además, que el inmueble había sido objeto de ampliaciones y que se construyó un mezzanine destinado al área VIP. Durante la inspección, los especialistas detectaron zonas en las que todavía se conservaban acabados del techo y observaron cuatro capas de terminación sobre las losas, cuando debía existir una sola.
La Fiscalía afirma que el local acumulaba señales de deterioro
La Fiscalía sostuvo que la estructura recibió reparaciones superficiales que no resultaron suficientes para las necesidades del edificio ni para impedir que el lugar representara un riesgo.
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El Ministerio Público aseguró que buscará demostrar, mediante los testimonios y los informes técnicos, que el derrumbe respondió a condiciones estructurales, modificaciones, sobrecargas y señales de daño progresivo que eran conocidas por quienes tenían responsabilidades sobre la operación del establecimiento.
La audiencia fue presidida por el juez Franny González, de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. En representación del Ministerio Público participaron el director general de Persecución, Wilson Camacho, los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel y Miguel Collado, además de la fiscal Magali Sánchez.
El magistrado dispuso que las audiencias se realicen cada viernes. Tras la jornada del 4 de septiembre de 2026, el juicio fue aplazado hasta el 11 de septiembre, cuando el Ministerio Público continuará con la presentación de pruebas testimoniales.
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