
Una jueza del Distrito Judicial de Barahona dictó una sentencia de tres años de prisión contra Ana Minerva Terrero Sánchez, hallada culpable de estafar a maestros que participaron en un concurso de oposición para nombramientos docentes en 2023.
La decisión, solicitada por el Ministerio Público de República Dominicana, se conoció tras comprobarse que la acusada ofrecía arreglar calificaciones y asegurar nombramientos a cambio de dinero, promesas que nunca cumplió, según informó el Ministerio Público.
La investigación oficial determinó que Terrero Sánchez, empleada de una entidad pública, logró convencer a varias personas de que tenía influencia en el Ministerio de Educación (Minerd) y en el Distrito Educativo de Barahona. A través de este ardid, obtuvo sumas de dinero de los afectados, que buscaban acceder a plazas docentes para ellos y sus familiares. El monto sustraído ascendió a 880.000 pesos dominicanos (aproximadamente a 15.081,41 dólares estadounidenses), cifra que la condenada deberá restituir, además de pagar una indemnización de 500.000 pesos (aproximadamente a 8.568,98 dólares estadounidenses) a una de las víctimas, de acuerdo con el reporte del propio Ministerio Público.
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El caso salió a la luz tras la denuncia presentada el 31 de octubre de 2023 por una de las afectadas, quien aseguró que ni ella ni sus parientes lograron superar las pruebas ni recibir los nombramientos prometidos.
Ante la negativa de Terrero Sánchez a devolver el dinero entregado, los perjudicados decidieron recurrir a la justicia. El Caribe detalló que la acusada se había comprometido formalmente a la devolución, pero incumplió ese acuerdo.
La sentencia fue dictada por la jueza Santa Kenia Pérez Féliz, quien consideró válidos los elementos probatorios aportados por el Ministerio Público durante el proceso judicial. La acusada deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Baní, provincia Peravia. La fiscalía estuvo representada por Vilmania Pérez y la aspirante a fiscalizadora Fiordaliza Gómez, mientras que la investigación estuvo a cargo del fiscal Johedis Medina.
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Reparación económica y posible apelación
El comunicado oficial señala que la condena incluye la obligación de reparar económicamente a los afectados y que la sanción busca proteger la integridad de los concursos de oposición para docentes y restaurar la confianza en los procedimientos de nombramiento gestionados por el Ministerio de Educación. La sentencia podría ser apelada por la defensa, aunque hasta el momento no se han anunciado recursos.
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La investigación identificó a más de 400 víctimas, con una edad promedio de 84 años, y estableció que al menos 50 residían en Massachusetts, según informó la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, citado por Diario Libre.
Las autoridades sostienen que las pérdidas acumuladas superaron los cinco millones de dólares.
Los cuatro habían sido acusados formalmente por un gran jurado federal en mayo de 2024. Después fueron arrestados en República Dominicana en agosto de 2025 a solicitud de las autoridades estadounidenses, extraditados a Estados Unidos y desde entonces permanecen bajo custodia mientras esperan la sentencia.
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