La Procuraduría General de la República Dominicana informó este jueves que ha intensificado su estrategia de cooperación internacional al coordinar con las autoridades judiciales de Bélgica una investigación transnacional contra una red dedicada a la trata de personas, explotación sexual y blanqueo de capitales. Esta operación conjunta, que responde a una solicitud formal de la fiscalía belga, marcó un hito reciente con la realización de 20 allanamientos en territorio dominicano.
El caso cobró notoriedad en junio de 2026, cuando la justicia belga reportó el arresto de Ana Mercedes E. y Juana de Jesús H., junto con otros ciudadanos dominicanos, bajo cargos de reclutar y engañar a mujeres procedentes de República Dominicana y Colombia para trasladarlas a Bélgica, donde eran explotadas sexualmente. Según el Ministerio Público (MP), cinco mujeres fueron localizadas y rescatadas en la residencia de Encarnación Mejía en Bélgica, evidencia que permitió profundizar las investigaciones sobre la estructura de la organización.
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Las pesquisas de las autoridades belgas y dominicanas identificaron una red que generaba importantes sumas de dinero a través de la explotación sexual, canalizando parte de esos fondos ilícitos hacia Dominicana. Los investigadores establecieron que el grupo invertía en bienes raíces y otras actividades financieras, con el objetivo de ocultar el origen del dinero obtenido mediante delitos de trata y explotación. “Este caso pone de relieve la dimensión transnacional de los delitos de lavado de activos”, precisó la Procuraduría General en su comunicado oficial.
Allanamientos y coordinación con autoridades europeas
La operación local fue ejecutada por la Dirección General de Persecución, con el respaldo de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Derechos Humanos, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Departamento de Lavado de Activos de la Policía Nacional. Estas instancias coordinaron acciones para recolectar evidencias y fortalecer el proceso penal en curso en Europa, según reportó la Procuraduría.
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En total, las autoridades llevaron a cabo allanamientos en 20 viviendas vinculadas con la red en el Gran Santo Domingo, incluyendo Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, así como en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Durante estas intervenciones participaron, además, oficiales de la policía de Bélgica y Países Bajos, acreditados para colaborar en la investigación, lo que refuerza el carácter internacional del operativo.
Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el historial de la principal cabecilla de la red, quien ya había purgado una condena de cinco años por explotación sexual de una familiar. Esta información, dada a conocer por la Procuraduría, ilustra la persistencia de los métodos y la reincidencia de algunas personas involucradas en este tipo de delitos.
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El procurador adjunto Wilson Camacho subrayó: “La cooperación internacional constituye una herramienta esencial para enfrentar delitos complejos que trascienden las fronteras nacionales, como la trata de personas, la explotación sexual y el lavado de activos”.
El operativo reafirma el compromiso de las autoridades dominicanas con los estándares internacionales de justicia y protección de derechos humanos, especialmente en un contexto donde la trata y la explotación sexual representan amenazas persistentes y de alcance global. Según la Procuraduría, la coordinación con Bélgica y Países Bajos fortalece la capacidad del país para enfrentar delitos transnacionales y contribuir a las investigaciones judiciales en Europa.
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