Mendoza: expulsaron a una diputada de la Legislatura que fue condenada por corrupción

La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza avanzó este miércoles con una medida histórica desde el regreso de la democracia. Por unanimidad, la legislatura resolvió expulsar a Janina Ortiz del cuerpo luego de que fue condenada por cuatro hechos de corrupción.

La diputada que pertenecía al bloque Unión Mendocina fue condenada a tres años de prisión en suspenso el pasado 20 de octubre tras un juicio abreviado y recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La condena fue dictada el 20 de octubre por la jueza Mariana Martín, en el marco de un juicio abreviado celebrado en el Polo Judicial. Ortiz y el exintendente de Las Heras Daniel Orozco reconocieron su culpabilidad en los delitos de peculado doloso, peculado culposo y uso de documento público falso, y acordaron la pena para evitar la prisión efectiva. La Justicia comprobó que ambos, al frente de la comuna lasherina, desviaron al menos $35,5 millones a través de una cooperativa sin actividad real denominada Manos a la Obra.

La causa involucra a otros imputados que no ingresaron en el juicio abreviado y cuyas causas siguen cursos judiciales separados: Osvaldo Oyhenart, exsubsecretario de Políticas Sociales del municipio; su yerno y agente municipal, Juan Pablo Pandolfi; y Adrián Pérez, señalado como presidente de la cooperativa. Los tres fueron procesados pero el expediente continúa abierto en su contra.

La resolución aprobada declara vacante la banca correspondiente y ordena notificar de forma inmediata a la Junta Electoral de la Provincia para que determine quién, según el orden de lista, debe incorporarse al cuerpo y prestar juramento. Además, la Cámara declaró improcedente el reclamo de Ortiz por el cobro de salarios no percibidos durante su suspensión, y ratificó en todos sus términos la Resolución N° 1135/24, que en marzo de 2024 había dispuesto la suspensión sin goce de haberes.

El presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, subrayó el peso institucional de la jornada. “Estamos tratando el primer expediente de expulsión de un legislador mendocino, por lo menos desde 1983 a la fecha. En la historia de esta Legislatura hubo varias decisiones de suspensión, pero una expulsión es la primera. Y no es un tema menor”, afirmó desde el recinto. El legislador precisó además que la suspensión de 2024 no implicó un juicio sobre la culpabilidad de Ortiz, sino una evaluación ética de su conducta como representante, y que la sentencia judicial disipa cualquier lectura política del proceso: “Esto también despeja las críticas que en su momento señalaban que nuestra decisión respondía a una persecución política”.

El diputado Mauro Giambastiani (Movimiento Mendocino), titular de la comisión de Derechos y Garantías, presentó el despacho que sustenta la exclusión y remarcó que la medida no obedece a una decisión interna del cuerpo sino a una sentencia firme. “Hemos decidido esto fundamentados no en una cuestión de este cuerpo, sino en una sentencia judicial donde se la inhabilita y donde es culpable de diferentes cargos, entre ellos delitos contra la administración pública”, sostuvo. Giambastiani también confirmó que la declaración de vacancia fue acompañada del pedido formal a la Junta Electoral para que identifique al ciudadano o ciudadana que debe ocupar el cargo.

El legislador Julio Villafañe (Partido Justicialista), presidente de la misma comisión, respaldó lo actuado y rechazó las críticas al proceso. “Sé que en distintos sectores de la sociedad se cuestiona o se dicen algunas cosas por falta, tal vez, de información o por ignorar los procedimientos administrativos y legales que corresponden”, señaló. Sobre el reclamo salarial, fue categórico: “Cualquier ciudadano o ciudadana que cumple una tarea laboral, cuando recibe una suspensión, no cobra un salario; y más en este caso, que es por hechos de corrupción”.

Desde el Frente Para la Victoria, Lucas Ilardo votó a favor pero advirtió sobre los costos democráticos del proceso. “No es bueno ni razonable para la democracia que haya quedado un antecedente de que en esta Cámara, durante dos años, siete meses y ocho días, no hubo un legislador sentado en esa banca”, expresó. En la misma línea, llamó a no hacer “alarde de la ética” frente a un caso de corrupción.

El diputado Franco Ambrosini (UCR), titular del Interbloque Cambia Mendoza, recordó que durante el proceso los distintos bloques instaron a Ortiz a ponerse a disposición de la Justicia. “Lo único que tenía que hacer era ponerse a disposición de la justicia, y no lo hizo”, afirmó. Tras la condena, Ambrosini consideró que “al fin ella aceptó la culpabilidad” y que el cuerpo “no se equivocó” al avanzar con la suspensión en 2024. Calificó la jornada como “un día triste” y descartó cualquier motivo de festejo: “Hubo un representante que le falló a la ciudadanía, que le robó a los vecinos de Las Heras, y termina reconociendo su culpabilidad”.

En las elecciones provinciales de 2023, Ortiz encabezó la nómina de diputados provinciales de La Unión Mendocina por el Primer Distrito, seguida por José Caviglia, expresidente del Partido Libertario, quien falleció el 1 de noviembre de 2025. Por ese motivo, la banca quedará en manos de María Belén Castillo, dirigente del PRO que seguía en el listado y que actualmente se desempeña como vocal titular del partido que conduce Gabriel Pradines. Una vez que asuma, Castillo ejercerá el cargo hasta diciembre de 2027.