El avión ya estaba en Costa Rica cuando todavía nadie podía asegurar que los dos extraditables subirían a él.
A las 3:46 pm, una aeronave con matrícula estadounidense N4982R ingresó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y quedó en el sector de Base Dos, bajo vigilancia del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública.
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Era el avión que, si se resolvían los últimos obstáculos, trasladaría a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata” y Celso Gamboa Sánchez hacia Estados Unidos.
Su llegada despertó expectativa. Algunos medios reportaron la presencia de dos aeronaves vinculadas con el operativo.
Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó después que solo un avión participó en la entrega. Según dijo, la existencia de otras aeronaves de características similares pudo haber generado confusión.
La información precisa, sin embargo, debía mantenerse bajo resguardo. Para el OIJ, revelar detalles sobre el vuelo, sus horarios o los movimientos de los detenidos podía abrir una ventana de riesgo.
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“No descartamos la posibilidad de que algún tipo de comando o grupo armado pudiera interceptarnos”, afirmó Soto.
La aeronave quedó custodiada durante 24 horas. Antes, los equipos pasaron perros detectores de explosivos y revisaron el aparato que usaría la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés.
El agente de la Unidad Táctica del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) recordó que esa inspección no autorizaba a bajar la guardia.
Una manipulación indebida del avión, incluso después de haber sido revisado, podía provocar una tragedia. Por eso, nadie lo dejó solo.
La información que activó un operativo de alto riesgo
La extradición de Gamboa Sánchez y López Vega no se preparó como un traslado ordinario. Carlos Díaz, fiscal general, explicó que, tras la aprobación judicial de las solicitudes, el Ministerio Público comenzó las coordinaciones con la DEA para hacer efectiva la entrega.
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Había información sensible sobre los dos costarricenses. Las autoridades manejaban la posibilidad de que sufrieran algún tipo de atentado antes de abandonar el país.
Ese dato cambió la dimensión del dispositivo. Ya no se trataba únicamente de llevar a dos detenidos desde el centro penitenciario La Reforma hasta el aeropuerto.
El OIJ y el SERT debían proteger el traslado, el aeropuerto y a cada persona que participaría en el procedimiento.
El agente táctico señaló que los reportes recibidos hablaban de atentados, eventuales fugas y acciones para frenar la entrega.
“Hablaban sobre atentados, posibles fugas, el entorpecimiento de la elaboración de los planes e inclusive tratar de impedir la extradición de alguna manera”, contó.
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La preocupación no se reducía a un ataque contra los extraditables. En el operativo participarían jueces, fiscales, policías, agentes de Estados Unidos, pilotos, funcionarios aeroportuarios y personal de otras instituciones.
El SERT debía proteger a todos. También debía impedir que una persona bajo custodia escapara o que terceros intervinieran durante la entrega.
“Imagínese que lleguen a dar de baja a alguna de esas personas. Es responsabilidad de nosotros”, dijo el agente.
Para la unidad táctica, los delitos que se atribuyeran a los detenidos no cambiaban esa obligación. Su función consistía en garantizar que llegaran al avión bajo custodia y abandonaran Costa Rica sin sufrir daños.
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La Reforma, el portón sur y un cálculo de siete minutos
La planificación comenzó varios días antes del 20 de marzo de 2026. Los equipos revisaron el recorrido entre el centro penitenciario La Reforma y el Aeropuerto Juan Santamaría.
La distancia no era extensa, pero Soto advirtió que el convoy debía atravesar sectores que podían implicar riesgos. Había que proteger a los extraditables, a los agentes y a la población que pudiera coincidir con el recorrido.
El SERT dividió el dispositivo en tres fases. La primera era la extracción de los detenidos de La Reforma y su traslado hasta el aeropuerto.
La segunda fase se desarrollaría dentro de la terminal aérea. Allí debían coordinarse policías, equipos de seguridad, personal de apoyo y autoridades que colaborarían con el dispositivo.
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La tercera correspondía a la entrega judicial y diplomática. En ese punto entrarían en escena el juez, los funcionarios de la DEA, representantes de Estados Unidos y jerarcas costarricenses.
Los agentes prepararon una ruta primaria y una secundaria. Durante días, recorrieron el trayecto, tomaron tiempos y observaron la circulación de vehículos y personas.
El convoy no ingresaría por la entrada principal del aeropuerto. El plan era utilizar el portón sur, con el propósito de reducir la exposición.
El cálculo fijaba siete minutos entre la salida de La Reforma y el ingreso al aeropuerto. El agente del SERT dijo que el recorrido se completó en seis minutos y 30 segundos.
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“Nos ganamos 30 segundos todavía”, recordó.
El tiempo ganado cerró la primera fase. A partir de ahí, comenzaba el tramo más delicado: sacar a los detenidos de los vehículos, ingresarlos a una zona controlada y completar su entrega sin que ocurriera un incidente....
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