Lijo amplió el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni para el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, es decir, desde que comenzó su vida activa a los 18 años hasta la fecha a partir de la cual ya fue investigado en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la medida para acceder a sus declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos.

La medida también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, bajo el mismo criterio, por el período comprendido entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.

Por otro lado, Lijo autorizó la realización de una diligencia probatoria para constatar la explicación brindada por el imputado en el requerimiento de justificación patrimonial.

La medida consiste en convocar al defensor Matías Ledesma para que se presente en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración -como ser Sparrow o Electrum- y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.

La resolución de Lijo establece que, una vez realizada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina efectuará una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a cada una de las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas deberán quedar bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.

El requerimiento fiscal

La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que sus integrantes alcanzaron la mayoría de edad, luego de que la defensa atribuyera el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y a operaciones con bitcoin.

Con esta medida, el Ministerio Público Fiscal busca verificar la explicación de la defensa sobre ocho direcciones de bitcoin que habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.

Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, monto que fue invocado como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.

Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar las fechas, los montos, las entidades intervinientes, el destino declarado y el resultado de las validaciones de cada operación.

La fiscalía requirió a la ANSES la historia laboral completa de los dos integrantes del matrimonio, con sus aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.

También pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles que hubieran tenido a su nombre. El requerimiento incluye las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad, los gravámenes y los datos de las escrituras.

La investigación también alcanzará a los vehículos y motovehículos registrados, con detalle de dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá remitir esos antecedentes.