El país centroamericano figura en la lista europea de jurisdicciones no cooperativas desde 2020 y esa etiqueta condicionó la inversión extranjera y las relaciones comerciales con el bloque europeo, según explicó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a Bloomberg, agencia estadounidense de noticias financieras.
El anuncio llega diez años después del escándalo de los Panama Papers, la filtración que en 2016 expuso más de 11.5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca sobre 214 mil sociedades extraterritoriales y que marcó la imagen internacional del país.
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Los ministros de Hacienda de la Unión Europea (UE) se reunirán el 9 de octubre en Luxemburgo para revisar la lista negra fiscal del bloque. Según fuentes familiarizadas con el proceso citadas por Bloomberg, Panamá será retirado por completo de ese listado, mientras que Vietnam pasará a la denominada “lista gris”, reservada para países que aún no cumplen todos los estándares pero se comprometieron a reformarlos.
Seis años de negociaciones para salir de la lista negra
La salida de la lista europea fue una prioridad que el presidente José Raúl Mulino tomó de forma directa. El Gobierno logró este año la aprobación de una ley de sustancia económica, orientada a reforzar la transparencia fiscal y endurecer los controles sobre las sociedades ficticias.
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La nueva normativa obliga a las multinacionales radicadas en Panamá a demostrar presencia operativa real en el territorio, con oficinas físicas y personal contratado en el país. Quienes no cumplan esa exigencia deberán pagar un impuesto del 15%, de acuerdo con la reforma impulsada este año.
El país figura en el listado desde 2020 y, desde entonces, sucesivos gobiernos impulsaron reformas legales para revertir esa clasificación. La salida definitiva se decidiría en la reunión de ministros de Hacienda del 9 de octubre en Luxemburgo, tras seis años de gestiones diplomáticas y ajustes normativos.
El antecedente de 2023 con el GAFI
La reforma de este año no fue el primer paso de Panamá en esa dirección. En años previos, el país avanzó en la penalización de la evasión fiscal como delito, un cambio jurídico que le permitió en 2023 abandonar la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental contra el blanqueo de capitales con sede en París.
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El mandato de Mulino sumó otro logro en 2025 en la misma dirección: la exclusión de Panamá de la lista de terceros países de alto riesgo y jurisdicciones no cooperadoras vinculadas al blanqueo de capitales y al financiamiento de delitos, también elaborada por la UE.
Vietnam llegó a la lista negra en febrero de este año, un ingreso mucho más reciente que el de Panamá. El listado europeo, creado en 2017 tras escándalos como los propios Panama Papers y el caso LuxLeaks, se actualiza dos veces al año con el objetivo declarado de combatir la evasión fiscal y fomentar la transparencia entre jurisdicciones.
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Territorios que permanecen en el radar fiscal de Bruselas
Tras la eventual salida de Panamá, la lista negra seguirá integrada por territorios estadounidenses como Guam, Samoa y las Islas Vírgenes, además de Rusia y Vanuatu. Ninguno de esos territorios registró en las últimas semanas avances similares a los presentados por el Gobierno panameño ante Bruselas.
La fiscalidad panameña sigue siendo atractiva para las multinacionales, un rasgo que explica por qué el país insistió durante años en salir de una clasificación que lo agrupaba junto a jurisdicciones de alto riesgo. La decisión final quedará en manos de los ministros de Hacienda del bloque en la cita de Luxemburgo del 9 de octubre.
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