
Los conflictos domésticos y las dinámicas familiares, sociales, culturales y económicas continúan siendo factores centrales en la violencia reportada ante las autoridades, según un informe actualizado de la Procuraduría General de la República.
La violencia intrafamiliar se mantuvo como la principal modalidad denunciada en República Dominicana durante 2025, al representar el 52.57 % de los 73,295 casos registrados de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
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Los datos evidencian que más de la mitad de las situaciones que llegan al sistema de justicia se originan en el ámbito doméstico, en medio de conflictos de convivencia y relaciones familiares marcadas por desigualdades y patrones socioculturales persistentes.
De acuerdo con el informe estadístico de la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género del Ministerio Público, la violencia de género ocupó el segundo lugar, con 34.55 % de las denuncias, mientras que los delitos sexuales representaron el 12.88 % restante.
La Procuraduría concluye que la violencia intrafamiliar y de género constituye un fenómeno estructural, relacionado no solo con hechos aislados, sino con dinámicas familiares, sociales, culturales y económicas que requieren respuestas integrales. El comportamiento de los casos refuerza la necesidad de intervenir antes de que los conflictos domésticos escalen hacia agresiones de mayor gravedad.
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El informe señala que las denuncias se mantuvieron relativamente constantes a lo largo de 2025, con un promedio mensual cercano a 6,108 casos. Enero fue el mes de mayor registro, con 6,471 denuncias, seguido de marzo, con 6,328. En contraste, noviembre presentó el menor número de reportes, con 5,461.
Aunque las cifras muestran variaciones mensuales, la institución advierte que la problemática permanece activa durante todo el año. La baja observada en el último trimestre podría responder a factores estacionales, períodos vacacionales o ciclos económicos, pero no implica que la violencia haya dejado de ser una realidad persistente en los hogares dominicanos.
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Un aspecto relevante es que el lunes concentró el 81.80 % de las denuncias recibidas. Para el Ministerio Público, este patrón puede sugerir que numerosos incidentes ocurren durante los fines de semana y son reportados al inicio de la jornada laboral, cuando las víctimas encuentran mayores posibilidades de movilizarse o acudir a las instituciones.
Las Unidades de Atención recibieron el 83.64 % de los casos, consolidándose como la principal puerta de entrada al sistema de protección y justicia. Las fiscalías ordinarias canalizaron el 12.42 % de las denuncias y las fiscalías comunitarias, el 3.95 %. Esta concentración, según el informe, se explica por la accesibilidad y cobertura de las unidades especializadas, aunque también revela la importancia de ampliar la capacidad de atención en los territorios.
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En el plano geográfico, Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y San Cristóbal concentran los mayores volúmenes de denuncias. Estas provincias combinan mayor población, actividad económica y densidad urbana, condiciones que exigen estrategias diferenciadas y recursos institucionales ajustados a las particularidades de cada demarcación.
El perfil sociodemográfico indica que la mayoría de las personas denunciantes y denunciadas tiene entre 18 y 34 años. Este grupo representa el 52.06 % de los denunciantes y el 43.20 % de los denunciados.
Para la Procuraduría, esta concentración puede estar vinculada a relaciones de convivencia, parejas jóvenes o rupturas recientes, escenarios donde los conflictos pueden intensificarse.
Asimismo, el 96 % de las personas involucradas posee nacionalidad dominicana, aunque el informe destaca la presencia de población extranjera y la necesidad de mantener un enfoque intercultural que asegure el acceso a la justicia sin barreras.
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Durante 2025 también se emitieron órdenes de protección con un promedio mensual de 3,045 registros. Enero encabezó la cifra, con 3,496 órdenes, mientras mayo reportó el nivel más bajo, con 2,695. Estas medidas son consideradas esenciales para prevenir nuevas agresiones y proteger a las víctimas.

La Procuraduría sostiene que conocer estos patrones permite diseñar políticas públicas más precisas: prevención desde las comunidades, atención oportuna, acompañamiento psicológico, fortalecimiento de la justicia y transformación cultural. Reducir la violencia intrafamiliar, concluye el organismo, exige abordar las causas que se reproducen dentro y fuera del hogar.
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