El Gobierno celebró el "avance histórico" en el juicio en ausencia por AMIA

El Gobierno nacional celebró los avances que se conocieron en las últimas horas en el juicio en ausencia que se lleva a cabo a los responsables del atentado a la AMIA. El Ministerio de Justicia destacó como un “avance histórico” el procesamiento que se conoció este lunes a los siete ciudadanos iraníes y de un libanés por el ataque terrorista de 1994.

La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques destacó que “gracias a la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia (Ley 27.784), la Justicia Federal dio un paso fundamental en favor de las 85 víctimas fatales, sus familias y toda la sociedad argentina, marcando un hito en la lucha contra la impunidad”.

El pronunciamiento del Ejecutivo llegó horas después de que el juez federal Daniel Rafecas, titular subrogante del Juzgado Federal N.° 6, firmara una resolución de 648 páginas en la que dictó el procesamiento de ocho personas por sus roles en el ataque del 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El atentado dejó 85 muertos y más de 151 heridos. A cada uno de los imputados se le impuso un embargo de USD 500.000.000.

Con base en las pruebas recopiladas por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, el magistrado determinó que la decisión estratégica de ejecutar el ataque fue adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní, y que la parte operativa fue delegada en Hezbollah, la organización armada de origen libanés con estrecho vínculo con Teherán. Para concretar el plan, esa organización estructuró una red de asistencia local y regional que operó desde la zona de la Triple Frontera, área que comprende las localidades de Puerto Iguazú en Argentina, Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay.

La resolución judicial estableció con precisión la cronología de los días previos a la explosión. El domingo 10 de julio de 1994, los ejecutores compraron una camioneta Renault Trafic. Cinco días después, el viernes 15 a las 18, el vehículo ya estaba acondicionado y cargado con 300 kilogramos de amonal y TNT. Los responsables de la logística lo estacionaron en un garaje público ubicado a cuatro cuadras de la mutual judía, donde permaneció hasta la mañana del lunes 18 de julio, fecha elegida para la detonación por el alto flujo de personas que concurrían al edificio en ese horario.

Rafecas encuadró las conductas imputadas bajo las figuras de homicidio calificado por odio racial o religioso y peligro común, lesiones dolosas y daño agravado por motivos discriminatorios. Además, calificó el ataque como un crimen de lesa humanidad y bajo la figura internacional de genocidio.

La resolución diferenció los roles de los imputados según su nivel de participación. Fueron procesados como autores mediatos cuatro exfuncionarios del Estado iraní: Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Ali Akbar Velayati, ex canciller; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, ex comandante de la Fuerza Al Quds. Desde sus posiciones de poder, estos hombres tomaron las decisiones políticas y facilitaron la logística para que los ejecutores materiales actuaran en el terreno.

Como cómplices necesarios fueron imputados Hadi Soleimanpour, ex embajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada; y Ahmad Reza Asghari, ex diplomático y agente de inteligencia. Los tres aportaron un soporte indispensable para el desarrollo del plan criminal desde los canales diplomáticos y la estructura operativa local. Por su parte, Salman Raouf Salman —conocido también como Samuel El Reda—, ciudadano libanés y miembro de Hezbollah, fue procesado como coorganizador y agente operativo por haber coordinado la fase final del ataque en Buenos Aires.

En paralelo, el juzgado dictó la falta de mérito para los imputados Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, mientras que Rafecas no se pronunció sobre las situaciones procesales de Alí Khamenei, Imad Mughniyeh y Alí Hussein Abdallah, debido a que los tres fallecieron en los años 2026, 2008 y 2020, respectivamente.

La resolución también estableció que el ataque a la AMIA estuvo coordinado con un segundo atentado perpetrado al día siguiente en Panamá: el 19 de julio de 1994, un terrorista suicida hizo estallar una aeronave comercial, lo que provocó la muerte de 20 personas, entre ellas 12 integrantes de la comunidad judía panameña. Ambos episodios fueron reivindicados cuatro días después de forma conjunta por Hezbollah desde el Líbano, bajo el nombre de cobertura “Ansar Allah”. La justicia panameña mantiene una investigación abierta por ese hecho e intercambia información con los tribunales argentinos.

En el plano local, Rafecas resolvió dar intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que evalúe la posible unificación de este expediente con la causa que investiga el atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992, también en territorio argentino. La medida se fundó en un dictamen del fiscal Basso, que sostiene que ambos ataques fueron ejecutados por la misma organización.

La resolución de procesamiento y embargo podrá ser apelada por el defensor oficial, Hernán Silva. Si los tribunales superiores confirman el fallo, el juzgado quedará en condiciones de requerir la opinión de la fiscalía, las querellas y la defensa para disponer la elevación de la causa a juicio oral y público ante un Tribunal Oral en lo Criminal Federal. En forma simultánea, la Cámara Federal de Casación Penal ya habilitó la posibilidad del juicio en ausencia.