
A pesar de las recientes derrotas que sufrió en el Congreso, el Gobierno no piensa soltarle la mano a Federico Sturzenegger y prepara una hoja de ruta para las reformas que están todavía en carpeta, con el objetivo de conseguir con tiempo los votos necesarios y evitar que también sean rechazadas a último momento, como viene ocurriendo.
Aunque las autoridades nacionales reconocen un fracaso en varias de las iniciativas que presentó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado y que no pudieron ser sancionadas, remarcan que la agenda que lleva adelante tiene el apoyo de la cúpula libertaria.
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Es por esta razón que, justo en medio de las críticas, el funcionario fue invitado a participar este martes de la habitual reunión de la mesa política, en la que se define la estrategia parlamentaria.
Según revelaron a Infobae fuentes de este mismo grupo, la idea de convocarlo fue de la propia secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “para que pueda explicar en detalle lo que quiere mandar al Congreso”.

De esta manera, será la primera vez que se invita a uno de estos encuentros a un miembro del Gobierno que no forma parte del equipo permanente.
Si bien fue cambiando de integrantes -debido a renuncias o modificaciones en el organigrama-, la mesa actualmente está compuesta por la hermana del mandatario, como cabeza, acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el asesor, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
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“Seguramente cerraremos varias cuestiones ahí respecto de cómo seguir con esos proyectos que tiene el área de Desregulación en cartera”, anticipó una de las personas que va a asistir a la reunión.
Una de las iniciativas que Sturzenegger tiene pendiente es la ley “Hojarasca”, que ya tiene media sanción y apunta a eliminar cerca de 70 normas que el Gobierno considera obsoletas.
Con el planteo de reducir la burocracia, el ministro elaboró un texto que, entre otros puntos, deroga el registro de palomas mensajeras, la obligatoriedad de sacar un carnet para ser mochilero o la peña de inhabilitación por diez años a cualquier autoridad que hiciera azotar a una persona, todas reglas que están vigentes, aunque quedaron en desuso.
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Asimismo, el funcionario tiene listo otro paquete de reformas que fue terminado en julio, tiene un total de 349 artículos y se centra en el mercado inmobiliario, aunque abarca también una decena de sectores de la economía.
El proyecto, que es en el que se intentó incluir las facultades delegadas, plantea como objetivo de “promover la libre competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”.
“Hay varios proyectos que se tienen que tratar todavía: inmobiliario, cabotaje, seguros y mercado de capitales, entre otros”, enumeren en el entorno de Sturzenegger.
La decisión de sumar al ministro a la mesa política fue celebrado también en el sector privado, que, no obstante, se muestra preocupado “no tanto porque el Gobierno no esté pudiendo avanzar con las reformas, sino por cuáles son las que están impulsando”.
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“En los últimos días hemos conversado bastante respecto de cuánto incide en la problemática social la ley de tierras, por ejemplo. Más allá de que fue una derrota para el Gobierno, en la macro no es una traba para que la economía despegue”, cuestionó una importante fuente de la Cámara.

En este sentido, a pesar de que admiten que “hay sectores ganadores” con el modelo actual, también advierten que, “en general, el consumo masivo está en números negativos”
“Entonces, el punto es cómo impulsás medidas que, de alguna manera, mejoren el salario del argentino, lo que después se ve trasladado al marcado”, opinan.
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Según pudo saber este medio, las autoridades nacionales vienen teniendo, en paralelo, reuniones periódicas con diferentes actores de la economía local, que les transmiten exactamente esta inquietud.
“Nosotros tenemos una agenda que venimos conversando con el Poder Ejecutivo, que pasa por el nivel de actividad, la presión fiscal, la competencia desleal y la infraestructura, entre otros temas”, explicó una fuente de este ámbito.
Por caso, una de las medidas que se vienen reclamando, principalmente desde el exterior, es la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, más conocido como “PCT”, por sus siglas en inglés.

Aunque oficialismo logró dictamen en las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, nunca se votó y su votación sigue frenada en Diputados.
“Lo sacaron a último momento, cuando lo iban a tratar en el recinto, pero va a volver a entrar eventualmente, porque es parte del acuerdo bilateral con los Estados Unidos”, confió una persona que desea que la Argentina finalmente adhiera al régimen.
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De hecho, varios meses después de aquel episodio, los libertarios tendrían en mente insistir próximamente con el asunto y Menem analiza como fecha tentativa el 26 de agosto, aunque todo dependerá del resto de las negociaciones.
Uno de los conflictos que trabó la discusión fue los cuestionamientos de los laboratorios locales al Capítulo Dos, que finalmente fue puesto “en reserva”.
Este apartado significaba que un registro tiene vigencia por 20 años en todos los países miembros del tratado, lo cual generó la queja de la industria farmacéutica nacional.
“Seguro entrará con cambios, pero lo importante es que Argentina adhiera al PCT para volver a estar dentro de los estándares internacionales en materia de patentes”, lamentó un representante de las empresas extranjeras.
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