Paro docente: CABA, San Luis, Chaco y Mendoza dictan clases con normalidad y avanza el relevamiento para aplicar sanciones

“La huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización. Por eso, se pide que se cumpla con el 75% de la actividad, porque del otro lado hay ciudadanos”, planteó esta mañana el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para justificar el relevamiento que realiza la Secretaría con el objetivo de verificar el nivel de acatamiento al paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Al cierre de esta nota, la secretaría que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, no contaba con “los datos completos” del operativo que impulsa a través de las agencias territoriales ubicadas en los distintos puntos del país. Sin embargo, desde el oficialismo revelaron a Infobae que en varias provincias clave, San Luis, Mendoza y Chaco las clases se desarrollan con normalidad mientras que Santa Fe cumple con los mínimos contemplados por la ley.

“Mendoza y San Luis están funcionando con normalidad. No hubo adhesión al paro, pero aún no están todos los datos completos”, reveló una importante fuente de la cartera ante este medio, luego de que las distintas provincias colaboraran con los reportes preliminares en cada territorio. En tanto, desde el gobierno porteño indicaron a este medio que “la adhesión es menos del 10%”. “Funciona todo con normalidad y al que se adhiere se le descuenta el día”, agregaron.

Otra fuente de Balcarce 50 reveló que la provincia de Chaco, donde se encuentra varios representantes del Poder Ejecutivo liderados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también registra un bajo nivel de acatamiento a la medida, aunque aclaran que están a la espera de datos oficiales de la cartera para tener un panorama completo.

A raíz de la medida de protesta anunciada, las autoridades de Capital Humano convocaron a un encuentro del Consejo Federal de Educación, que se reunió el pasado domingo, para accionar ante la posibilidad de que se violara la Ley de Modernización Laboral que establece que debe garantizarse el 75% de la actividad en caso de paro debido a que la educación fue declarada por el Gobierno como un servicio esencial.

La disposición se encuentra contemplada en el artículo 24 de la ley 27.802, en la que se especificó que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de algunos servicios calificados como imprescindibles se debe garantizar una cobertura del porcentaje señalado.

“Hemos trabajado con la ministra todo el fin de semana, preparando algo que es novedoso, lo que se pide es la moderación suficiente para hacerla y respetar la norma. Si no se cumple, se inicia un proceso sancionatorio para aplicar las sanciones que correspondan. Lleva el tiempo de las constataciones, los traslados, las contestaciones”, planteó Cordero, en declaraciones a Radio La Red.

Por su parte, a través de su cuenta de X, Pettovello planteó que la medida busca “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, luego de anunciar que el ministerio se encargaría de cumplir con la garantía de las clases.

Pese a que el articulado contemplado en la Ley de Modernización laboral fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, la administración libertaria apeló el fallo del juzgado laboral N° 74, que en una primera instancia suspendió la declaración de esencialidad para la educación y logró la vigencia de la reforma hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

En los hechos, el requisito implica la presencia de docentes, directivos, auxiliares y trabajadores necesarios en las escuelas para asegurar el normal dictado de clases.

Si bien es Trabajo el área encargada del muestreo, la Secretaría de Educación se encargará de analizar posteriormente la información relevada durante la jornada. Desde la administración libertaria aclaran que, ante la detección de incumplimientos, la sanción será destinada al gremio y no a los docentes.

Ante la detección de irregularidades, las autoridades nacionales avanzarán con la correspondiente denuncia que dará lugar al procedimiento previsto por la normativa que -aclaran- llevará tiempo en función de las variables a tener en cuenta.

En paralelo, desde el oficialismo aclararon que el Estado no tiene competencia para fijar salarios docentes y propusieron que las provincias y los gremios se puedan sentar a “dialogar” para alcanzar un acuerdo con el sector.

Días atrás, el sindicato convocó a un paro de 24 horas en todas las escuelas del país a raíz del rechazo del Poder Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente. Uno de sus principales reclamos gira en torno al sueldo mínimo de los docentes, que se encuentra estancado en 500 mil pesos. Ante este panorama, el gremio reclama un aumento salarial y la vuelta del FONID, el fondo del que el Estado disponía para pagarles todos los meses un incentivo a los maestros y profesores, que fue eliminado en el 2024.

Desde las 10, CTERA y ATE realizan una concentración frente al Ministerio de Economía para hacer visibles sus reclamos. “La paritaria estatal se convirtió en una estafa mediante la cual se apoderaron en tan solo dos años y medio de más de la mitad de nuestro salario”, planteó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.