
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido de nulidad presentado por la oficialista Lista Violeta y Azul, que encabeza Abel Furlán, en el conflicto electoral de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la Seccional Zárate-Campana.
De esta manera, con la firma de María Dora González y Víctor Arturo Pesino, el fallo confirmó la intervención judicial ya ordenada y desestimó todos los recursos extraordinarios planteados por el sector de Furlán, que sufrió un duro revés en el trámite judicial luego de que el mismo tribunal anuló los comicios de la UOM Zárate-Campana, realizados en marzo pasado ante irregularidades y la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente”.
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Los camaristas consideraron improcedente el pedido de la Lista Violeta y Azul, efectuado por Pablo Ávila y Walter Piriz, quienes buscaban dar marcha atrás la decisión que anuló las elecciones de aquella filial metalúrgica.

El fallo también descartó in limine -es decir, sin analizar el fondo- la solicitud de la UOM nacional para revertir la sentencia definitiva dictada el 22 de mayo de 2026. Los jueces afirmaron que la reclamación sindical carecía de sustento y que ningún error grave justifica dejar sin efecto la intervención que decidieron.
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“No puede admitirse -por ser irrazonable e inverosímil- que, con una vestimenta diferente, esta misma estructura política no supiera de la existencia del sub examine hasta el 22/6/2026”, afirmó el fallo, refiriéndose a la imposibilidad de separar las acciones de la UOM y su lista que se proclamó ganadora.
Para los camaristas, la Lista Violeta y Azul no puede presentarse a pedir la nulidad como si fuera una parte ajena al litigio. De hecho, la conducción de la UOM -en manos de Abel Furlán- y la lista forman parte del mismo núcleo sindical, con intereses comunes en el proceso.
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El tribunal sostuvo que la falta de acción o la supuesta ignorancia alegada por la lista opositora no puede ser tomada como excusa: consideró que la misma dirigencia que comandó la UOM hasta el cese de mandato el 22 de marzo era la que encabezaba la lista interna que ganó las elecciones, luego anuladas.
El fallo también dejó en claro que la pretensión de la lista de Furlán de intervenir a último momento no puede deshacer todo el proceso judicial ya avanzado, al interpretar que la normativa lo impide y las defensas que alega, en realidad, ya fueron planteadas y respondidas por la UOM como parte demandada.
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El conflicto se originó cuando la opositora Lista Naranja de la seccional Zárate-Campana, que postuló a Angel Derosso para secretario general, pidió la suspensión y nulidad de las elecciones realizadas del 2 al 4 de marzo, denunciando irregularidades y el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba suspender los comicios.

Pese a la orden judicial, la conducción de la UOM llevó adelante la elección y la lista interna de Furlán fue proclamada ganadora primero en Zárate-Campana y luego a nivel nacional. Esto motivó que la Cámara de Apelaciones del Trabajo interviniera el sindicato, declarando la acefalía y desplazando a las autoridades que se habían proclamado ganadoras, en abierto desafío al fallo judicial que ordenó suspender su asunción.
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En su intento de revertir la intervención, el oficialismo de Furlán hizo una presentación ante la Cámara en la que intentó utilizar el mecanismo de “revocatoria in extremis”, un recurso excepcional que sólo acepta errores graves y evidentes que destruyan la validez de la sentencia.
La UOM sostuvo que había una vía estatutaria para cubrir el vacío de poder, según los artículos 21 y 22 de su estatuto. Pero el Tribunal descartó este argumento por improcedente: la acefalía ocurrida en la seccional no tiene que ver con una crisis administrativa ordinaria, sino con el incumplimiento de la orden de suspender elecciones y la opacidad del proceso.
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“El yerro que invoca la UOM no lo habría cometido esta sala, sino la propia entidad sindical y sería de orden cronológico”, sintetizaron los jueces, destacando que la falla es responsabilidad exclusiva del gremio.

Además, la UOM pretendió designar “delegados administradores” para normalizar la situación, entre ellos a Gustavo Daporta y Emiliano Gallo, ambos excluidos por la sentencia original. Para la Cámara, esto significa mantener a los mismos dirigentes impugnados bajo otra figura, contradiciendo el sentido de la intervención.
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El tribunal también desechó el pedido de recusación presentado por la Lista Violeta y Azul y la UOM, tanto “con causa” como “sin causa”. Consideró estos planteos extemporáneos y argumentó que la sentencia ya había analizado todas las defensas posibles, incluyendo las que podría haber presentado la lista del oficialismo.
No prosperó tampoco el argumento de falta de jurisdicción. La Cámara recordó que la nulidad ya estaba resuelta por sentencia firme y no existía motivo para retrotraer el proceso, ya que todas las instancias de defensa fueron garantizadas.
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La jurisprudencia citada (“García” de la Corte Suprema y el inciso 4º del artículo 56 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, modificado por el decreto 342) tampoco fue considerada aplicable: tanto la ley como el precedente exigen que la “solución estatutaria” sea previa a la acefalía y no creada después del fallo.
Una de las claves del fallo es el señalamiento directo a la figura de Abel Furlán, quien fue secretario general de la UOM y máximo candidato de la Lista Violeta y Azul. El Tribunal subrayó que no es razonable pensar que Furlán, como conductor nacional y representante legal del sindicato, no supiese de la existencia de la causa.
Para los jueces, la facción interna y la conducción nacional actuaron como una única estructura. La falta de una defensa separada de la Lista Violeta y Azul se atribuye en el fallo a una propia falta de interés o de diligencia, no a una falla procesal.
“La estructura política liderada por el señor Furlán litigó activamente en este pleito bajo el ropaje de la UOM; no puede admitirse una disociación artificial para reclamar instancias no utilizadas”, remarcaron los magistrados en uno de los tramos del fallo.
La semana pasada, Furlán acusó a los jueces que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.
Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, el dirigente señaló que detrás del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al sindicalismo.
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