Crece el cortocircuito entre el gobierno de Kicillof y la Suprema Corte por las vacantes en el máximo tribunal bonaerense

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires no transita su mejor momento. La tensión escaló la semana pasada cuando los integrantes de la cúpula judicial bonaerense presentaron un proyecto de ley denominado de “Fortalecimiento del Poder Judicial”, en el que volvieron a pedir por la autarquía judicial y además reclamaron por la cobertura de los cuatro lugares acéfalos en la Suprema Corte de Justicia, que actualmente funciona con tres de siete miembros. Y ahora llegó una respuesta oficial.

Fue en el marco de las conferencias de prensa que encabeza el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. El funcionario fue consultado sobre la presentación que había hecho la Suprema Corte bonaerense y el pedido hacia el Poder Ejecutivo y el Legislativo para acordar las coberturas del máximo tribunal de justicia. “Respecto del envío de pliegos al Senado para el nombramiento de jueces de la Corte, es una prerrogativa y una facultad del gobernador que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad y mérito”, contestó, escuetamente, la mano derecha de Kicillof.

La actividad de la semana pasada, que encabezó el flamante presidente de la Corte, Sergio Torres, hizo ruido en el Ejecutivo porque fue un claro mensaje al Gobierno provincial.

“Transcurrieron 2292 días de la primera vacante y casi ochocientas desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud”, describía el cortesano bonaerense ante un auditorio repleto en el que había representantes de colegios de magistrados y abogados departamentales, universidades, jueces del Tribunal de Casación Penal y otros órganos jurisdiccionales de la provincia, funcionarios y agentes. No hubo enviados del Poder Ejecutivo en ese acto y apenas fueron dos diputados provinciales que cuentan como condición ser integrantes del Consejo de la Magistratura: Martín Endere (PRO), Germán Di Césare (Fuerza Patria).

El último nombramiento en la Corte fue el de Torres, durante la gobernación de María Eugenia Vidal, en abril del 2019. En ese mismo período se designó también a Julio Conte Grand como Procurador de la provincia de Buenos Aires, luego de haber sido el Secretario de Legal y Técnica en los primeros meses de gestión de la exgobernadora.

La designación de Torres, admiten en distintos círculos políticos y judiciales, fue parte de un acuerdo político entre Vidal y el Frente Renovador de Sergio Massa. Hoy, los entendimientos de Kicillof -cruzados también por la interna del peronismo- con el resto de las fuerzas políticas en relación a esta agenda, están lejos de alcanzarse.

Este lunes, ante la primera afirmación, Bianco fue consultado nuevamente por las vacantes a lo que volvió a responder: “Es una decisión que tiene que tomar el gobernador y él estimará cuál es el momento para definirlo”.

Según pudo reconstruir este medio, después de la presentación de Torres y el resto de la Corte el martes de la semana pasada no hubo ningún tipo de comunicación interpoder. Antes de la movida que hizo la Corte, sí hubo un encuentro con el ministro de Economía, Pablo López, para explorar la viabilidad financiera de aplicar la autarquía judicial para que este poder del Estado cuente con su propio Presupuesto. Esa reunión no habría sido constructiva. Tras ello, Torres llevó adelante el acto en el que reclamó por las vacantes en el máximo tribunal y habló del impacto que tendría alcanzar la autarquía judicial.

Hoy el presupuesto de la Corte se dota de recursos por goteo que aplica el Ejecutivo. “No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera”, había dicho Torres, agregando que “la autarquía judicial no debe ser una concesión política ni un privilegio corporativo”, sino que “es una manda constitucional directamente ligada al principio de división de poderes, que nuestra Constitución Provincial consagra desde su artículo primero y a la tutela judicial efectiva”.

Pese a las idas y vueltas, tanto en la Corte como en el Gobierno sí destacan que los pliegos judiciales aprobados en el último tiempo. Se trata de 412 designaciones. En la Corte esperan cubrir en lo que resta del 2026, otras 200 designaciones. Sin embargo, el camino actualmente ofrece algunos obstáculos como por ejemplo la parálisis legislativa. Hasta este lunes, tanto en el Senado como en Diputados no estaban oficializadas la integración de las distintas comisiones. Cualquier nombramiento judicial debe pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo (ACA) en el Senado.

Anuncios y críticas a la gestión Milei

En la conferencia de prensa de este lunes, también participaron el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y el titular de ARBA, Cristian Girard. El primero subrayó que, pese a la caída generalizada, el programa Mercados Bonaerenses registró un aumento interanual del 17% en ventas durante el primer bimestre. El ministro explicó que esta herramienta permite a los consumidores encontrar precios entre 20% y 25% más bajos que en las grandes cadenas. El programa cuenta con la adhesión de 123 municipios, 12 mercados fijos, más de 43.000 ferias y la participación de 2.500 productores en toda la provincia. Se habilitó una nueva web para consultar la ubicación de los mercados y los datos de contacto de los productores.

Rodríguez también pidió revertir los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional al señalar que afectan la elaboración de pronósticos para sectores productivos y la gestión de alertas tempranas frente a crisis climáticas. Asimismo, denunció el vaciamiento del INTA desde el cambio de gobierno nacional y solicitó el traspaso de tierras al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense para garantizar la continuidad de la investigación agropecuaria.

Por su parte, Girard, advirtió que “la gran mayoría de las actividades vinculadas al mercado interno y a los sectores productivos muestran una caída que parece no tener fin”. Indicó que varios indicadores económicos se ubican en niveles equivalentes a los registrados durante la pandemia. Frente a este panorama, informó la puesta en marcha de un plan de desendeudamiento para jubilados, que prevé una exención de deudas retroactivas de hasta cinco años para más de 17.000 personas, con un monto total de $798 millones. Además, detalló medidas paliativas para pymes y monotributistas, como la eliminación de retenciones para más de 1,5 millones de monotributistas, la devolución de $1 billón en saldos a favor y la reducción del universo de agentes de recaudación, lo que beneficiará a más de 8.700 pequeñas empresas. También destacó el nuevo Régimen Riesgo 0, que permitirá alícuotas mínimas para cerca de 12.000 PyMEs y la reducción de patentes para el 75% de los vehículos.