La localidad cordobesa de Toledo atraviesa una fuerte controversia política e institucional tras la aprobación de una ordenanza que modifica el cálculo de las dietas de concejales y miembros del Tribunal de Cuentas. La medida, votada sobre tablas en el Concejo Deliberante, generó un duro cruce entre el intendente Sergio Marín y los ediles, en medio de acusaciones cruzadas, dudas sobre la redacción del texto y la posibilidad de un veto e incluso una judicialización.
La iniciativa fue aprobada el martes por la noche con cinco votos a favor y dos en contra, sin tratamiento previo en comisión. El eje del conflicto se centra en el artículo 5 de la ordenanza, que establece que la dieta mensual será equivalente al 2% del presupuesto total del municipio, estimado en unos 7.400 millones de pesos.
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A partir de esa fórmula, el Ejecutivo municipal realizó un cálculo que encendió la polémica: cada concejal y miembro del Tribunal de Cuentas podría percibir alrededor de 12,3 millones de pesos mensuales. “Hicimos el cálculo que da la fórmula que aplicaron y el monto es ese. La verdad que no salimos del asombro”, afirmó Marín e diálogo con La Voz, quien además cuestionó el contexto económico en el que se aprobó la medida.
El intendente también criticó la forma en que se trató el proyecto. “Es un despropósito. Se trató sobre tablas, sin aviso al Ejecutivo, cuando hay obras importantes que siguen sin discutirse”, sostuvo.
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En esa línea, advirtió que avanzará con el veto de la ordenanza y no descartó recurrir a la Justicia si el Concejo insiste con su aplicación. “Si no hay marcha atrás, vamos a plantear su inconstitucionalidad”, remarcó.
Además, el jefe comunal apuntó contra los concejales que acompañaron la medida, incluidos representantes de La Libertad Avanza. “Llama la atención que hablen de anticasta y aprueben algo así en este contexto”, cuestionó.
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La respuesta del Concejo: “Es una mala interpretación”
Desde el Concejo Deliberante rechazaron de plano la versión del intendente y aseguraron que existe una interpretación errónea —o malintencionada, según denunciaron— del texto aprobado.
El concejal Marcelo Márquez explicó al Doce TV que el monto mencionado por el Ejecutivo no corresponde a cada funcionario, sino a un total global que debe dividirse entre diez cargos: siete concejales y tres integrantes del Tribunal de Cuentas.
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“Ese es el monto total a repartir. Da poco más de un millón de pesos por persona, y con descuentos queda en unos 830 mil pesos para cada concejal”, detalló. No obstante, reconoció que la redacción del artículo puede prestarse a confusión y adelantó que impulsarán una modificación para aclararlo.
“Vamos a ampliar ese punto para que quede explícito cómo se aplica el cálculo. Un municipio como Toledo no podría pagar jamás 12 millones por concejal”, afirmó.
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En el mismo sentido se expresó la presidenta del cuerpo legislativo, Ivana Toledo, quien aseguró que la normativa vigente —en particular la Ley 8102— impide que los ediles perciban cifras de ese nivel.
“Jamás cobraríamos ese monto porque la ley no lo permite”, sostuvo. Además, señaló que la ordenanza surgió a partir de un acuerdo previo con el Ejecutivo para regularizar las dietas, e incluso afirmó que el propio intendente había solicitado una actualización de su salario. “Debe estar cobrando cerca de 5 millones por todo concepto”, indicó.
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La dirigente fue más allá y acusó al jefe comunal de generar intencionalmente la polémica. “Esto es una trampa del intendente para difamarnos y generar una mala interpretación”, lanzó.
Un conflicto abierto
La controversia no solo expuso diferencias técnicas sobre el cálculo de las dietas, sino también una fuerte tensión política en una localidad de entre 5.000 y 6.500 habitantes, con recursos limitados y un presupuesto acotado.
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Mientras el intendente insiste en que la redacción actual habilita sueldos millonarios y avanza hacia el veto, desde el Concejo aseguran que se trata de un error subsanable y que corregirán el texto para evitar interpretaciones ambiguas.
En ese contexto, el conflicto sigue abierto y podría escalar en los próximos días si no se alcanza un acuerdo político.
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