Rogelio Frigerio impulsa una reforma previsional en Entre Ríos para aliviar la principal causa del déficit

El Gobierno de Rogelio Frigerio inició una serie de reuniones con gremios estatales y la oposición para empezar a discutir la reforma previsional en la provincia de Entre Ríos. El foco está en el déficit estructural del sistema, un problema que todos los gobiernos provinciales han señalado, pero ninguno abordó.

En el mientras tanto, el rojo en las cuentas del organismo previsional crece. Aunque se efectuaron ajustes que permitieron una reducción significativa, el monto mensual continúa alto y se mantiene en el orden de los $30.000 millones.

Ese saldo negativo debería ser financiado en parte por la Nación. Esta situación deriva del acuerdo bilateral por no haber transferido el sistema previsional en los años ’90, cuando la provincia de Entre Ríos, al igual que otras jurisdicciones, se hizo cargo de la transferencia de servicios de educación y salud por parte del Estado federal sin recibir una contrapartida proporcional en recursos. Esto originó un desequilibrio estructural en las cuentas públicas.

La compensación nacional ha llegado de forma irregular o no ha existido. Por esa razón, Frigerio decidió iniciar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Reclama unos $154.000 millones a valores históricos.

A la par, las negociaciones políticas permitieron que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fuera autorizando la transferencia de fondos. Por ejemplo, el último entendimiento pactado fue por un total de $48.000 millones en cuotas.

En qué se centrará la reforma

Los puntos centrales de la propuesta oficial son mantener para el jubilado un haber del 82% sobre el bruto que percibe el activo. Esta garantía constituye una de las conquistas de los agentes públicos y representa un capital que la sociedad entrerriana considera propio, ya que ha sido defendida como un derecho adquirido ante avances restrictivos en el pasado.

Las modificaciones se proyectan en dos dimensiones: la edad jubilatoria y los regímenes especiales.

En la provincia, una mujer que trabaja para el Estado provincial puede retirarse a los 57 años y un varón a los 60. En el sector privado o para agentes del Gobierno nacional, los requisitos son 60 y 65 años, respectivamente.

Esa es la norma general. Sin embargo, las docentes pueden jubilarse a los 52 años y sus colegas varones a los 54, siempre que cumplan requisitos específicos en cuanto a años de servicio y desempeño frente al alumnado.

Los borradores de la reforma proponen que la variación de la edad sea progresiva y, en principio, no alcance ni a quienes ya cumplen condiciones para jubilarse ni a quienes les queda poco tiempo de servicio.

En la provincia, el nivel de aporte que hacen los trabajadores activos para sostener el sistema es alto, aproximadamente el 19 % del bruto. A pesar de ello, las contribuciones de 120.000 agentes en actividad y del Estado como empleador no alcanzan para cubrir los haberes de 65.000 pasivos.

Las negociaciones

El Gobierno ha puesto en marcha conversaciones con los gremios estatales y la oposición en torno a la modificación de la legislación previsional. Si bien Frigerio cuenta en la Legislatura con los votos para aprobar la reforma, apunta a preservar una base de consenso que evite una escalada hacia una crisis política.

El propio Frigerio lideró los encuentros donde el oficialismo detalló sus intenciones. Las reuniones comenzaron con los sindicatos y posteriormente sumaron al peronismo a través de sus representantes legislativos. En el último encuentro, participaron diputados y senadores provinciales, tanto oficialistas como opositores.

Durante esa reunión, Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, adelantó que 2026 será el año “clave” para la reforma: “La ley que resulte de este proceso tiene que ser lo más completa posible”. La expectativa está puesta en que el sistema empiece a percibir los beneficios “dentro de algunos años”.

Bagnat también anunció que dentro de la semana se enviará el borrador del texto que el Gobierno pretende impulsar. Paralelamente llegará a gremios y legisladores: “La puerta queda abierta para todas las devoluciones, sugerencias o medidas alternativas que puedan surgir”, indicó.

Por su parte, Víctor Sanzberro, senador justicialista, expuso tras el encuentro: “El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”.

Además, planteó: “Algo hay que hacer con el déficit previsional. En eso coincidimos todos. Pero primero debemos contextualizar con precisión por qué ya no hay margen para atenderlo como antes”.

En tanto, Rafael Cavagna, su par radical, sostuvo: “Es una decisión encarar una discusión de estas características. Los resultados de una reforma previsional no se ven en el corto plazo ni necesariamente en esta gestión. Pero alguien tiene que empezar a ordenar el sistema para garantizar su sustentabilidad en el tiempo”.

Los gremios, por otra parte, anticiparon su rechazo ante estas intenciones gubernamentales. El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Entre Ríos), Oscar Muntes, manifestó: “El ajuste no debe pasar por los trabajadores”. A su vez, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), expresaron: “No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derechos para activos y jubilados”.