Piqueteros y gremios volverán a marchar el viernes al Congreso: el megaoperativo que prepara el Gobierno

Una movilización que se prevé masiva y un fuerte operativo policial ante la inminente sanción de la reforma laboral configuran el escenario para el viernes 27 de febrero, cuando el Senado trate el proyecto de Reforma Laboral que probablemente se convierta en ley. La pregunta que circula entre organizadores y sectores políticos es si, durante el debate en el recinto, afuera los manifestantes protestarán de manera pacífica o se repetirán los incidentes graves de las dos convocatorias anteriores.

Marcha y tensión

El Congreso volverá a ser epicentro de una protesta heterogénea compuesta por sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones piqueteras, partidos de izquierda y sectores ultras. Las columnas comenzarán a concentrarse en las inmediaciones del palacio legislativo desde el mediodía para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El foco de la movilización será la Plaza Congreso, donde se desplegará un dispositivo de seguridad especial y se aplicará el protocolo antipiquete.

La convocatoria es encabezada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Polo Obrero, Libres del Sur y el Frente Unidad Sindical, entre otros. Además, se suman sindicatos como Seguro, Vidrio, UPCN, Sanidad, Bancaria, Aceiteros y SIPREBA, así como agrupaciones de jubilados y universitarios. Los organizadores esperan superar la asistencia de las movilizaciones previas, que no alcanzaron la masividad deseada.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, reforzará el vallado en la zona del Congreso y Plaza de Mayo y replicará el operativo implementado la semana pasada, cuando se registraron enfrentamientos graves entre fuerzas federales y manifestantes encapuchados. Se utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes.

Nicolás Caropresi, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), reconoció: “Ahora estamos viendo que hay detenidos casi con cada movilización que hay. El proceso de movilización lógicamente se ve resentido por eso”.

La reforma laboral —uno de los proyectos centrales del Gobierno— recibió la semana pasada media sanción en la Cámara de Diputados con 135 votos afirmativos y 115 negativos, tras un extenso debate. El oficialismo accedió a retirar el polémico artículo 44, vinculado al régimen de licencias médicas, para facilitar la aprobación. La oposición intentó modificar otros capítulos, pero el diputado Lisandro Almirón, miembro informante, bloqueó cada uno de los cambios propuestos durante la votación nominal de los 26 capítulos de la norma. Ahora el texto vuelve al Senado, que podría transformarlo en ley el viernes.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, publicó: “La semana que viene, todas las centrales sindicales, movimientos populares, movimientos estudiantiles, organizaciones políticas y el pueblo en su conjunto, a copar el Congreso y todas las calles del país”.

En la convocatoria oficial, la organización sostuvo: “Este viernes inundaremos las calles en el Congreso y en todo el país para repudiar la reforma laboral regresiva del gobierno de Milei. Hablan de modernización pero nos llevan al medioevo laboral. Hablan de formalización pero son una fábrica ininterrumpida de pobreza y desocupación. No habrá paz social mientras no haya Justicia Social en Argentina”.

El debate sobre la cantidad y la fuerza de las movilizaciones atraviesa a todo el campo popular. Referentes sociales atribuyen la caída en la masividad tanto a la crisis económica como al endurecimiento de los controles y la represión estatal. Caropresi detalló a Infobae: “El gobierno hace alarde de haber frenado la movilización de las organizaciones, lo cual ya de por sí es una mentira. Las movilizaciones han seguido, los movimientos sociales han seguido de manera activa confrontando contra este gobierno. Sí es cierto que hay un nivel de violencia frente a esa protesta, que hace difícil mantener algunos cortes o algunos reclamos en pie si no es respetando algunas de las cuestiones del protocolo, y a veces ni siquiera respetando el protocolo, porque nos ha pasado que muchas veces ni siquiera han dejado reclamar frente a edificios públicos“.

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, señaló: “El plan de Javier Milei es descarado. Su objetivo es destruir la industria, la ciencia, la tecnología y todo lo que implique un desarrollo soberano del país. El nivel de crueldad lo demostró con todos los que necesitaban ayuda, los discapacitados, los jubilados y la gente que necesita un plato de comida. El retroceso que significa desconocer la jornada laboral de ocho horas, no pagar horas extras, muestra que es vergonzoso su accionar y que tenga el consenso para avanzar en ese sentido”.

Sobre la falta de masividad en las últimas marchas, Saravia agregó: “Mucha gente está tratando de sobrevivir y el nivel de inestabilidad y la crisis que estamos viviendo hace que no sea tan sencillo organizarse y faltar al trabajo, o dejar pasar una changa. Si faltás, no cobrás, y en el caso del trabajo registrado te descuentan el día. También vemos que hay intimidación. Eso no es de ahora, se viene haciendo desde que asumió Milei. Denuncias truchas, allanamientos muy violentos, y movilizarse desde la provincia a Ciudad se hace difícil, porque en las estaciones de tren hay retenes de la policía revisando, pidiendo identificación. Hay un proceso de intimidación importante”.

La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de caída del empleo formal y cierre de empresas, como FATE. El Gobierno destaca la baja de la inflación y sostiene que la reforma apunta a reducir la informalidad y promover el empleo registrado, aunque las centrales sindicales y organizaciones sociales advierten sobre un retroceso de derechos y la “falsedad de esos argumentos”.

La jornada de protesta coincide con el cierre de las sesiones extraordinarias y la antesala de la apertura del periodo ordinario del Congreso. El domingo 1° de marzo, a las 21, el presidente Javier Milei volverá a pararse ante los 257 diputados, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel para inaugurar el período ordinario de sesiones. Será su tercera apertura. El contexto es favorable para La Libertad Avanza. Si durante esta semana no ocurre ningún vendaval político ni un imprevisto de último momento, Milei llegará al recinto después de cumplir los tres objetivos trazados para las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero. Consiguió la aprobación del Presupuesto, algo que Argentina no lograba desde hacía dos años fiscales, y entre jueves y viernes el Gobierno se encamina a sancionar la baja de la edad de imputabilidad —nuevo régimen penal juvenil— y la reforma laboral. Dos reformas que durante años fueron rechazadas de plano por el peronismo y que hoy avanzan en el gobierno libertario.