
El Gobierno trabaja a destajo para darle media sanción a uno de los proyectos de ley que manejó con el mayor silencio posible, pero que es fundamental para el plan que busca llevar adelante. En menos de 24 horas el Senado de la Nación debatirá la modificación de la ley de glaciares y hoy está al límite con los votos que necesita para poder avanzar.
“Es uno arriba, uno abajo, no sobra nada”, explicó un senador que va a votar en contra del proyecto mientras en las salas de los bloques se suceden las reuniones en busca de un consenso que no parece aparecer.
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El bloque libertario está encolumnado en su totalidad, pero son solo 21 votos sobre 37 que son los que necesita para poder conseguir el quórum y la media sanción. El problema es que los socios que acompañaron hasta ahora muestran fisuras, lo que podría convertir al proyecto en el cisne negro de las extraordinarias.
De los bloques que actúan como satélites del oficialismo no están todos los votos. A esta hora, solo 4 de los 10 senadores de la UCR están dispuestos a apoyar el proyecto. A estos senadores se les sumaría 1 del PRO, los 3 de Convicción, 2 del Frente Renovador de La Concordia Social, 1 de La Neuquinidad, 1 de Primero los Salteños y 1 del bloque Independencia. Y la novedad es que a este grupo se le sumarán dos exgobernadores del kirchnerismo: Sergio Uñac de San Juan y Lucia Corpacci de Corrientes, dos provincias mineras.Con estos números el oficialismo cuenta con 36 votos, por lo que está buscando apoyos en otros sectores.
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La tercera senadora por el peronismo que se podría sumar por su procedencia geográfica es la sanjuanina Celeste Giménez. Sin embargo, altas fuentes de La Cámpora señalaron a Infobae que la legisladora seguirá las directrices partidarias que señalaron que el proyecto “es malo”.
“Aparecen algunos que se pueden inmolar, pero el proyecto es malo y les está costando conseguir el acompañamiento. Esto pone en riesgo un montón de inversiones y es lo que se pone sobre la mesa a la hora de negociar”, indicaron.
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El proyecto de modificación de la ley de glaciares es fundamental para las inversiones mineras que el Gobierno planea que atraiga el RIGI y que lleguen a la Argentina. Pero para eso señalan que es necesario modificar la protección actual de los glaciares.
“Si van al recinto es porque tienen los votos. Es cierto que les está costando más de lo que esperaban, pero creo que tienen el número”, señaló un radical que no acompaña el proyecto.
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El proyecto tiene como eje que cambia el criterio de protección de los glaciares desde un enfoque científico y uniforme a uno determinado políticamente por cada provincia, lo que implica una mayor discrecionalidad local y una menor tutela ambiental a nivel nacional.
Además, elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial, lo que, según organizaciones ambientalistas, debilita la protección ambiental y favorece la actividad minera.
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Otro punto clave es que habilita la realización de proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares y ambientes periglaciales, siempre que las provincias determinen que no afectan reservas estratégicas de agua.
Críticas de organizaciones ambientales y especialistas advierten que el proyecto es inconstitucional por debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos en la Constitución Nacional, y que “pone en riesgo la protección uniforme de los glaciares en todo el país”. También señalan que la iniciativa responde a presiones de provincias con intereses mineros y que la reforma podría provocar la destrucción de reservas estratégicas de agua dulce.
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